La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ya ha dejado los dos apartahoteles de lujo propiedad de Kike Sarasola en los que se hospedaba desde el pasado 16 de marzo. Notable ha sido la polémica generada por su estancia y muchas son las dudas que aún planean, pero Ayuso no parece por la labor de solventarlas.

El punto álgido de la controversia se alcanzó cuando se publicó en la web de contrataciones de la Comunidad de Madrid un contrato adjudicatario a Room Mate, la empresa de Sarasola, por valor de más 565.000 euros. Acto seguido, y tras trascender a los medios de comunicación, el Gobierno regional lo atribuyó a un “error” y lo sustituyó por otro a la Coordinadora Tercer Sector por un montante total del orden de 240.000 euros. Los metadatos del contrato revelan que este documento fue creado con nocturnidad, sobre las 23:59 horas de la noche; y la propia Coordinadora ha denunciado un “mal funcionamiento” de la administración, desmintiendo incluso que se cobrara tal cuantía: “No nos han pagado… Todo lo estamos adelantando nosotros y no vamos a percibir ni de lejos ninguna de las cantidades que se han reflejado en los contratos”.

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid afirmó que su estancia no supondría perjuicio alguno para las arcas públicas y que sería costeado por el bolsillo de a propia Ayuso. Eso sí, por el módico precio de 80 euros la noche, cuando lo habitual hubiera sido 200. Un sobresaliente descuento del que no se beneficia el común de los mortales.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Gobierno regional a fin y efecto de saber si tenían la intención de hacer públicas las facturas, pero no se ha obtenido respuesta a pesar del plazo razonable de 24 horas.

Por otro lado, fuentes de Más Madrid consultadas por ElPlural.com han informado de que la formación ha pedido “muchas cosas” para fiscalizar la estadía de Ayuso, pero “la mesa deniega todo porque dicen que ‘es personal’”.

“Hemos pedido todo”, dicen sobre si han solicitado las facturas, “pero ni siquiera pasa por la mesa porque dudan de que sea por control al Gobierno”. No obstante, “seguiremos intentándolo”, dicen en Más Madrid.

Opacidad, la seña de identidad

La Coordinadora Tercer Sector ha pedido personarse en la investigación que anunció Ayuso para dilucidar qué había ocurrido con el contrato a Sarasola, que era “inexistente”, según la presidenta regional.

Tercer Sector denunció a través de un comunicado que “no se ha aceptado aún nuestra solicitud de personación para que se aclare el uso no adecuado de nuestros datos por parte de la Comunidad de Madrid”.

En consecuencia, anunciaron que en caso de “no admitirla, nos obligará a tener que acudir a la jurisdicción ordinaria”. “Pedimos responsabilidad y transparencia al Gobierno”, sentenciaron.