La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció, en plena polémica desata por el apartahotel de Kike Sarasola, la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido con el “error” cometido por el Secretario General Técnico de Políticas Sociales. Tras las pesquisas, Ayuso ve posible delito de falsificación de documento público, según desvela Vozpópuli. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo regional contradicen a Presidencia.
Cabe señalar que la Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyero (Ciudadanos), dio carpetazo al asunto con una investigación cuya conclusión final fue la admisión de “un error humano de carácter administrativo” de una funcionaria. Sin embargo, desde Presidencia, según desvela el citado medio, se mantiene una investigación paralela para precisar lo ocurrido.
Desde Presidencia señalan, una vez más a Alberto Reyero, y deslizan la existencia de “poca colaboración” por parte del Consejero de Políticas Sociales, uno de los principales escollos de la accidentada relación entre PP y Ciudadanos desde que se desató la pandemia.
“Que acuda a los tribunales”
Esta investigación promete ampliar la brecha existente entre los dos socios de gobierno en la Comunidad de Madrid. Fuentes del Ejecutivo regional consultadas por ElPlural.com han insistido en que “nunca ha habido un contrato” y se han remitido a la investigación abierta por Políticas Sociales.
“El error se produce cuando se rellena mal una ficha”, declaran las citadas fuentes gubernamentales a este periódico. “La consecuencia de la investigación fue la dimisión del máximo responsable de publicar, por error, una ficha en el portal de contratación”, explican desde el Ejecutivo.
Sin embargo, en caso de que la idea de un posible delito de falsedad documental siga rondando por la cabeza de Ayuso, citadas fuentes han instado a la presidenta regional a “acudir a los tribunales” en el caso de que “vea algún indicio”.
