La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha descartado que puedan producirse ceses por la gestión de las residencias en la autonomía, tanto de directivos de las mismas como de consejeros de su Ejecutivo, si llega a demostrarse que ha habido "negligencias".
Así lo ha indicado en una videconferencia con periodistas, tras la reunión que mantienen los domingos los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras estallar la crisis del coronavirus.
La génesis del conflicto
Ayusó retiro la potestad de los centros de mayores al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), por solicitar la ayuda del Ejército para labores de desinfección. Desde entonces, el consejero naranja lamenta que no se estén realizando tests masivos y ha denunciado que no se ha procedido a la medicalización de los centros al que se comprometió hace mas de un mes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Días después, en una entrevista en La Ventana de Madrid (Cadena SER), Reyero censuró que se enviara personal sanitario a otras comunidades autónomas cuando no hay personal médico en las residencias madrileñas: “No entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice para reforzar nuestro personal sanitario en las residencias”.
Reyero, además, lamentó que las residencias continuaran sin medicalizarse y no se realizaran tests masivos. A su juicio, el hecho de que la cifra de decesos confirmados en residencias no varíe desde hace una semana (781 fallecidos) es el mejor indicador de que las pruebas no se están realizando.
El consejero de Justicia, Enrique López (PP), también en la Cadena SER, desmintió a a Reyero. Asegura que sí se están realizando tests (aunque no precisa cuántos ni en qué residencias) y que el dato de 781 muertos en residencias "será un error" de la consejería de Política Sociales. Asimismo, López argumenta que hay 250 centros medicalizados: “Es una cuestión de criterio”.
