Tras conocerse que el empresario Kike Sarasola envió un vídeo a sus empleados en el que les reprende debido a que varios de ellos han rehusado reincorporarse al trabajo tras un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), han salido a la luz detalles que podrían comprometer la veracidad del mensaje.

El empresario explica que han cerrado un hotel en México y que la empresa ha ingresado “cero” durante los meses de pandemia. La justificación que el CEO de Room Mate ponía a sus empleados tras conocer que hay varios de ellos que han puesto excusas para salir del ERTE y reincorporarse al trabajo.“Mi sorpresa llega cuando RRHH me informa de que, cuando estamos llamando a la gente para que se reincorpore a su trabajo para generar ingresos y poder pagar, están poniendo excusas. Que si están de vacaciones, que si están en la playa, que si les viene mal…”, decía Sarasola.

No obstante, la afirmación de Sarasola no es cierta. Tal y como aseguraban personas como Rubén Sánchez, el empresario sí ha tenido ingresos durante la pandemia. Concretamente los dos apartamentos que la presidenta de la Comunidad de Madrid usó durante el confinamiento en los cuales la dirigente ha desembolsado 80 euros diarios por su estancia. Un total de 4.800 euros por dos meses de estancia que incluían "aparcamiento, seguridad, un salón en otro apartamento para trabajar, limpieza…”, tal y como aseguraba el propio Sarasola.

No han sido los únicos ingresos de Room Mate

Al margen del paquete arrendado por Ayuso y del bajo precio que abona por los servicios de los que se beneficia, el escándalo se volvió mayúsculo después de que en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid apareciera un contrato adjudicado a dedo y por vía de urgencia que abonaba más de medio millón de euros (565.179,64 euros) por la medicalización de los dos siguientes establecimientos: Hotel Room Mate Alicia sito en la calle del Prado nº 2-MADRID (34 habitaciones) y Hotel Room Mate Alba sito en la calle de las Huerta nº 6-MADRID (80 habitaciones).

Tras la publicación del contrato, que se trata de una contratación presuntamente realizada siguiendo un régimen excepcional previsto por el artículo 120 LCSP que, sin embargo, desapareció del contrato de modificación. El documento original, visible hasta su modificación en la web pública, establecía que Room Mate era la empresa beneficiaria de una adjudicación de medio millón de euros por para la “contratación de puesta en marcha y funcionamiento de hoteles como espacios de uso residencial de mayores, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, dentro de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de coronavirus (Covid19)”.

Tras el revuelo generado, el Gobierno madrileño, después de explicar que se trataba de un error, colgaba un contrato por valor de 240.444,57 euros adjudicado a la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid.

Un contrato no exento de polémica

Según ha informado la Cadena SER, el asunto va más allá. Los metadatos del documento definitivo revelarían que el contrato creado en segunda instancia fue elaborado a las 23:59hrs. y previa llamada del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Coordinadora Tercer Sector para contar con su firma electrónica.

Pero esto no es todo, ya que la Coordinadora del Tercer Sector ha desmentido al Gobierno regional asegurando que no percibirán, “ni de lejos, las cantidades que se han reflejado en los contratos”. “Constatamos un funcionamiento inadecuado del aparato administrativo de la Secretaría General Técnica de esa Consejería y pedimos que ese órgano asuma su responsabilidad por el daño a nuestro trabajo e imagen”, sentencian.