La Comunidad de Madrid destinará un millón de euros al año para pagar a 73 capellanes que atenderán la asistencia religiosa en los hospitales madrilños, según un convenio alcanzado entre la Consejería de Sanidad y la Provincia Eclesiástica de Madrid.
El acuerdo, publicado en el BOCAM el pasado 6 de julio, invoca a la Constitución Española y a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para "reconocer, proteger y posibilitar el ejercicio garantizado constitucional, legal y convencionalmente, del derecho a la asistencia religiosa de los enfermos católicos y sus familiares o allegados en los centros hospitalarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud".
Por tanto, el acuerdo establece que en los hospitales con hasta 100 camas habrá un capellán a tiempo completo y cuando la capacidad hospitalaria esté entre 100 y 250 camas, siempre habrá un capellán a tiempo completo y otro a tiempo parcial. Si por el contrario el hospital cuenta con 251 a 500 camas, tendrá que haber 2 capellanes a tiempo completo más otro a tiempo parcial. Para los hospitales grandes comprendidos entre 501 y 800 camas habrá 3 capellanes a tiempo completo. Si por el contrario es de más de 800 camas hanrá entre 3 a 5 capellanes con horario completo.
937.187,76 euros al año
La Comunidad de Madrid fija el contrato en cuatro años, aunque se podrá prorrogar "por períodos bienales hasta un máximo de cuatro años adicionales". Es decir, en el mejor de los casos los casos el contrato está vigente hasta 2028.
La Consejería de Sanidad pagará de 937.187,76 euros al año por el servicio prestado por los capellanes (14.967,29 euros anuales por cada capellán a tiempo completo y 7.574 euros para los contratados a tiempo parcial). Además, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica "podrá formar parte del Comité de Ética y de los Equipos de Cuidados Paliativos de acuerdo con la normativa que los regule, sin suponer injerencia en las actuaciones del equipo sanitario y en todo caso con respeto a la voluntad de los pacientes".
Por su parte el Servicio Madrileño de Salud se comprometea "proporcionar la información adecuada al personal para que el mayor número de pacientes y familiares estén informados de la existencia de esta asistencia religiosa", una obligación de información que se amplía a la instalación de "carteles informativos colocados en los lugares destinados al efecto".
