Gobierno y Conferencia Episcopal mantuvieron un encuentro alejado del foco mediático durante la pasada semana. La reunión, al menos desde Vicepresidencia del Gobierno, resultó fructífera al señalar que existe un acuerdo entre ambas partes y aclarar que en septiembre se retomarán las conversaciones sobre la fiscalidad de la Iglesia y sus bienes inmatriculados, según avanzó eldiario.es.
Sin embargo, el comunicado de los obispos se alejó de la versión que aportó el Ejecutivo de la Nación. “Compartimos la oportunidad de poner en marcha las conversaciones en torno a algunas cuestiones económicas en el próximo mes de septiembre”, reflejaba el escrito. Además, expresaron su “preocupación” por motivos de índole educativa y antropológica.
La Conferencia Episcopal ha evidenciado su desasosiego de cara a la reforma de las leyes de Educación y la más que posible aprobación del texto que regule la eutanasia en España. Y es que el Ejecutivo no negociará con los obispos sobre estas dos cuestiones debido a que no les considera interlocutores válidos.
En el citado encuentro participaron el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo, la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello y responsables económicos de la institución, como Fernando Giménez Barriocanal.
Carmen Calvo quiso evidenciar que la Iglesia y no es una interlocutora privilegiada en cuanto a cuestiones sobre libertad religiosa. Se pretende equiparar ‘por abajo’ a todas las religiones con la excepción de no incidir en los acuerdos entre la institución y el Estado. El Ejecutivo planea reformas que caminan en la dirección de una nueva fiscalidad.
El Gobierno busca la reforma de la Ley de Mecenazgo de 2002 con le fin de que la Iglesia abone el IBI de sus inmuebles cuyo fin no esté destinado al culto. Los obispos no cuestionan en demasía este punto, aunque el principal problema resulta de la falta de transparencia al dirimir cuáles son los bienes de la Iglesia y su uso real.
Existen propiedades en los obispados de todo el país cuyo usufructo tiene fines lucrativos, como el alquiler de pisos o garajes, por lo que en estos casos deberían pagar el impuesto de bienes e inmuebles, algo que no hacen. La Iglesia sentencia que con los fondos surgidos de éstos se financian todo tipo de actividades de culto, aunque el Ejecutivo no lo ve así.
Las inmatriculaciones
A la vuelta de vacaciones ambas partes también debatirán sobre las polémicas inmatriculaciones de la Iglesia durante el periodo comprendido entre 1998 y 2015, pues podrían superar las 35.000 propiedades. Según eldiario.es, es posible que el Ejecutivo publique el informe del Colegio de Registradores, lo que daría pie a reivindicar su titularidad frente a la inmatriculación.
Sobre esto, los obispos han mostrado absoluta tranquilidad y se han abierto a la posible devolución de los mismos si se demostrara su adquisición de forma fraudulenta.
