La cruzada del PP contra la ley de amnistía ya ha comenzado de forma oficial a nivel parlamentario. Después de impulsar sendas manifestaciones contra esta norma, que finalmente ha sido registrada este lunes, los populares han hecho valer su poder en el Senado y han avalado definitivamente su reforma del Reglamento. Una iniciativa que pretende retrasar la aplicación de la legislación acordada entre el PSOE con las formaciones independentistas catalanas y el resto de sus socios con una novedad: forzar las comparecencias del Gobierno. Con mayoría absoluta, el PP ha presentado, tramitado y aprobado la propuesta de modificación, a la que el pleno le ha dado luz verde este martes, a escasas horas del debate y votación de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso y con el objetivo de alargar los tiempos de su puesta en marcha cerca de dos meses.
El PP aprueba la reforma del Reglamento del Senado
Este martes el Pleno del Senado ha dicho "sí" a la reforma del Reglamento planteada por los de Alberto Núñez Feijóo para intentar dilatar al máximo la ley de amnistía. El Partido Popular ha hecho gala de su fuerza parlamentaria en la Cámara Alta -donde tienen mayoría absoluta- así como de su rapidez de gestión. Y es que esta iniciativa ha sido anunciada y presentada por los de Alberto Núñez Feijóo hace tan solo dos semanas y ha afrontado su primer trámite el pasado miércoles con su toma en consideración. Ahora, después de que este lunes la Comisión de Reglamento haya avalado esta propuesta, la Cámara ha dado luz verde de forma oficial a esta modificación, que se ha tramitado de forma exprés. Todo para anticiparse a que la norma salga del Congreso de los Diputados.
Los 144 senadores del PP han votado a favor de la proposición para cambiar las reglas que hasta ahora regían en el Senado. Los populares apuestan por que la Mesa tenga la potestad de decidir aplicar o no el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley, formato en la que el PSOE ha registrado la amnistía en las últimas horas del lunes. A solo tres minutos del cierre del registro. Con esta nueva fórmula, el Senado podrá retrasar la polémica ley de los 20 días establecidos hasta el momento hasta cerca de dos meses. Ahora el siguiente paso es que se abra un plazo de enmiendas y posteriormente someterlo a Pleno para su aprobación definitiva, para lo que no parece que vaya a haber ningún tipo de escollo gracias a la mayoría absoluta de los pájaros azules.
Retrasar la ley de amnistía
Desde el mismo momento en el que se conocía los términos en los que los independentistas negociaban su apoyo a la candidatura del secretario general del PSOE, el Partido Popular ya anunció que iba a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho a su alcance para frenar la ya llamada ‘Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña', que tilda de "inconstitucional", "inmoral" y "un fraude" a los electores, dado que no estaba en los programas electorales y no ha sido votada por los españoles. Así, a parte de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional en el momento en el que la norma se apruebe, tal y como ha advertido Feijóo, la formación va a recurrir a más movilizaciones en la calle -como la del domingo en Madrid- al tiempo que también va a hacer uso de la vía parlamentaria.
En concreto, su propia propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara Alta modifica el artículo 133, un punto que recoge que en los proyectos de Ley declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja el Senado cuenta con un plazo de 20 días naturales para ejercitar sus facultades. Asimismo, también señala que la Mesa -ya sea de oficio, a propuesta directa de un grupo parlamentario o de un grupo mínimo de 25 senadores-, podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia en las proposiciones de Ley. Pero en la reforma se apela a que en el artículo 90 de la Constitución se refiere explícitamente a los proyectos "pero no a las proposiciones de ley", una literalidad que dicen "no es casual sino fruto de la voluntad de los constituyentes".
Forzar las comparecencias del Gobierno
Además, ese mismo artículo también establece que la tramitación de los proyectos de ley que vienen del Congreso, como es el caso de la ley la amnistía, no pueden exceder los dos meses en el Senado desde su entrada en esta Cámara, si se acaban haciendo por procedimiento ordinario, mientras el artículo 106 del Reglamento del Senado también recoge este plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, para aprobarlo expresamente o para oponer su veto introducir enmiendas al mismo y devolverlo al Congreso. "El objeto específico de esta reforma reglamentaria no es otra que la de ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado", explican en la exposición de motivos.
Pero junto a esto, los de Feijóo también han aprovechado su mayoría para incluir un apartado en la legislación a través del cual podrán forzar a los miembros del Gobierno a comparecer cuando se lo soliciten los grupos parlamentarios. Tanto el presidente del Ejecutivo como los ministros podrán ser llamados a declarar en el Senado siempre que las fuerzas políticas de la cámara lo pidan. En concreto, el PP ha incorporado este planteamiento a través una enmienda a su propia propuesta para incluir un apartado nuevo que especifique que los titulares y el jefe del Gobierno estarán obligados a comparecer en el Senado cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores. Una novedad añadida una vez cuatro ministros rechazaron acudir al Pleno de la pasada semana.
El PSOE apela al Constitucional
Esta revisión no ha gustado al otro lado del hemiciclo. Tanto el PSOE como sus socios de investidura han mostrado su desacuerdo con el fondo y con la forma de la modificación. La portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, ha anunciado que el grupo parlamentario va a recurrir al Tribunal Constitucional en el caso de que finalmente se acabe aprobando esta reforma. Además, la dirigente ha denunciado la rapidez con la que la han llevado al Pleno, incluso cuando esta iniciativa no se había publicado ni admitido a trámite. De hecho, Granados ha criticado que con este ritmo los grupos no podían hacer propuestas alternativas a esta proposición. Los de Feijóo incluso podrán utilizar su mayoría para pedir al Consejo General del Poder Judicial un informe en contra de la amnistía.
Los socialistas -junto a ERC, EH Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Sumar- elevaron un escrito a la Mesa del Senado para que reconsiderara la forma de tramitación de esta reforma, censurando la agilidad en los plazos y advirtiendo de una "grave infracción reglamentaria". Esta petición finalmente fue rechazada y la reforma ha seguido su trámite. Por su parte, los populares han cargado contra el PSOE. Javier Maroto -senador y vicepresidente del Senado- ha lamentando que "simplemente por respeto" a los servicios jurídicos de la Cámara Alta no deberían calificar de inconstitucional esta propuesta. "Si hubiese visos palmarios de inconstitucionalidad, los letrados no hubiesen permitido semejante calificación", ha reprochado para insistir en que los de Sánchez "se equivocan".
