La colaboración con la Justicia tiene sus beneficios. La Fiscalía Anticorrupción ha revocado la extradición que se había pedido para uno de los directivos del Canal de Isabel II que había sido detenido en Colombia. La razón está en que Diego García Arias ha empezado a colaborar con la investigación y ha delatado a los cuatro implicados que, junto a él, habrían cobrado comisiones por el pelotazo de la compra de Emissao, la empresa brasileña que está en el centro del caso Lezo.

García Arias fue durante cinco años gerente de Expansión y Nuevos Negocios de Inassa, la versión sudamericana del Canal de Isabel II y ha pactado con los fiscales de España y Colombia la revelación de las comisiones a cambio de permanecer en aquel país y no ser enviado a España, tal y como informa El Confidencial.

García Arias ha decidido revelar los datos de las empresas, testaferros y cuentas bancarias donde se ocultan los fondos que habrían obtenido los implicados del caso Lezo. Hablamos de 5,4 millones de dólares que se habrían agenciado Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez (expresidente de Inassa), Ramón Navarro (ex director gerente de la Triple A, otra filial) y Luis Vicente Moro (íntimo de González y ex delegado del Gobierno en Ceuta, que aparece retratado en las grabaciones del despacho de González destapadas por El Plural) además del propio García Arias.

Según las revelaciones de este directivo, González se habría llevado la parte más suculenta, con 1,8 millones de dólares de comisión. Mientras que el resto se habrían repartido 900.000 euros cada uno. Para afianzar sus revelaciones, el arrepentido ha prometido dar pruebas. Y Edmundo Rodríguez, que también está colaborando, ha aportado datos que corroboran esta versión.

García Arias fue detenido el 24 de agosto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, capital de Colombia, y actualmente se encuentra en la prisión La Picota, de la misma ciudad. Para evitar ser entregado a España, ha dado datos de las cuentas donde se esconde el botín, que estarían situadas fuera de Colombia. Incluso ha ofrecido datos de su patrimonio, que ha crecido sospechosamente en los últimos años, y se ha comprometido a devolver parte del dinero sustraído.

No quería que la Fiscalía de su país le entregara a España, por lo que ha decidido revelar el destino de los fondos presuntamente detraídos de las arcas del Canal, que estarían escondidos en cuentas en el extranjero fuera de Colombia. El exgerente de Inassa ha tenido varias reuniones con la Unidad Anticorrupción y en al menos dos de esos encuentros ofreció datos de empresas, cuentas, nombres de testaferros y propiedades inmobiliariasvinculadas a varios de sus excompañeros. García Arias también ha ofrecido datos sobre su patrimonio, que se ha incrementado notablemente en estos cinco años, y se ha comprometido a devolver la parte de las comisiones que él se llevó.

En España, García Arias es casi un desconocido, pero su papel en la trama es fundamental, sobre todo porque estaría al tanto de los sobornos que se habrían pagado a funcionarios y cargos públicos de Sudamérica por los contratos adjudicados al Canal de Isabel II.