José Luis Ábalos ha acusado al Tribunal Supremo (TS) de llevar a cabo una investigación "prospectiva" contra él y ha manifestado su descontento por la indagación de su patrimonio, calificándola de "un todo vale" sin "ningún rigor investigador". Así lo ha expresado su defensa en el recurso de apelación contra la decisión del instructor Leopoldo Puente de investigar el patrimonio tanto del exministro como el de su hijo Víctor, una medida contra la que Ábalos, quien fuera "número tres" del PSOE, se rebela.
El abogado de Ábalos sostiene que tanto el instructor como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a quienes reprocha su "inquina y venganza", están extralimitándose, "sesgando" sus derechos y llevando a cabo "investigaciones prospectivas" no solo respecto a su persona, sino también en relación a su hijo Víctor. Asegura que estas investigaciones no se limitan a los hechos que están siendo investigados y que se retroceden a fechas que "poco o nada tienen que ver con la presente causa".
En defensa del ministro Ángel Víctor Torres, cuyas posibles conversaciones con el comisionista Víctor de Aldama fueron ordenadas investigar por el magistrado, el abogado de Ábalos insta al instructor a "delimitar" esas pesquisas. Expone que, debido al cargo que ostenta, Torres tiene "varias decenas de subordinados", y que, al tratarse de una estructura jerárquica "desde el aguacil hasta el subsecretario de Estado", todos ellos son subordinados suyos.
Ábalos sostiene que la investigación de las posibles conversaciones telefónicas o mensajes entre Aldama, Koldo, él mismo, el ministro y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, quienes fueron mencionados por el comisionista en la presunta trama, vulnera los derechos de ambos aforados y constituye una "causa general" basada en las declaraciones de Aldama, quien "junto a su defensa parece que sí dirige la instrucción".
Quejas de la defensa
La defensa del exministro recuerda que el instructor, al rechazar su recurso de reforma contra la decisión de investigar su patrimonio, precisó que los hechos supuestamente delictivos que se le atribuyen consisten en "haber percibido de forma ilícita determinados beneficios económicos" a cambio de favores "prevaliéndose de su condición de ministro del Gobierno de España".
En este contexto, el abogado de Ábalos se queja de que, en su comparecencia del pasado día 20, el instructor le preguntó sobre "un inmueble situado en Perú", que según el exministro, "poco o nada tiene que ver con las presentes actuaciones", ya que en 1998, cuando se produjo su adquisición, "ni siquiera ostentaba el cargo de ministro". Para Ábalos, el hecho de que Puente le preguntara por este chalet, cuya propiedad El Debate le atribuye, demuestra que la investigación patrimonial no está buscando una "foto fija" de sus propiedades, como defendió la Fiscalía Anticorrupción, sino que se extiende a "todo aquello en lo que pueda aparecer" su nombre, dando por hecho un comportamiento delictivo atribuible a su etapa como ministro, "sin importar el cuándo ni el cómo". Es decir, Ábalos denuncia que se trata de "un todo vale" sin "ningún rigor investigador".
Asimismo, señala que "se han citado a una ingente cantidad de testigos", aunque algunos de ellos "poco o nada tienen que ver con la presente causa". El abogado del exsecretario de Organización del PSOE también critica que la rama del "caso Koldo" que se instruye en la Audiencia Nacional y el "caso hidrocarburos", aunque compartan investigados, "nada tienen que ver" entre sí "por más que se pretenda tanto por la UCO como por el instructor".
En cuanto al piso del Paseo de la Castellana adquirido por Aldama y respecto al cual Ábalos firmó un contrato de alquiler con opción de compra, reitera que "nunca llegó a cumplirse porque no hubo entrega de dinero ni total ni parcial" por parte de Ábalos, ni se produjo "el uso y disfrute de dicho inmueble", por lo que no ha existido "beneficio económico alguno ni eventual ni real". De ahí que no entienda que el juez haya ordenado tasar el valor de la vivienda, cuyo valor según Aldama es de 1,9 millones de euros.
El abogado de Ábalos cuestiona nuevamente la actuación de la UCO, a quien acusa de "falta de imparcialidad" y de actuar "extralimitándose", además de señalar a esta unidad policial por las filtraciones "sobre la vida de mi defendido, lo que además denota tintes de inquina y venganza".
