El que fuera ministro de Transportes hasta 2021, José Luis Ábalos, continúa con su batalla contra Moncloa y Ferraz. El diputado del Grupo Mixto ha registrado este lunes 23 preguntas escritas al Gobierno relativas al caso Koldo y la auditoría encabezada por el que en tiempos fuera su departamento. Asimismo, el exministro urge al Ejecutivo a pormenorizar el coste económico del informe que encargó Óscar Puente. Además, en esta batería de interpelaciones, no ha dudado en señalar a otros responsables del Gabinete del presidente como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Raquel Sánchez, quien le sustituyera al frente de Transportes y Movilidad Sostenible.
En el escrito, el que fuera cabeza visible del departamento de Transportes y hombre fuerte de Pedro Sánchez tanto en Moncloa como en el organigrama de Ferraz, apunta con firmeza las responsabilidades del Ministerio del Interior, del Oficial Mayor y del subteniente que fue detenido en la gestión de las mascarillas que, a su vez, fueron contratadas a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la investigación del denominado caso Koldo. El exministro urge al Ejecutivo a responder con claridad, en especial en las cuestiones relativas al informe encargado por Puente, al tiempo que subrayaba la cuota de responsabilidad de Marlaska en la gestión de las mascarillas.
Así, el diputado del Grupo Mixto pregunta al Gobierno por el destino final de las mascarillas, reclamando información sobre el número total que están en posesión del Ministerio del Interior. El exsocialista, al mismo tiempo, hace hincapié en la presunta implicación de un subteniente de la Guardia Civil en el ingreso de empresarios al Ministerio de Transportes, deslizando una protección de Marlaska al agente pese a las denuncias de abuso de poder.
En su escrito, Ábalos deshoja aún más la margarita con un señalamiento claro y conciso al actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien impulsó la auditoría contra el ahora miembro del Grupo Mixto. En este sentido, le traslada si planteará otra fiscalización sobre la compra de 1,2 millones de mascarillas en 2022, ordenadas por la entonces ministra del ramo, Raquel Sánchez. En este sentido, ha apuntado también hacia el Oficial Mayor del Ministerio y la dirección general, a quienes hace responsables no sólo de la recepción de mascarillas, sino también de su gestión.
El parlamentario solicita también una investigación que pivote sobre el incumplimiento en los controles de acceso al Ministerio, poniendo el foco en el pase con carácter especial que se le otorgó al comisionista y pieza clave del entramado del caso Koldo, Víctor de Aldama. Por su parte, se pregunta cómo es posible que existiendo todas estas irregularidades documentadas en la auditoría, no se hayan conocido hasta cuatro años después y por qué no se tomaron las decisiones pertinentes contra el Oficial Mayor y la dirección general.
La batería de preguntas de Ábalos
“1.- ¿Dentro de las actuaciones practicadas para la elaboración de la "auditoría", cuáles han sido los criterios por los que se hace una selección parcial de entrevistados y no se ha contado con los testimonios de todas las personas implicadas en la conformación de los expedientes ni tampoco hecho entrevistas a la totalidad de los implicados en el objeto del informe como son los máximos responsables de la gestión del Ministerio durante la crisis de la pandemia de COVID-19?
2.- ¿Cómo saben los funcionarios que han participado en la elaboración de la "auditoría" la demanda del conjunto que fue necesaria y las razones de la decisión política para la compra de más mascarillas en concepto de "reserva estratégica"?
3.- ¿En base a qué criterios y conocimiento de la situación de la emergencia, la autora del informe de auditoría hace valoraciones y emite juicios de valor sobre la cantidad apropiada y necesaria de contratación de mascarillas para atender una situación de emergencia sanitaria y por qué principio y criterio en la elaboración de la auditoría, cuestiona en un expediente administrativo decisiones exclusivas del ámbito político?
4.- ¿Cuándo se tuvo conocimiento de la ausencia de las mascarillas en el Ministerio de Transportes?
5.- ¿Cuándo se tuvo conocimiento de que no existían actas y albaranes de depósito y despacho de las mascarillas del Ministerio de Transportes?
6.- ¿Se tuvo conocimiento con anterioridad a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de la ausencia de los albaranes? ¿Si fue así, por qué no se informó entonces de esa ausencia?
7.- ¿Si el conocimiento ha sido a raíz de "la auditoría", qué Órganos/Unidades del Ministerio de Transportes eran responsables de haber detectado la ausencia de actas y albaranes y por qué no lo hicieron? ¿En tal caso, qué órganos y qué mecanismos han fallado durante estos cuatro años atrás?
8.- ¿Qué tipo de responsabilidades administrativas va a exigir el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a los responsables de los órganos administrativos (Oficialía Mayor, Dirección General de Organización e Inspección, etc.) encargados de la recepción y expedición de las mascarillas de las órdenes TMA/263/2020 y TMA/292/2020 que debieran haber ejercido un correcto control de la ejecución de los contratos como ahora vienen a denunciar ellos mismos en "la auditoría" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, después de cuatro años?
9.- ¿Teniendo conocimiento de la existencia en un almacén de Adif en Madrid de 500.000 mascarillas FFP2, procedentes de un pedido de 1,2 millones de unidades adjudicado en el año 2022, durante el mandato la ministra Raquel Sánchez, piensa el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ordenar también una "auditoría" para conocer tanto la idónea necesidad de la compra de esas mascarillas como su gestión dos años después de los expedientes relacionados a la ejecución de las órdenes TMA/263/2020 de 20 de marzo y TMA/292/2020?
10.- ¿Cómo explican que durante estos cuatro años no hayan detectado las "irregularidades" que señalan ahora en su "auditoría", ni hayan supervisado el debido cumplimiento de la ejecución de los contratos, ni garantizado la cadena de custodia de las mascarillas, ni las funciones del personal responsable de la elaboración de las actas y las entregas de esas mascarillas, como por ejemplo la Oficialía Mayor y/o la Dirección General de Organización e Inspección?
11.- ¿Por qué en el caso del Sr. Aldama, el informe de auditoría no indaga el incumplimiento de la Oficialía Mayor y del área de Seguridad de sus responsabilidades de un debido control y registro de accesos al Ministerio, no habiendo informado hasta cuatro años después a los órganos superiores de estas irregularidades tal como ahora si se recoge en dicho informe de auditoría?
12.- ¿Por qué en el caso del subteniente de la Guardia Civil detenido por el 'caso Delorme' la "auditoría" no indaga en las “visitas no registradas” de los empresarios que introducía en el Ministerio y cuyos hechos fueron denunciados por el equipo de Seguridad de MITMA, como cuenta el artículo de EL ESPAÑOL de 07 de junio referenciado en la 'Exposición de Motivos'?
13.- ¿Existe documentación del área de Seguridad sobre los registros de accesos del Sr. Aldama y de las "visitas no registradas" del subteniente de la Guardia Civil que permita conocer con exactitud el número de veces que accedieron durante los años 2020 y 2021, como marcan los protocolos correspondientes del Ministerio?
14.- ¿Por qué desde la Oficialía Mayor habilitaron el acceso al subteniente de la Guardia Civil (personal ajeno a MITMA y que era quien gestionaba las mascarillas del Ministerio del Interior, según propia confesión) a una dependencia donde se guardaban las mascarillas del Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana, como sale en una grabación publicada el pasado 13 de septiembre por el periódico digital 'El Español' con el titular "Marlaska protegió al guardia civil del 'caso Koldo' pese a las denuncias en Transportes.", artículo antes referenciado en la 'Exposición de Motivos'?.
15.- ¿Consta que durante estos cuatro años atrás, desde la Oficialía Mayor se haya emitido algún tipo de informe formal o comunicación sobre la existencia del depósito y despacho/destino de esas mascarillas en las dependencias del Ministerio de Transportes, habilitadas por el propio Oficial Mayor y que para su custodia ha permitido y dejado, en clara delegación de responsabilidades administrativas de sus competencias, un acceso libre a dicho material a personas ajenas a MITMA, como es el subteniente de la Guardia Civil y al que facilitó unas llaves, suponiendo un quebranto de la cadena de custodia de las mascarillas?
16.- ¿Qué superior jerárquico autorizó al Oficial Mayor a entregar al subteniente de la Guardia Civil la llave de la dependencia donde se custodiaban las mascarillas del Ministerio de Transportes?
17.- ¿En caso de existir autorización, en qué documentación se justifica tal delegación de competencias administrativas al subteniente de la Guardia Civil?
18.- ¿Cuántas mascarillas de ese depósito han salido con destino a otros organismos de otros ministerios y en concreto cuántas se llevaron al Ministerio del Interior y a qué organismos de dicho Ministerio?
19.- ¿Hubo registro del despacho esas mascarillas al Ministerio del Interior?
20.- ¿Qué documentación obra que documente las mascarillas que el subteniente de la Guardia Civil se llevó al Ministerio del Interior, como informa el artículo de El Español antes mencionado y que dice que el subteniente reconoce haber gestionado esas mascarillas para el Ministerio de Interior?
21.- ¿A qué destino del Ministerio del Interior fueron llevadas esas mascarillas?
22.- ¿El Ministerio del Interior ha pagado el importe correspondiente a esas mascarillas?
23.- ¿Cuál ha sido el coste económico de esta "auditoría" que no ha concluido con la exigencia de ningún tipo de responsabilidad a los responsables de las irregularidades detectadas?”
