Mucho se habla en el ámbito nacional de lo que ocurre con algunos políticos en clave judicial. El caso de la esposa del presidente del Gobierno es, tal vez, el paradigma, pero hay otros supuestos. En todos esas causas la repercusión mediática es muy destacada por interesada. Sin embargo, en otros niveles de la administración no sucede lo mismo, a pesar de que se dan también situaciones judiciales, como poco, curiosas y llamativas.
A pesar de que la inclinación ideológica hacia la derecha del poder judicial es más que evidente, quizás en la Comunidad de Madrid es mucho más acusado. Si este hecho se traslada al ámbito municipal, al margen de la poca repercusión mediática objetiva, las consecuencias pueden ser devastadoras para el político de turno, perteneciente, normalmente, a formaciones de izquierdas.
Un ejemplo muy claro de esto es Coslada. Su alcalde, el socialista Ángel Viveros, llevaba sobre su espalda la espada de Damocles de una acusación por destrucción de patrimonio, a la que luego se añadió, con un movimiento judicial inusual, otra por prevaricación administrativa. El motivo: los terrenos que el Ayuntamiento de esta ciudad pegada a la capital madrileña permutó con El Corte Inglés para construir un centro comercial a cambio de varias dotaciones para la localidad.
Lo llamativo es que el acuerdo para modificar el Plan General de Ordenación Urbana y recalificar esa parcela se firmó en la legislatura en la que era alcalde el 'popular' Raúl López, quien ha estado investigado, igual que otros colaboradores suyos. Sus causas, sin embargo, fueron archivadas por la Audiencia Nacional.
Corría el año 2007 y la aprobación de este convenio, con el beneplácito de la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre, se produjo en abril, es decir, un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
Fueron los comicios de los nuevos hospitales (que derivaron en un intento de privatización de la sanidad pública paralizada por la Marea Blanca), de la línea 7b de metro (que discurre por Coslada y que ha provocado el derribo de varios edificios en la vecina San Fernando), en definitiva, eran las elecciones que buscaban la continuidad de Aguirre tras la legislatura del 'tamayazo'. Raúl López, alcalde cosladeño entonces, era uno de los 'fieles' de la lideresa.
Quizá por eso, el proyecto de El Corte Inglés de Coslada se aceleró por parte de la administración regional. El acuerdo contemplaba que, a cambio del terreno previsto para levantar un centro Hipercor, la empresa se comprometía a construir un nuevo ayuntamiento y una escuela de hostelería.
Pero en aquellas elecciones y contra todo pronóstico, a pesar de que el Partido Popular obtuvo más votos y concejales, un acuerdo tripartito posibilitó un gobierno local de izquierdas (PSOE, IU y PIC) liderado por el socialista Ángel Viveros, que debutaba, de este modo, en la vida pública.
En relación con ese primer convenio con El Corte Inglés, una de las primeras decisiones adoptadas fue la de cambiar las dotaciones a cambio. Viveros, tal y como llevaba en el programa electoral del PSOE y de acuerdo con sus socios de Ejecutivo, optó por un Teatro Municipal y un centro cultural, un Centro Integral de Servicios Sociales y una gran Biblioteca Central. En la actualidad, y desde hace años, las infraestructuras funcionan con normalidad.
La modificación se aprobó en pleno, mientras que la primera licencia de obra para proceder a las excavaciones previas a la construcción del centro comercial se concedió en Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos los concejales, el alcalde y el portavoz y ex alcalde del PP, Raúl López, que formaba parte de este órgano.
Una década de periplo judicial
Todo esto es lo que ha servido para un proceso que acaba de terminar después de casi una década. Tras ese mandato, en 2011 volvieron al gobierno el PP y su líder Raúl López. En 2014, tras aparecer una noticia en un medio de comunicación regional en el que se recogía que la parcela en cuestión formaba parte de un yacimiento arqueológico denominado El Calvario, Patrimonio de la Comunidad de Madrid lo pone en conocimiento de la Fiscalía, haciéndole saber que falta un documento relativo a ese posible yacimiento, algo que la propia administración madrileña no tuvo en cuenta cuando aprobó el cambio del PGOU de Coslada por parte de un alcalde del PP.
A raíz de esto, el órgano judicial reclama al Ayuntamiento que envíe el convenio del que nace el acuerdo con El Corte Inglés; sin embargo, desde Alcaldía, el equipo del regidor 'popular' remite el correspondiente al cambio de la obra futura, es decir, el teatro, el centro de servicios sociales y la biblioteca en lugar de un nuevo edificio consistorial y una escuela de hostelería. No obstante, la Fiscalía decide archivar provisionalmente el asunto al no apreciar indicios de delito.
En 2017, sin embargo, ya con el socialista Ángel Viveros de nuevo al frente del Consistorio, desde los juzgados de Coslada reabren el caso y lo hacen a lo grande, imputando a todos los integrantes de aquella Junta de Gobierno, pero no a la que dio luz verde al primer convenio, sino a la correspondiente a la aprobación de la licencia de inicio de obras.
Con independencia de cualquier valoración sobre la pertinencia o no de la admisión de la denuncia, la imputación de todos los miembros de esa Junta de Gobierno es lógica al tratarse de un órgano colegiado y solidario, es decir, que el voto de todos sus integrantes vale no mismo.
Es este un dato importante, porque tras tomar declaración al conjunto de miembros, sorprendentemente al cabo de unos meses la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Coslada, decide sacarlos del proceso, a todos, salvo al alcalde Viveros, al entonces concejal de Urbanismo y a dos funcionarios municipales.
En un primer momento no se descarta que, incluso, se trate de un error que se subsanará por tratarse de un órgano colegiado y, además, porque por parte del letrado de Ángel Viveros, se solicita la incorporación del primer convenio firmado con El Corte Inglés.
Nada más lejos de la realidad. La jueza rechaza todas esas opciones y el caso sigue avanzando. Desde la defensa se pide la declaración de diferentes testigos: de los responsables de la obra de El Corte Inglés, de la constructora que apenas unos años antes levantó varios bloques donde residen miles de personas y que también se encuentra en la zona del supuesto yacimiento y de los técnicos de la Comunidad de Madrid, entidad competente que ha ido dando el visto bueno a todos los pasos. Del mismo modo, se insiste en que es necesario incorporar el primer convenio, es decir, el del acuerdo, y se encarga la elaboración de un informe pericial por parte de expertos de la Universidad de Alcalá de Henares.
Pero la magistrada no solo no tiene en cuenta las peticiones de los abogados defensores, sino que, a la vista de una más que posible prescripción del delito de destrucción de patrimonio, decide imputarles otro por prevaricación administrativa y, haciendo caso omiso a la solicitud de dejar declarar a los acusados y presentar pruebas y testigos, opta por abrir juicio oral. Estaba prevista para principios de este año, pero por diferentes motivos mueve dos veces la fecha, hasta que queda fijada para el 24 de junio en Alcalá de Henares.
Unos días antes de la vista, el abogado de Ángel Viveros vuelve a realizar la petición a la nueva jueza del juzgado de lo Penal número 4 de la ciudad complutense, destacando que no se ha permitido la declaración de su defendido y reclamando la presentación de testificales y la incorporación del 'famoso' primer convenio.
Sobreseimiento y archivo definitivo
Curiosamente, apenas 48 horas después de la solicitud, la magistrada adopta la medida de cambiar el inicio del juicio oral por una vista para resolver cuestiones previas. El lunes 24 de junio comparece en los juzgados el alcalde de Coslada y tras la misma, la jueza dicta auto de sobreseimiento libre y archivo definitivo del asunto sin posibilidad de interponer recurso.
Esta semana Ángel Viveros ha comparecido ante los medios de comunicación. Quienes le conocen saben que, tras conocer el auto, además de alegría y satisfacción sintió rabia porque, como comentó ante los medios, han sido “años duros en lo personal”. Se acordó, sobre todo, de “mi familia, de mis seres queridos, y también de mis compañeros”.
Fuentes próximas a él comentan que las repercusiones de un proceso tan prolongado en el tiempo han sido grandes y que han afectado “a su salud, a su economía y a la parte profesional política porque, casualmente, cada vez que se aproximaba un proceso electoral, desde los juzgados de Coslada se emitía algún auto en relación con este tema, del que "tenían constancia antes que el propio afectado, determinados medios y el PP ”. Ocurrió en las elecciones de 2019 y en estas últimas de 2023, “en las que los pseudo medios a los que tanto les gusta este juego, hicieron su papel”, lamentan.
A preguntas de los periodistas sobre si considera que en su caso ha habido lawfare, el alcalde cosladeño se limitó a comentar que “en las casualidades no creo, pero ha habido situaciones muy llamativas en relación con este asunto...”.
Cabe subrayar que, tal y como ha podido saber ELPLURAL.COM, en un primer momento, para la apertura del juicio oral se había designado como jueza a una familiar directa de un alto cargo del Partido Popular con “apellido muy conocido”, como confirma el entorno del primer edil. Finalmente, tal vez porque, como repitió en alguna ocasión ante los medios, “a medida que avanzaba el caso la bola se hacía más grande, pero sin solidez jurídica alguna”, hubo un cambio en la designación y resolvió el caso otra magistrada que lo ha dado por concluido.
Caso aparte merece el trato dado a Viveros por parte de algún medio de comunicación. Sin ir más lejos, cuando ya se sabía el desenlace de proceso, un digital decidió continuar con la campaña, llegando a publicar, incluso, que el juicio oral se llevaría a cabo en febrero de 2025. Bastaba recurrir a los servicios de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de los propios juzgados de Alcalá de Henares para resolver el entuerto; sin embargo, “prefirieron mentir porque -como comentó ante los medios, todos locales- algo siempre queda”.
Precisamente, Viveros comparó esta actitud de “dos o tres periódicos digitales” con la del PP de Coslada, a cuyo portavoz, reprochó públicamente “su actitud mezquina, irreverente, falsa e insultante”, sin tener en cuenta que “esas falsedades no solo me hacían daño a mí, sino también a mis seres queridos”.
