Nuevo episodio en la guerra abierta entre José Luis Ábalos y el Partido Socialista. Después de que Ferraz suspendiera de militancia al exministro de Transportes y pasara a filas del Grupo Mixto en el Congreso a raíz del estallido del caso Koldo, el que fuera número 3 de Sánchez ha solicitado al PSOE su restitución como militante. Ábalos entiende que el expediente abierto por la dirección ha caducado, por lo que ha solicitado la recuperación de “todos sus derechos como afiliado” a través de un escrito.
Las tiranteces entre Ábalos y Ferraz comienzan en febrero de este mismo año, cuando en los medios de comunicación aparecían los primeros titulares que situaban a su ex asesor Koldo García en el epicentro de la trama de las mascarillas. La operación Delorme se cobró la vida del que fuera uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, tanto en el plano orgánico como en Moncloa, hasta el año 2021, cuando fue cesado en la crisis de Gobierno de julio de ese ejercicio.
Poco después del estallido de la trama de las mascarillas, Ferraz tomó cartas en el asunto y se adelantó a los acontecimientos. Los titulares comenzaban a señalar a José Luis Ábalos, por lo que el 27 de febrero incoó un expediente acordando la suspensión cautelar de la militancia. El exministro quedaba fuera del paraguas socialista en el Congreso de los Diputados, pasando a las filas del Grupo Mixto, junto a Podemos, BNG, Coalición Canaria y UPN.
Las razones de Ábalos
Ahora, ha remitido una escrito a Ferraz en la que argumenta que dicho expediente de suspensión ha estado “absolutamente paralizado” durante seis meses, con perjuicio a sus “derechos políticos”. En la misiva, Ábalos explica que el 1 de marzo, en “plazo estatutariamente previsto”, procedió a proponer “la práctica de una serie de pruebas”. No obstante, según señala, desde esa fecha no se ha registrado acción alguna desde el órgano sancionador, sin que ni siquiera se haya pronunciado el instructor sobre la admisión o inadmisión de la “prueba solicitada”. “Ni que decir tiene que a fecha de hoy no se ha emitido pliego de cargo alguno frente a este afiliado”, abunda.
Por su parte, Ábalos considera que “si bien es cierto que ni los estatutos ni en el reglamento que los desarrolla se establece un plazo determinado para periodo de prueba a cargo del instructor, así como periodo máximo para la resolución, dicha omisión en caso alguno puede amparar a la organización para mantener sine die un expediente abierto con suspensión cautelar que perjudica gravemente los derechos políticos de un afiliado”. Por lo tanto, sostiene que esta laguna legal aboca a “de forma supletoria al régimen administrativo común”, amparándose en otras cuestiones referentes al funcionamiento de los partidos y mencionando expresamente la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece un máximo de seis meses.
Así las cosas, Ábalos explica que su situación “supera con creces el plazo común para resolver el expediente” sin que le conste que se haya solicitado suspensión del mismo, sino que se trate de un “supuesto de inactividad absoluta de la organización ab initio”. Dicho lo cual, estima que ha de declararse “la caducidad del expediente, lo que dejaría automáticamente sin efecto la suspensión cautelar de militancia”.
Relación deteriorada
Los socialistas, según LaSexta, se escudan en que la formación “no puede revelar ningún procedimiento que afecte a una persona”. En cualquier caso, aseguran que el caso está en manos de los servicios jurídicos de la formación. Y es que, si la relación entre PSOE y el exministro se erosionó con el estallido del caso Koldo, ahora la cuerda está próxima a romperse.
En las últimas semanas, las posiciones están cada vez más distanciadas, máxime tras la publicación de una auditoría del Ministerio de Transportes sobre el periodo en el que el diputado del Grupo Mixto estuvo al frente de dicha cartera. Ello ha contribuido a que Ábalos, que siempre ha seguido la disciplina de voto de sus excompañeros de grupo, ha comenzado a votar por su cuenta y riesgo, poniendo en jaque el avance de la agenda legislativa del Gobierno de coalición.
