Este lunes 25 de noviembre se celebra el día internacional contra la violencia de género. Una jornada en la que no cabe la celebración, sino la reflexión y la mirada intrínseca a unas cifras demoledoras. 1.028 son las mujeres asesinadas desde que se empezaran a recontar en 2003. Sin embargo, esas cuatro cifras no arrojan suficiente verdad para la extrema derecha española, blanqueada, sistemáticamente, por el silencio cómplice de PP y Ciudadanos.

“Te reto a que me digas una sola de las 21 medidas aprobadas que no sea necesaria”, ha espetado José Luis Martínez Almeida a Ortega Smith en el Consistorio. Poco después, Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital, ha cargado también contra su homólogo ultra: “Que a nosotras nos violan más es un hecho. Que 52 mujeres han sido asesinadas por violencia de género este año también lo es”.

Un buen momento para contrarrestar los exabruptos de Vox. Sus medidas anuncian reducciones de derechos, eliminación de fondos para asociaciones y valores moralistas que se imponen en los colegios. Hoy PP y Ciudadanos han acordonado a Ortega Smith, al menos públicamente. En sus cenáculos privados, cuando la aritmética hacía indispensable contar con el apoyo de los de Abascal, rubricaron con su firma medidas programáticas que hoy esconden en reproches sobre el atril.

Madrid: moralismo ideológico y menos financiación

En Madrid se comprometieron a que “los partidos responsables y leales deben cumplir con lo que firman”. Tres condiciones y principios entre los que figura “realizar una auditoría exhaustiva de las subvenciones que se han otorgado durante los últimos años”, “suprimir las subvenciones a financiar chiringuitos, entes públicos, sindicatos patronales o empresas públicas que tengan carácter ideológico” y “garantizar el Pin Parental para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones”.

Almeida hoy se ha presentado como la estrella inesperada de la jornada. No hace tanto, en el día que Vox reventó el minuto de silencio contra una mujer asesinada frente a sus hijos, reconocía ante Ortega Smith que los dos abanderaban la misma causa.

Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de investidura como presidenta, defendió el apoyo de los ultras y, como si la propia Rocío Monasterio le hubiese escrito el texto, empezó diciendo que “lo que pone en el documento de Vox es totalmente aceptable, no solo para nosotros sino para todos los ciudadanos. Vamos a seguir gestionando y llevando la Comunidad como lo hemos hecho estos últimos años. No estamos derechizando ni radicalizando nada”.

Andalucía: excluir el término “género” del mapa

Juanma Moreno y Juan Marín consiguieron el poder gracias al juez Francisco Serrano. A pesar de presentarse como un Gobierno a dos, cuando llegó el momento de aprobar los presupuestos para hacer andar la Junta impusieron el mazo.

Concretamente, Vox solicitó que no se hablara de “género”: “La documentación cualitativa de los Presupuestos para el 2020, sustituirán el concepto actualmente empleado de ‘Transversalidad de Género’, por el ‘Principio de igualdad en el trato y de oportunidades entre mujeres y hombres’, como mecanismo integrador de las diferentes opiniones e ideología en la materia”. Poco después, como punto nueve del pacto refrendado se hace especial mención a la “violencia intrafamiliar”.

Y a las evidencias basta referirse. La reducción de chiringuitos ideológicos no era tal. Simplemente dependía de la ideología. Ningún problema para retirar los fondos para las viviendas a mujeres maltratadas mientras que se conceden tres millones a asociaciones para fomentar la tauromaquia y organizaciones ultraconservadores y antiabortistas.

Murcia: el feudo de la “formación religiosa”

Fernando López Miras se hizo con el poder en uno de sus feudos más fieles. A la segunda, después de que Vox dejara en el aire su apoyo, el popular revalidó el poder. Eso sí, tanto él como Silvia Franco (Cs), dieron tanto poder a la extrema derecha que, a tenor de lo sucedido en las generales, cedieron todo el protagonismo regional a la extrema derecha.

Entre las cesiones figuran la protección “del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones”, la inclusión del término “violencia intrafamiliar” y la reducción de las partidas a los ya famosos chiringuitos señalados.