La macroperación policial de la UDEF contra la corrupción que se está desarrollando en varios puntos de España se ha saldado con la detención de José Luis Ulibarri, dueño de la empresa Begar y el principal magnate de Castilla y León. Ulibarri, que fue el primer empresario salpicado por el caso Gürtel y artífice de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón durante el proceso de instrucción, ha sido detenido dentro de la operación contra la contratación irregular de semáforos.
Según ha informado La Sexta, Ulibarri es uno de los detenidos dentro de la operación policial que se está realizando en ayuntamientos como León, Astorga, Palencia, Fuenlabrada, Mollet del Vallés o Tiana, en Barcelona.
Ulibarri ha disfrutado desde hace años de los halagos y la complicidad de los políticos de Castilla y León, de uno y otro signo, que nunca tuvieron reticencias en posar con él en los actos y saraos que montaba en la región. Aunque con el Partido Popular ha sabido llevarse especialmente bien. Al Gobierno de Juan Vicente Herrera debe una de sus principales bicocas, la gestión de la televisión privada RTVCYL -que comparte con otro empresario, Antonio Miguel Méndez del Pozo-, que es regada anualmente con dinero público.
Los ciudadanos de Castilla y León no disfrutan de una televisión pública, pero tienen RTVCYL, que recibe financiación de sus impuestos. Este año, el Gobierno del PP le dio 18 millones de manera directa, sin informar a los medios ni publicarse en el boletín regional. Una cantidad de la que pueden disponer de manera automática, sin dar garantías y a pesar de que la cadena consiguió en Nochevieja un récord: un 0% de audiencia.
Ulibarri es además el beneficiario de la concesionaria de los autobuses de Ponferrada, que llevan años en un limbo legal mientras él sigue beneficiándose del contrato. Además, es dueño del Diario de León y de varios medios locales. Aunque el más significativo es la Radio televisión, la única que tiene licencia de TDT en una comunidad sin televisión pública.
Como responsable del Grupo Begar, Ulibarri fue uno de los primeros imputados en el caso Gürtel y la Fiscalía pedía para él 7 años y un mes de cárcel. Está acusado de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Una situación que Ulibarri arrastra desde el año 2009, pese a lo que sus buenos contactos políticos nunca se han resentido. Durante la instrucción de Gürtel por parte de Baltasar Garzón, Ulibarri compartió abogado, Ignacio Peláez, con los cabecillas de la trama, y fue éste el que aprovechó que había sido grabado en prisión para presentar una de las tres denuncias que acabaron con la inhabilitación del magistrado de la Audiencia Nacional.
Su grupo ahora se llama Elodea, pero sus operaciones son similares. En 2014, ya sabiéndose su situación procesa, el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha le concedió un jugoso contrato de 34 millones de euros que cualquier otra administración le hubiera negado por su supuesta implicación en la red corrupta liderada por Francisco Correa, como ya adelantó en exclusiva ELPLURAL.COM. Una concesión para dirigir dos residencias de mayores que acabaron con la empresa en concurso de acreedores.
