El constructor y presidente de Elodea, heredera del Grupo Begar, imputado desde 2008 en la trama mafiosa Gürtel, José Luis Ulibarri, puede ser condenado a 7 años y 1 mes de cárcel si el tribunal acepta la petición de la Fiscalía. Al conocido como “Ciudadano Kane” por su conglomerado mediático en Castilla y León, el fiscal le acusa de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Cinco supuestos delitos, ni uno más, ni uno menos, que ya eran prácticamente conocidos el 27 de noviembre de 2014, lo que no fue impedimento para que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido entonces por María Dolores de Cospedal, le concediera un jugoso contrato de 34 millones de euros que cualquier otra administración le hubiera negado por su supuesta implicación en la red corrupta liderada por Francisco Correa, como ya adelantó en exclusiva ELPLURAL.COM.
190 millones de euros de deuda
Pero esto no es noticia; si acaso la actualización de los delitos y las penas pedidas por la Fiscalía. No. Lo preocupante ahora es la situación económica por la que atraviesa el holding empresarial de Ulibarri, que ha visto como hace unos días el Juzgado Nº 8 de lo Mercantil de Madrid daba luz verde a su solicitud de declarar concurso de acreedores en su empresa Elodea, por cierto, el mayor en cuanto cuantía de la historia de Castilla y León, comunidad que acoge la sede empresarial del constructor, cuyos proveedores tendrán que hacer malabarismos para recuperar los 189,6 millones de euros que adeuda el imputado por supuesta corrupción, cuyos activos apenas alcanzan los 35 millones de euros. Difícil lo tienen sus acreedores, que a buen seguro tendrán que aceptar quitas sobre la deuda, objetivo final del deudor Ulibarri.
Un chollo manchego llamado PP
Ulibarri no sólo hizo negocios en Castilla y León, Madrid, donde el Gobierno de Esperanza Aguirre le concedió contratos por un valor cercano a los 35 millones de euros, o en Valencia, que recibió de la Generalitat presidida por Francisco Camps la friolera de 13 canales de TDT, concesión anulada, eso sí, por el Tribunal Supremo ante el “hedor” que desprendía la adjudicación, además de millonarios contratos de obras a tutiplén en las tres comunidades. Lo más grave de este asunto es que Cospedal, sabiendo que Ulibarri estaba imputado, le proporcionó el citado negocio de 34 millones de euros y le abrió las puertas para futuras concesiones en ayuntamientos gobernados por el PP, como así sucedió hace apenas cuatro meses.
Aralia, el negocio de los geriátricos
Uno de los grandes negocios del “Ciudadano Kane” leonés son los centros geriátricos, que explota bajo la marca Aralia, casi siempre a través de concesiones administrativas dirigidas por el PP, en distintas comunidades como Madrid (4), Castilla y León (11), Murcia, Aragón, Cantabria y Castilla La Mancha, éstas tres últimas cuando gobernaban los “populares”. Pero una cosa es que Cospedal le entregara un edificio construido y dotado con dinero público en el pueblo toledano de Mora, bajo gobierno del PP, claro, para que lo explotara durante 10 años (ver documento) como residencia de mayores, y otra distinta es que hace tan sólo cuatro meses, concretamente el pasado 16 de marzo, el ayuntamiento de Argés, localidad próxima a Toledo, firmara con el director de Aralia, Álvaro Durán, el contrato de concesión del servicio integral de explotación de la residencia de mayores, un inmueble con capacidad para 29 usuarios y en funcionamiento desde el año 2006. Concesión que el alcalde del PP, Jesús Guerrero, que lleva 25 años en el cargo, fijó para un periodo de 10 años, y eso que sabía perfectamente qué representa la empresa, quién es José Luis Ulibarri y por qué está imputado por supuestos delitos de corrupción. Pero eso, al PP toledano parece no importarle.
La mujer, el hijo, el yerno y el juez
Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A. es una empresa que gestiona en la actualidad una treintena de residencias y centros de día para mayores, dependientes y discapacitados, perteneciente al Grupo Elodea, propiedad del “empresario gürteliano” José Luis Ulibarri, si bien desde su imputación dejó de aparecer en el staff empresarial de Aralia en favor de su mujer, Milagros Fernández Alonso, y de su hijo, Enrique Ulibarri, ambos administradores de la empresa, cuyo apoderado y director no es otro que el citado Álvaro Durán, casado con una hija del magnate del ladrillo y responsable directo del negocio geriátrico. Otro hombre fuerte de Ulibarri, fuera del negocio de las residencias y especializado en asuntos más delicados como la promotora UFC S.A., encargada de erigir la urbanización de lujo de Boadilla Park, donde comenzó el escándalo Gürtel, Miguel Hernán, es cuñado de Enrique López, juez de la Audiencia Nacional (tras dimitir del Tribunal Constitucional por dar positivo en un control de alcoholemia) que fue apartado del caso Gürtel por sus obvios vínculos con el PP, partido que protestó enérgicamente porque también fue excluida la amiga de Cospedal, la magistrada Concha Espejel, como así lo reconocía familiarmente la propia secretaria general.
