Por primera vez todos los Jueces y fiscales se unen en una huelga contra un Gobierno

La protesta, que llega tras más de un mes de movilizaciones y paros parciales, ha unido a grupos de orientaciones diversas (de las más conservadoras a la progresista) que piden al Gobierno más inversiones para modernizar el funcionamiento del sistema judicial y reformas legales para despolitizarlo.
Desde el comité de huelga, en el que participan todas las organizaciones, se confía en una participación masiva por parte de los jueces y fiscales asociados y que se sume al paro un porcentaje "importante" de ambos colectivos.
La última reunión con la secretaria de estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, tuvo lugar el pasado 11 de mayo y no acercó el consenso, ya que mientras el Ministerio afirmaba tras el encuentro que "una amplia mayoría" de las propuestas de jueces y fiscales estaba "en trámite o proceso de elaboración", las asociaciones denunciaban la "indiferencia" de ese departamento ante sus peticiones.
A finales de abril las siete asociaciones habían emitido ya un comunicado conjunto para reclamar la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de que éste insinuara que el magistrado que emitió el voto particular en el juicio del caso de La Manada tenía "algún problema singular", declaraciones que consideraron una "intromisión" y "una temeridad".
Jueces y fiscales están anunciando de forma individual su adhesión a la huelga a través de las redes sociales, donde se ha difundido también un vídeo en el que ambos colectivos critican los recortes y la precarización en su trabajo y los "ataques" que reciben del ministro de Justicia y de la oposición sin que actúe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las demandas de ambas carreras se centran en una mayor independencia de la Justicia y más autonomía de la Fiscalía con la modificación en el nombramiento de los vocales del CGPJ, la regulación de las cargas de trabajo, la modificación de su régimen retributivo tras años sin cambios, la derogación de los plazos máximos de instrucción o mejoras en la formación, entre otros asuntos.

Récord de del PP: huelga inédita en toda la democracia
Fuentes del comité de huelga han reconocido a Efe la necesidad de realizar un esfuerzo "pedagógico" para explicar a la sociedad los motivos de una protesta inédita y aseguran que han realizado "esfuerzos palmarios" para evitar el paro, sin obtener respuestas desde el Ministerio de Justicia.
Los convocantes han organizado servicios mínimos para limitar el perjuicio para los ciudadanos, afirma el comité, con representación de las cuatro organizaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)- y las tres de fiscales -Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La última y cuarta jornada de paros parciales se celebró el pasado 17 de mayo y contó con el apoyo de 1.723 jueces y 602 fiscales de todo el país, que se concentraron a las puertas de los juzgados.
La Red de abogados de España y la Red de abogados de Madrid han convocado también concentraciones para hoy delante de los jugados para reclamar una justicia de calidad y "digna".

Catalá niega boicot

 El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que "buena parte" de las reivindicaciones que han llevado a los jueces y fiscales a la huelga son compartidas por el Gobierno y se han incluido en leyes que se han planteado o se están tramitando, por lo que ha pedido "diálogo y concertación".

"Confiamos en que fruto del diálogo y la concertación podamos abordar ese proceso de reformas", ha manifestado el titular de Justicia, quien ha recordado que hay abierto desde hace meses un proceso de negociación con reuniones periódicas en el que las 18 propuestas que han trasladado jueces y fiscales están siendo objeto de las conversaciones.
Algunas de esas propuestas están vinculadas con puntos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que Catalá ha confiado que mañana se aprueben en el Congreso y que permitirán, por ejemplo, crear 300 nuevas plazas de jueces y fiscales, incrementar en un 50 % la partida de obras en edificios judiciales, y dotar con 130 millones los sistemas informáticos de juzgados y fiscalías.
Además, ha añadido, el proyecto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial - también en tramitación en las Cortes- aborda "el fortalecimiento de la transparencia en sistemas de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la supresión de magistrados designados por parlamentos autonómicos.
Catalá ha asegurado que, igualmente, se han "aceptado" medidas planteadas por los fiscales que le parecen "razonables" al Ministerio y que serán incorporadas en una futura reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
El ministro ha rebatido las acusaciones de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), una de las convocantes de la huelga, que ha denunciado el intento de su departamento de boicotear el paro.
El seguimiento de la huelga, ha explicado, lo lleva el CGPJ, que ha dado instrucciones a los presidentes de los tribunales superiores de justicia para que recaben los datos, proceso en el que no participa el Ministerio.