La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha irrumpido este miércoles en la sede de Mercasa en Madrid para detener al hermano de Ignacio González en el marco de la Operación Lezo. Pablo González es directivo de esta empresa pública y, según explica Voz Populi, los agentes de la Guardia Civil están registrando la entidad. 

Mientra tanto, también está registrando la sede de Subastas Segre, la empresa que preside Lourdes Cavero, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid. Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe de que uno de los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se realizará en esa casa de subastas, fundada por Cavero junto a Carmen Cafranga, expresidenta de la Fundación Caja Madrid y condenada por el uso de las tarjetas black.

El año pasado, Subastas Segre puso a la venta 110 lotes de relojes, joyas y plumas de David Marjaliza, uno de los principales encausados en la trama Púnica, causa que instruye el propio Eloy Velasco y en la que ya ha investigado posibles trabajos para mejorar la reputación de González pagados por el Canal de Isabel II. Segre logró vender buena parte de las joyas de Marjaliza, incluida una pluma de una edición limitada de cuatro, de oro amarillo y esmalte rojo y 274 diamantes en talla brillante, adjudicada por 18.000 euros.

El de la casa de subastas será uno de los múltiples registros que llevará a cabo la UCO, que esta mañana ha detenido al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid desde finales de 2012 hasta mayo de 2015. Entre los registros realizados está el de la sede del Canal de Isabel II, organismo que presidió González entre 2003 y 2012, años en los que fue vicepresidente del Ejecutivo madrileño.

Entre los delitos que se investigan destaca la compra fraudulenta de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes que fue denunciada el mes pasado ante la Fiscalía por PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Estas presuntas irregularidades no se limitarían a la compra de Emissao, constata la denuncia que hace uso del trabajo de la comisión de estudio del endeudamiento de la Asamblea de Madrid, en la que están representados todos los partidos.