Lo que parecía una operación financiera rutinaria ha desembocado en una tormenta cultural sin precedentes. El fondo de inversión KKR compró en 2024 la promotora Superstruct, propietaria de decenas de festivales en Europa. Pero su cartera, asociada a empresas de seguridad y tecnología militar en Israel, ha despertado una ola de cancelaciones de artistas, presión institucional y demandas por reembolso de entradas.
Un gigante financiero tras los festivales más conocidos de Europa
KKR (Kohlberg Kravis Roberts) es uno de los mayores fondos de inversión del mundo, con sede en Nueva York y presencia en más de 30 países. En junio de 2024, desembolsó 1.300 millones de euros para adquirir Superstruct Entertainment, uno de los mayores conglomerados de festivales del planeta.
Esta promotora controla más de 80 eventos, incluidos nombres emblemáticos como Sónar, FIB Benicàssim, Arenal Sound, Viña Rock, Monegros, Resurrection Fest o Morriña Fest. La compra otorgó a KKR una posición dominante en el negocio cultural europeo, con una particular fuerza en España.
Pero la polémica estalló cuando diversos colectivos artísticos y activistas denunciaron que KKR tiene inversiones en compañías tecnológicas y de seguridad relacionadas con la industria militar israelí, así como con actividades en asentamientos en territorios ocupados palestinos. Aunque no existe una relación directa entre los festivales y esas actividades, la conexión estructural a través del capital bastó para que muchos artistas consideraran incompatible su presencia.
Artistas en pie: la cultura planta cara al capital
Desde mayo de 2025, varios artistas han cancelado sus actuaciones en festivales controlados por Superstruct. El caso más reciente es el del rapero Residente, que anunció públicamente su retirada del FIB y el Morriña Fest, asegurando que no puede participar "ni un solo segundo" en eventos relacionados con "esta tragedia".
Otros como Judeline también se ha desvinculado de otros grandes festivales. En muchos casos, lo han hecho acompañados de comunicados contundentes en los que denuncian la falta de ética en la financiación de eventos culturales.
Imagina lo que significa esto para una artista emergente como Judeline, pero ahí está usando su altavoz y no yendo al FIB pic.twitter.com/ZUUYkqZSyN
— Hose 🌷 (@ladrillo_visto) July 2, 2025
El movimiento no es anecdótico: en algunos festivales, hasta la mitad del cartel ha desaparecido. Además, varias instituciones educativas y culturales han retirado su colaboración en ciclos paralelos de formación o exhibición.
El rechazo institucional y político también crece
El impacto no ha sido solo musical. En España, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó que “KKR no es bienvenido”, y apoyó públicamente el derecho de los artistas a no participar en eventos con vínculos empresariales polémicos.
Ayuntamientos como los de Rivas o L’Hospitalet han pedido transparencia en los contratos con festivales que reciben ayudas públicas. Algunas fuerzas políticas, como Podemos o ERC, exigen auditorías que evalúen si la financiación de festivales a través de fondos controvertidos vulnera los principios de derechos humanos reconocidos por la Unión Europea.
La controversia ha llegado también a los consumidores. Asociaciones de defensa del usuario han recordado que el público puede solicitar el reembolso de entradas si los cambios en el cartel son significativos, y que los compradores tienen derecho a conocer la estructura empresarial detrás del evento.
Las promotoras afectadas han emitido comunicados defendiendo que sus operaciones son independientes de las inversiones del fondo matriz. Alegan que los ingresos se reinvierten localmente, que la programación artística responde a criterios propios y que no existe injerencia política o ideológica en la organización.
