En la antigua Roma, se estableció un cargo de poder con ámbito jurídico llamado “el Tribuno de la Plebe”. Se instituyó para contrarrestar el poder e influencia de los patricios sobre los plebeyos, de los que abusaban habitualmente, en todos los sentidos, con casi impunidad completa jurídica. Lo elegían el llamado “consejo de la Plebe”, y sus atribuciones constituyeron un verdadero contrapoder de las clases predominantes. Una especie de “Defensor del Pueblo”, pero que poseía, incluso, derecho a veto y a interponer recursos contra sentencias dictadas contra los plebeyos, si podía demostrar que se cometía un abuso o que había otras intenciones encubiertas. Una de las obligaciones del “Tribuno de la Plebe” era que su casa estuviera siempre abierta, de día o de noche, para poder socorrer a los conciudadanos en apuros. Algo así como la televisión que está siempre encendida y permea en nuestras casas día y noche, con sus anestésicos pero también, con sus llamadas de atención. Digo todo esto porque, entre la crítica, a veces con razón, a la superficialidad y frivolidad de ciertos medios de comunicación, también es de justicia reconocer cuando, un espacio televisivo pone el dedo en dolorosas llagas sociales.
Que los malos tratos son una herida abierta en nuestra sociedad, siempre sujeta a la banalización de quienes preferirían a la mujer casada y sumisa, es una realidad en la que aún queda mucho por implementar. Para empezar un mayor control sobre aquellos jueces que debieran dictar sentencias justas y ajustadas a derecho, al margen de su ideología, pero que siguen criminalizando a las mujeres que las sufren. No entiendo por qué si, un médico que ejerce mala praxis puede ser retirado del ejercicio de la medicina, un juez -a menos que sea Garzón e iniciara los procedimientos de la trama corrupta del PP hoy en tribunales y sentenciada-, que tiñe sus dictámenes de ideología reaccionaria perjudicando a mujeres ya maltratadas, no sigue el mismo camino de la suspensión. En este sentido, programas como el emitido por Mediaset, “Rocío: contar la verdad para seguir viva”. Ponen el foco en cómo hay mujeres doblemente maltratadas en primera instancia por quienes fueron su pareja, según parece, y en segundo lugar por una justicia que favorece al hombre, sobreseyendo un caso sin atenerse a las pruebas presentadas, por el hecho de ser una mujer popular, pública, como si esto anulase sus derechos civiles y constitucionales. Ya vivimos algo parecido en el caso de la malograda Carmina Ordóñez, donde un juez, y por idénticas razones, desoyó sus denuncias por “no dar el perfil”, como si la extracción social, la forma de vida, o la exposición pública las inhabilitaran para reclamar justicia o las hiciera inmunes a los malos tratos. Por el contrario, deberían tener en consideración que, precisamente por su carácter público, por su exposición, el pudor y la vergüenza multiplica sus temores a reaccionar a tiempo, con razón, al hilo de lo que ha venido sucediendo con ellas.
Opiniones estoy oyendo y leyendo de todo tipo y condición. No me extraña que Federico Jiménez Losantos haya criticado de nuevo el documental de Carrasco, tildándolo de “larguísimo, cursilísimo y carísimo montaje”, que estaría “al servicio de Podemos”, entre otras lindezas. Es la primera avanzadilla para desacreditar, públicamente, el testimonio de una mujer maltratada. Lo aumenta con poner en cuestión su salud mental: “En resumen: a una mujer en tratamiento psiquiátrico desde hace mucho se le persiguió un año -Carlota Corredera dixit- y le pagaron entre dos y cinco millones de euros, según las fuentes, para inaugurar el Tribunal Supremo de la Justicia Basura […] Pesan más los 100 millones de euros del Gobierno a las televisiones privadas que el mínimo respeto a la Justicia y al espectador” escribe Losantos en una de sus crónicas. Como de costumbre en Losantos, cualquier pretexto es bueno para tirar por tierra la labor social que está haciendo este programa. Mezclar churras con merinas y aprovechar para atacar al gobierno y sus supuestas subvenciones, que no le incomodaban cuando desde el gobierno popular ahora condenado por corrupto, se le hinchaban las cuentas de resultados de sus programas radiofónicos por fomentar la invención delirante del “comando Dixán”. Parece que le escuece, no sé dónde, la política de igualdad ejercida por el Ministerio competente con la Ministra Montero. No me extraña. Es el argumento habitual de alguien que odia a las mujeres, que no se entiende con ellas, tal vez por algún problema con su propia identidad. Todo aquel que manifiesta determinadas fobias ante los derechos e identidades de otros, suele enmascarar algún problema y, eso, que en los años de juventud de “Fede”, vivió días y noches muy locos en Madrid y Barcelona, con un amigo íntimo que se dedicaba al mundo del arte y con quien se paseaba en un descapotable, según me han contado…Está a tiempo de salir del armario de sus miedos y tratarse, antes de que se le apolille más el cerebro, que ya lo tiene bastante perjudicado.
Quienes conocemos los mecanismos psicológicos del maltrato, desgraciadamente por experiencia, sabemos los sutil y perversos de los mismos. Sabemos detectar a quilómetros el dolor y su verdad. Sabemos que Rocío Carrasco no miente, cobre o no por contarlo, como otros cobran de vilipendiarla hace años. Una pena que, los jueces, parezcan inmunizados a la humanidad desde sus tribunas. La opinión pública, esta moderna “tribuna de la Plebe” en la que se ha convertido la televisión, puede obligarles a reabrir un caso que cerraron en falso, por un clamor popular que no va a entender su indiferencia o encarnizamiento con esta mujer y, en ella, con muchas otras.
