El 28 de mayo, 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas españolas elegirán a sus representantes municipales y autonómicos en las urnas, y a finales de año está prevista la convocatoria de elecciones generales. El clima preelectoral se respira desde hace varias semanas en los medios de comunicación, que son el escenario en el que los partidos políticos representan la defensa de sus intereses y sus propuestas de gobierno, ante un público –la sociedad– que determinará los resultados con sus votos.

Somos conscientes de que hay temas con gran influencia, que tienen todas las papeletas para liderar el discurso y la agenda política. La crisis económica, la escalada de precios, el paro, nuestra posición ante la guerra en Ucrania… Pero no olvidemos que el Tercer Sector tiene también un peso importante en la sociedad. Y no solamente porque desempeña un papel social fundamental, llegando adonde no llegan las administraciones públicas ni las empresas, sino también porque es un importante generador de empleo y de desarrollo económico. 

Según un estudio reciente de la consultora AFI - Analistas Financieros Internacionales y la Asociación Española de Fundaciones, el sector fundacional representa el 2,4% del PIB. Es un porcentaje equivalente al que corresponde al sector textil y moda, el agrícola o el audiovisual. Un par de datos más: este mismo estudio apunta que las más de 10.500 fundaciones activas que existen en nuestro país tienen un impacto económico de 27.000 millones de euros, y dan empleo a 589.000 personas, el 3,4% del total de personas empleadas.

Si tomamos los datos de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), encontramos que estas organizaciones representan el 3,2% del personal contratado en España. Cerca de 528.000 personas trabajan en las entidades sociales y siete de cada diez son profesionales con estudios superiores de grado o posgrado. Junto con casi 1,1 millones de voluntarios que colaboran con ellas, toda esta estructura ha hecho posible que el pasado año se realizaran cerca de 48 millones de atenciones directas de acción social o sociosanitaria, integración e inserción para mejorar la vida de miles de personas.

Con toda esta información queda patente que las organizaciones del Tercer Sector desempeñan una labor esencial, y que de ellas depende el bienestar de muchos colectivos sociales que no encuentran apoyo en otro lugar. Además, desde Fundación Lealtad observamos que cada vez tienen un compromiso mayor con una gestión profesionalizada, basada en principios de gobernanza, transparencia, gestión eficaz y buenas prácticas. 

La pregunta es: ¿cuántas veces oímos a los políticos hablar del Tercer Sector? ¿Cuántas medidas o propuestas escuchamos que hagan referencia a mejorar la situación de las organizaciones sin ánimo de lucro de nuestro país? 

A finales de abril finalmente se aprobó sin ningún voto en contra la reforma de la Ley de Mecenazgo. Entre otras novedades, esta reforma estimula el micromecenazgo, al incrementar las deducciones fiscales por donativos a ONG, y actualiza el concepto de donativos, incorporando las donaciones por servicios. Además, incluye el mecenazgo de reconocimiento o recompensa, que permite que el donante obtenga retornos simbólicos en forma de contraprestación de bienes o servicios. Y amplía las modalidades de explotaciones económicas exentas cuando sean desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro. Todas eran importantes peticiones que, tras muchos años de trabajo, han visto la luz. Pero hay que seguir avanzando.

La financiación pública, a revisión

Sin embargo, existe entre las ONG una tendencia a pensar que los políticos no dedican al Tercer Sector la atención que merece. O que cuando lo hacen, es porque obtienen un rédito político. Consultando a las ONG Acreditadas con el sello Dona con Confianza, muchas piensan que, con independencia del color que resulte ganador en las urnas, en líneas generales no se adoptarán medidas suficientes para mejorar la situación de estas entidades. 

Entre los aspectos que consideran más necesarios de atender y mejorar destaca, sin ninguna duda, el tema de la financiación pública. Porque los procesos de solicitud y justificación de estas ayudas son, en muchos casos, demasiado burocráticos y poco eficientes, por lo que merecerían una revisión para mejorar su operativa y eficacia. 

En este punto, desde Fundación Lealtad incluimos la necesidad de que a la hora de adjudicar fondos públicos se cumpla escrupulosamente con la Ley de Transparencia. Seguimos viendo organizaciones que, sin respetar unos mínimos requisitos de transparencia, como puede ser tener una página web actualizada con descripción de sus actividades, cuentas anuales o composición del órgano de gobierno, reciben importantes fondos públicos. Esto es inadmisible. Si las propias administraciones públicas adjudican fondos a organizaciones opacas que incumplen la normativa de transparencia, ¿de quién es la responsabilidad, del adjudicatario o del adjudicado? 

Hay que seguir apostando por los programas realizados a través del Tercer Sector porque consiguen mayor capilaridad y optimizan al máximo los recursos, por su conocimiento de la realidad de las intervenciones a realizar. Pero hay que hacerlo con unas reglas del juego claras y bien establecidas.

Finalmente, cuando hemos preguntado a las ONG Acreditadas qué pedirían a los políticos que concurren a las elecciones para apoyar al Tercer Sector, sus respuestas podrían resumirse en cuatro ideas: que las consideren agentes colaboradores del sistema social y cuenten con ellas para legislar sobre temas relacionados con los colectivos a los que representan (tal y como se ha hecho con la Ley de Mecenazgo); que se acerquen a la realidad social y se molesten en escuchar las necesidades de los distintos agentes; que se facilite el acceso a la financiación y una mayor fluidez en el intercambio de información con la Administración; y que los sistemas de solicitud de subvenciones y justificación de resultados sean menos burocráticos.

Confiemos en que, sean quienes sean los ganadores en las urnas, sepan otorgar a estas organizaciones el reconocimiento que merecen y adoptar medidas para contribuir a su fortalecimiento y sostenibilidad, porque el Tercer Sector es un pilar básico de toda democracia.