Es difícil encontrar un partido más antisistema que Vox en el amplio espectro que presenta el país. Cabe preguntarse por qué, entonces, a día de hoy, es un partido legal. Probablemente se esté forzando la ley para mantener la paz y evitar más crispación.

La Ley Orgánica de Partidos vigente no es ambigua, pero sí parecen serlo ciertos conceptos. En su capítulo I dice: “El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda […] justificar el racismo y la xenofobia”. La ley es clara, pero en los últimos años, para la justicia, los conceptos de racismo y xenofobia no parecen serlo tanto. Vox sigue coqueteando con estas dos lacras de la sociedad.

Lo que no admite interpretaciones es el artículo 7: “La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos”. Pues bien, el jefe de campaña de Vox en Alicante, Eduardo Martínez Fuster, declaró hace un par de semanas que el suyo “no es un partido democrático, ni lo será”. Demasiados dedazos tolera la ley como para aceptar también que algunos hasta se jacten de incumplirla.

PP y Ciudadanos, después del experimento de Andalucía, decidieron mirar hacia la ultraderecha en lugar de apuntar hacia el centro

Y tan meridianamente claro es el asunto, que en estos días se ha conocido un manifiesto firmado por ex dirigentes del partido, que cargan contra Santiago Abascal, por convertir a Vox en un chiringuito de colocación de amigos y familiares.

PP y Ciudadanos, después del experimento de Andalucía, decidieron mirar hacia la ultraderecha en lugar de apuntar hacia el centro. Aunque después de la debacle, Pablo Casado intente, torpemente, rectificar, la verdad es que en el debate a seis, organizado por El País y la Cadena SER, PP, Ciudadanos y Vox han ido, una vez más, de la mano. Esta vez contra Manuela Carmena. Otra vez los candidatos de los populares y de Ciudadanos fueron amables con el de la ultraderecha. Parecen no haber entendido el mensaje de las urnas, ni el peligro que conllevaría que los ultraderechistas sigan sumando escaños en las instituciones.

Propuestas como la de Javier Ortega Smith, que quiere llevar el Orgullo Gay a Casa de Campo –en otras palabras, que vuelvan al armario-, deberían ser suficientes para ser responsables a la hora de poner un cordón sanitario.

Mal haremos en creer que la irrupción de Vox es un problema español y mal haremos en contentarnos cuando vemos los números de la ultraderecha en Europa, en la comparativa con los de la de nuestro país. Es verdad que con el 10% estamos lejos del 17% de Italia, Suecia y Finlandia, del 21% de Francia, del 26% de Austria, del 37% de Polonia o del 45% de Hungría. Pero en todos esos países hay un denominador común: en todos la ultraderecha empezó con el 10%.

Es significativo que en su ronda de entrevistas, el presidente Pedro Sánchez haya dejado afuera a Vox, después de decir que la única línea roja era la Constitución. Nadie medianamente responsable le puede afear esa decisión. Pero esto no hace desaparecer al partido ultra. Para enfrentarse al peligro que viene, se necesita más colaboración de PP, de Ciudadanos y de los medios, que no pueden justificar o mirar para otro lado cuando Vox se enfrenta a la Constitución y a la convivencia.

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com

Es difícil encontrar un partido más antisistema que Vox en el amplio espectro que presenta el país. Cabe preguntarse por qué, entonces, a día de hoy, es un partido legal. Probablemente se esté forzando la ley para mantener la paz y evitar más crispación.

La Ley Orgánica de Partidos vigente no es ambigua, pero sí parecen serlo ciertos conceptos. En su capítulo I dice: “El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda […] justificar el racismo y la xenofobia”. La ley es clara, pero en los últimos años, para la justicia, los conceptos de racismo y xenofobia no parecen serlo tanto. Vox sigue coqueteando con estas dos lacras de la sociedad.

Lo que no admite interpretaciones es el artículo 7: “La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos”. Pues bien, el jefe de campaña de Vox en Alicante, Eduardo Martínez Fuster, declaró hace un par de semanas que el suyo “no es un partido democrático, ni lo será”. Demasiados dedazos tolera la ley como para aceptar también que algunos hasta se jacten de incumplirla.

Y tan meridianamente claro es el asunto, que en estos días se ha conocido un manifiesto firmado por ex dirigentes del partido, que cargan contra Santiago Abascal, por convertir a Vox en un chiringuito de colocación de amigos y familiares.

PP y Ciudadanos, después del experimento de Andalucía, decidieron mirar hacia la ultraderecha en lugar de apuntar hacia el centro. Aunque después de la debacle, Pablo Casado intente, torpemente, rectificar, la verdad es que en el debate a seis, organizado por El País y la Cadena SER, PP, Ciudadanos y Vox han ido, una vez más, de la mano. Esta vez contra Manuela Carmena. Otra vez los candidatos de los populares y de Ciudadanos fueron amables con el de la ultraderecha. Parecen no haber entendido el mensaje de las urnas, ni el peligro que conllevaría que los ultraderechistas sigan sumando escaños en las instituciones.

Propuestas como la de Javier Ortega Smith, que quiere llevar el Orgullo Gay a Casa de Campo –en otras palabras, que vuelvan al armario-, deberían ser suficientes para ser responsables a la hora de poner un cordón sanitario.

Mal haremos en creer que la irrupción de Vox es un problema español y mal haremos en contentarnos cuando vemos los números de la ultraderecha en Europa, en la comparativa con los de la de nuestro país. Es verdad que con el 10% estamos lejos del 17% de Italia, Suecia y Finlandia, del 21% de Francia, del 26% de Austria, del 37% de Polonia o del 45% de Hungría. Pero en todos esos países hay un denominador común: en todos la ultraderecha empezó con el 10%.

Es significativo que en su ronda de entrevistas, el presidente Pedro Sánchez haya dejado afuera a Vox, después de decir que la única línea roja era la Constitución. Nadie medianamente responsable le puede afear esa decisión. Pero esto no hace desaparecer al partido ultra. Para enfrentarse al peligro que viene, se necesita más colaboración de PP, de Ciudadanos y de los medios, que no pueden justificar o mirar para otro lado cuando Vox se enfrenta a la Constitución y a la convivencia.

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com