Una madrugada del pasado año, el coche VTC en el que yo llegaba al aeropuerto de Sevilla fue primero deslumbrado desde atrás con luces largas y luego, antes de la entrada, detenido unos minutos por un par de taxistas. La cosa no llegó a más. Al bajarme, el conductor me pidió disculpas y añadió: “Ya sabe usted que aquí hay una mafia de unos pocos que controlan el negocio y están dispuestos a lo que sea”.
Y es verdad. Ninguno de los últimos 5 alcaldes de la ciudad ha podido controlar la existencia de este grupo organizado de taxistas, que tienen la exclusiva del traslado del recinto aeroportuario a la capital, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decretó la obligatoriedad del turno rotatorio hace ya 22 años. La ecuación es clara: no más de 160 taxistas diarios atienden el flujo de viajeros que llega al aeropuerto de San Pablo, que son una media de 20.000 diarios, con picos de 27.000. Esto se traduce en que hay personas que esperan más de 40 minutos para poder subirse a un vehículo.
Más datos: en la ciudad de Sevilla hay actualmente 1.930 licencias de taxi, pero solo pueden atender el servicio los 215 taxistas que pertenecen a la asociación “Solidaridad del Taxi”, que se reducen a esos 160 por los descansos obligatorios.
Si algún profesional que no pertenezca a esa asociación decide ponerse en la cola para captar clientes, es amenazado y la integridad de su vehículo queda en entredicho, con muchos casos de pinchazos, roturas y sabotajes. La tercera acepción del diccionario de la RAE sobre la palabra “mafia” dice: “Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Por lo tanto, podemos hablar de la mafia del taxi de Sevilla.
Esta inacción municipal está generando un grave deterioro de la imagen de la ciudad, pues el taxista es el primer contacto con la realidad después de bajarse del avión. Además, los usuarios habituales se han pasado ya a los VTC, que cada día hacen más servicios, lo que, a larga, pone en peligro a todo el colectivo y pagarán justos por pecadores. Hagan ustedes la cuenta: la tarifa fija, en día de diario, es de 24,98 euros y 27,84 en noches y festivos. Estos no más de 160 conductores son los únicos que pueden atender el servicio, lo que les supone una media de 12 carreras diarias; o, lo que es lo mismo, unos ingresos de casi 300 euros diarios, si hablamos en horario diurno y 334 si se trabaja de noche o fin de semana.
Los taxistas afectados por esta prohibición de facto de trabajar en el aeropuerto se quejan de que las dotaciones de la Policía Local son escasas y poco activas, de modo que el miedo da como resultado una cierta impunidad. Además, ante una eventual intervención oficial para solucionar esta cuestión, hay una respuesta de amenaza de acción violenta, incluyendo la paralización de calles y avenidas en hora punta, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.
27 conductores han sido procesados por estos hechos, pero nada ha cambiado. La violencia sobrevuela a los que se oponen a esta mafia que está desluciendo la imagen de una ciudad que tiene un gran cartel en el ámbito turístico mundial, pero que ya empieza a resentirse por estas actitudes más propias de un pasado ya lejano.
La pregunta que nos hacemos todos es por qué el Ayuntamiento no hace nada y mira para otro lado. Oficialmente, esperan que sea el propio colectivo profesional el que corrija esta disfunción propia de una república bananera.
