Estos días me ha escrito un padre desesperado. No buscaba hacer ruido ni protagonismo. Me escribió porque ya no sabe qué hacer. Su hijo lleva ocho meses en lista de espera para ser operado de un tumor en la cabeza. Ocho meses mirando el teléfono, esperando una llamada que no llega, intentando sostener la calma mientras la angustia crece cada día un poco más. Cuando un padre llega a ese punto, no hablamos de un fallo puntual: hablamos de un sistema que ha dejado de proteger.
El tumor es benigno, sí. Pero está situado en una zona especialmente delicada. Y eso no tranquiliza, al contrario. Porque el tiempo pasa, la operación no llega y el miedo se instala en casa. No hay fecha. No hay explicaciones claras. Solo silencio, burocracia y una sensación de abandono que va minando a toda la familia. Esta es la Andalucía real. La que no aparece en los discursos triunfalistas de Moreno Bonilla.
Conviene explicar bien la dimensión del calvario que vive esta familia. Primero tuvieron que esperar durante meses para conseguir una cita calificada como preferente. Meses de llamadas, de reclamaciones, de incertidumbre. Cuando por fin lograron esa cita, lejos de acabar la pesadilla, comenzó la segunda fase: la espera para la intervención quirúrgica, que ya se prolonga desde hace ocho meses. Preferente sobre el papel. Desesperante en la vida real.
El caso se conoció públicamente en marzo de 2025, cuando varios medios recogieron la denuncia de una familia de Marbella. Su hijo, de 21 años, tenía un bulto en la cabeza y llevaba cinco meses esperando una cita preferente con Neurocirugía en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Había sido derivado en octubre de 2024 y, pese a tratarse de un caso prioritario, no había recibido ni una llamada ni una fecha de consulta.
La familia, de una barriada humilde de Marbella, había seguido todos los pasos. Atención primaria, Hospital Costa del Sol y, desde allí, derivación al Hospital Regional de Málaga con carácter preferente. Presentaron reclamaciones ante el Servicio Andaluz de Salud. Dos veces. La respuesta fue siempre la misma: colapso. Lo sentían mucho, pero estaban colapsados.
Hoy la situación es aún más grave. Porque tras aquella espera inicial para conseguir la cita, el joven sigue aguardando la operación, mientras el tumor continúa ahí y la preocupación crece día tras día. No puede trabajar. No puede hacer deporte. No puede hacer una vida normal. Y sus padres viven atrapados en una angustia permanente.
Han llegado incluso a plantearse acudir a la sanidad privada. No porque quieran, sino porque sienten que no les dejan otra alternativa. “Sería mucho dinero, pero ya se buscaría”, decía el padre. Y añadía una frase que resume todo el drama: “Pero es que tenemos la sanidad pública para algo”.
Y aquí está el núcleo del problema. Porque este no es un caso aislado. Es el rostro humano de un fracaso político. Andalucía encabeza hoy las listas de espera sanitarias más altas de toda España. No por casualidad. No por mala suerte. Sino por decisiones conscientes.
Las cifras son demoledoras. Más de 200.000 andaluces esperan una intervención quirúrgica. Más de 850.000 personas aguardan una consulta con un especialista. La demora media para operarse se sitúa en niveles históricamente altos, superando los 160 días en varias provincias. Más de un millón de personas atrapadas en un sistema que incumple de forma sistemática los plazos legales.
Mientras tanto, el Gobierno andaluz insiste en vender una sanidad que no existe. La realidad es que Andalucía, junto con Madrid, está a la cola en inversión sanitaria pública por habitante. Se invierte menos que la media estatal. Menos recursos. Menos personal. Menos capacidad de respuesta. Pero lo más grave no es solo lo que no se invierte en la sanidad pública. Es a dónde sí se está yendo el dinero.
Durante los últimos años, el Gobierno de Moreno Bonilla ha destinado más de 4.000 millones de euros a la sanidad privada mediante conciertos, derivaciones y planes de choque. Miles de millones de dinero público que han servido para fortalecer un sistema paralelo mientras los hospitales públicos se vacían de profesionales y se saturan de pacientes.
La pregunta es inevitable: ¿por qué no se han destinado esos recursos a reforzar la sanidad pública? ¿Por qué no a contratar más médicos, más enfermeras, más personal sanitario? ¿Por qué no a reducir de verdad las listas de espera en lugar de maquillarlas?
La respuesta es política. Se ha optado por un modelo que debilita lo público y normaliza que quien puede pagar salga antes, mientras quien no puede esperar se queda atrapado en una lista interminable. Un modelo injusto, caro e ineficiente.
Este sistema no solo no soluciona el problema, sino que lo cronifica. Las derivaciones masivas no reducen las listas reales, especialmente en pruebas diagnósticas, donde el atasco afecta ya a millones de personas. Lo que hacen es encarecer la sanidad y convertir el derecho a la salud en una carrera de obstáculos.
Mientras tanto, Moreno Bonilla se disfraza de Rey Mago, reparte sonrisas y mensajes vacíos, y evita asumir responsabilidades. Pero hay padres que no duermen. Hay madres que viven con miedo. Hay jóvenes con su vida en pausa esperando una operación que no llega.
Esto es lo que ocurre cuando la sanidad pública deja de ser una prioridad política. Esto es lo que pasa cuando se gobierna de espaldas a la realidad social. Y esto tiene nombres y apellidos. Porque gobernar también es decidir. Y en Andalucía se ha decidido no cuidar lo suficiente de su sanidad pública. Las consecuencias no son abstractas. Tienen rostro. Tienen nombre. Y duelen.
