Pero no es el único que mira hacia el otro lado. Hace unos días se reunió el Consejo Empresarial para la Competividad, “la crème de la crème” de los adinerados de este país que convoca a las grandes fortunas dueñas de empresas y a altos ejecutivos de las principales compañías del Ibex 35. Este lobby no hace declaraciones públicas pero en su reunión madrileña comentó en privado que no pensaban que en ningún momento se fuese a recuperar el Impuesto de Patrimonio (iban algo despistados) sino que más bien, los cambios podrían venir de una modificación de los tramos del impuesto sobre la renta. Pero eso sí, si alguien pensaba en subirles el tramo a ellos, también se debería hacer con las clases medias.
En resumen, aceptarían alguna subida siempre que los funcionarios, asalariados y mileuristas también les afectase. Realmente de este sector social poco se puede esperar, pero el que tiene la obligación de subir esos impuestos y recaudar más fondos para las políticas sociales es el gobierno, el actual o el que salga de las urnas el 20N. Cuando las cosas están tan mal a nivel económico antes que pedir esfuerzos a los asalariados hay que hacerlo al que más tiene, pero sin trampas.
En España se calcula que el fraude fiscal es del 25%, el doble de la media europea. La consecuencia de esta evasión es que genera una mayor presión sobre las rentas de trabajo, o sea los salarios que siempre son más fáciles de controlar que las rentas del capital. Obviamente las nóminas y las pequeñas empresas no tienen las mismas facilidades que las multinacionales a la hora de camuflar sus ingresos.
Hay que tener en cuenta que el dinero que va a parar a los paraísos fiscales corresponde entre un 3 y un 5% a la corrupción, alrededor de un 30% al crimen organizado, y a la evasión fiscal entre un 60 y un 65 %, según datos del Global Financial Integrity.
En España, según nos recuerda José Luis Escario en Paraísos fiscales, “un 80% de las empresas del Ibex 35 tienen presencia en paraísos fiscales a través de sociedades participadas”. Pero a pesar de que en los últimos años se ha avanzado en Europa en descubrir y denunciar estos paraísos, es difícil acabar con ellos. La mayoría de estos depósitos no están a nombre de personas físicas sino de sociedades pantalla o fundaciones.
Así nos podemos encontrar con hechos tan chocantes como que en Isla Mauricio nueve personas administran 1.550 compañías o que en las Islas Caimán hay más de 70.000 empresas registradas con una población de 54 mil habitantes. ¡Sorprendente!.
La próxima reunión del G20 que se celebra en noviembre en Cannes es un buen momento para seguir avanzando en este tema.
Por su parte, el movimiento alemán Ricos por una Tasa para los Ricos, impulsado por el psiquiatra retirado de 68 años Dieter Lehmkuhl, propugna que los dos millones de alemanes cuyo patrimonio supere los 500.000 euros -y aquí se incluye él mismo- paguen un 10% más, al menos durante dos años. Una propuesta que aportaría 100.000 millones de euros a las arcas públicas.
Eso es algo impensable en España en donde los ricos tienen miedo a reconocerse como tales y nunca actúan de forma conjunta, algo que no ocurre en Francia y Alemania en donde tienen un reconocimiento social. En nuestro país solo 6.829 personas declararon en 2009 tener unos ingresos superiores a 600.000 euros. Hablamos del 0,04% de los contribuyentes. En total, aportan 2.667 millones de euros anuales, únicamente el 3,93% de la recaudación del IRPF.
Hasta Berlusconi ha tenido que subir suavemente los impuestos a las grandes fortunas y su colega conservador el Presidente portugués, Passos Coelho, ha dado a conocer recientemente dos nuevos impuestos del 3% y 2,5% a las empresas con beneficios superiores a 1,5 millones de euros anuales y a los particulares con salarios más altos, respectivamente.
Como contraste, en la provincia de Tarragona CiU y PP se han unido para impedir que los socialistas aprueben los presupuestos municipales del 2012 si el Ayuntamiento no revisa a la baja los impuestos a los empresarios. Hay que tener en cuenta que Tarragona es la segunda ciudad más endeudada de Catalunya.
Ya ven por dónde van los tiros.
Mercè Rivas Torres es periodista y escritora
PD. Los hospitales públicos de la Generalitat de Catalunya piden a ocho de sus centros que se restrinjan al máximo los ingresos hospitalarios y que supriman pruebas como resonancias, radiografías o TACS.
