En el debate del estado de la Nación de la semana pasada Abascal planteó al presidente del Gobierno la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional que interconectara todas las cuencas hidrográficas del Estado y solucionara los déficits hídricos de las cuencas más secas gracias a las aguas excedentarias de las más húmedas. La propuesta no tiene nada de nueva, es de mediados del siglo pasado. Su único inconveniente es que el cambio climático ha desbaratado todos los planes hidrológicos y los ha hecho inviables por la falta de precipitaciones en todos los territorios.

Los trasvases ya no son posibles en la mayoría de los casos porque falta lo fundamental: agua para trasvasar. La memoria democrática, tan denostada estos días por la derecha y la ultraderecha, me hizo recurrir a las hemerotecas y recordar que en 2014 el ministro de Agricultura y Medio Ambiente del PP, Miguel Arias Cañete, desempolvó el proyecto del acueducto del Ródano a la región de Barcelona, reivindicado desde 2002 por CiU (hoy Junts per Catalunya) como alternativa al derogado trasvase del Ebro.

El Partido Popular ha venido apostando por la interconexión de las cuencas y se opuso a las desaladoras promovidas por el gobierno socialista de Zapatero, al que el tiempo ha dado la razón. Cuando Francia tiene restricciones por sequía en 30 departamentos y el río Po en el norte de Italia está en mínimos históricos, España tiene todas sus cuencas estatales, salvo la del Júcar, con mucha menos agua embalsada que la media de los últimos 10 años. Pero la obsesión del PP por los trasvases de aguas superficiales es tal que para justificar su propuesta de legalizar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana, le echa la culpa al Gobierno central por no haber realizado las obras de conducción de unos trasvases previstos en la provincia de Huelva procedentes del Guadiana, cuenca fronteriza con Portugal que tiene tan sólo un 28% de agua embalsada.

En la Sierra de Huelva, antaño una de las zonas con más pluviosidad de Andalucía, 14 localidades sufren ya cortes de agua de hasta 10 horas debido a la sequía. El caso más flagrante es el de Aroche, un municipio que ha registrado en los últimos años un crecimiento descontrolado de la agricultura intensiva, a costa del acuífero Aroche-Jabugo del que se abastecen para consumo humano buena parte de las localidades serranas que ahora sufren el agotamiento de las aguas subterráneas.

A pesar de las incontestables evidencias, la Junta de Andalucía no ha llevado todavía al Parlamento la declaración de emergencia climática para nuestra comunidad, como han hecho otras comunidades, ciudades  y el Gobierno central. Con la mayoría absoluta obtenida en las elecciones del 19 de junio no hay excusa alguna para no declarar la emergencia climática andaluza en cuanto se reanude la actividad parlamentaria en septiembre.

Ahora los acueductos van a tener que construirse para llevar el agua de las desaladoras del litoral a las montañas del interior, si no queremos que la España interior se vacíe aún más de lo que está.