Aquel que dijo que la mejor defensa es un buen ataque es porque no sabía que aún más efectivo es tener a tu atacante trabajando a tu servicio. O porque no conocía a la Fiscalía General del Estado. Esto de tener a fiscales trabajando para salvar a los sospechosos, en lugar de defender el interés público, es algo novedoso, que se remonta al caso Nóos, con Pedro Horrach haciendo denodados esfuerzos por salvar la real cara de la infanta Cristina. Y, como se ha conocido hoy, la labor ha dado sus frutos porque, mientras Iñaki Urdangarin se lleva una pena de talego, la hermana del monarca sale airosa con sólo una multa, como el que aparca en el carril bus y no se llama Esperanza Aguirre.

Sea por esta lección, o porque nuestro presidente del Gobierno es un amante del fútbol y sabe de la satisfacción que da ver que el rival se mete goles en propia puerta, el Partido Popular está sacando partido de tener a la Fiscalía bajo su control.

Primero fue en La Rioja, con el sospechoso caso del chabolo de herramientas de labranza del expresidente regional, que se transformó de repente en un chalé de dos plantas. El fiscal del caso quiso investigar, pero apareció la Fiscalía General para pararle los pies porque “hay indicios, pero no son suficientes”. Si alguien debe investigar este prodigio, son los gemelos Scott y el canal Decasa, le faltó añadir.

Aunque el caso más sonado ha sido el del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y la salvación exprés vía fiscal de guardia que ha pretendido el Ministerio Público. El criterio mantenido es el de que, como no llegaron a meter la mano en la caja fuerte, no hay delito. El hecho de que esto pasara porque se detuvo en el tiempo de descuento al que le dio los explosivos para reventar el blindaje es irrelevante.

Este criterio, que despenalizaría cualquier delito en grado de tentativa y que permitiría a los delincuentes librarse de los crímenes que tenían planeados con un “lo chiento mucho cheñó”, no era compartido por las fiscales del caso, que son quienes mejor conocían el percal, y de ahí que se negaran a firmar semejante esperpento.

Según el ministro de Justicia, que es capaz de retorcer cualquier ley mientras pone cara de no haber roto un plato en su vida, “quizá quien tiene el problema son las fiscales”. Problema no sé, pero desde luego sí tenían pruebas para dar y tomar. Y se despacharon bien a gusto en el informe que sí firmaron para pedir la imputación de Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena. Aunque las fiscales la describen mejor como la socia del presidente murciano en “las maquinaciones” para elaborar el “plan criminal” con el que usar “fondos públicos” para limpiar su “estigmatizada” imagen política, a razón de “4.600 euros al mes” que iban a pagar todos los murcianos.

Ojalá algún día conozcamos este interés de Mariano Rajoy por salvar la cara a su amigo de selfies, Pedro Antonio Sánchez, quien siempre aparece en primera fila en las fotos del PP y a quien le blindan el cargo a toda costa. Quizás haya detrás alguna conexión desconocida por el momento. O quizás Rajoy sólo sea un amante nostálgico de las galas de Murcia, qué hermosa eres y pretenda defender el buen nombre de la región. Seguro que sólo es eso.