Imaginen ustedes este par de situaciones: El propietario de una cadena de discotecas es investigado por un juez, ya que llevaba años incumpliendo los horarios de cierre y molestando a los vecinos. Ahora, como miembro de la patronal hostelera, se sienta con el alcalde a negociar los nuevos horarios de apertura y cierre, de cara al verano.
Un conductor se ha quedado sin puntos en el carné de conducir y está investigado por dos presuntos delitos de conducción temeraria, detenido in fraganti por la Policía Local. Ahora, como miembro de un colectivo ciudadano, se sienta con el alcalde a revisar las medidas de seguridad para los peatones.
Dos hipótesis rechazables desde su origen, pues supone reconocer como interlocutor a quien incumple la norma. Salvo que estas situaciones se produzcan en Sevilla, donde su alcalde, el popular José Luis Sanz, ha convocado al Instituto del Taxi para analizar la situación del sector a raíz de la operación policial que ha descabezado a la mafia del taxi, después de 20 años operando en exclusividad y por la fuerza en el aeropuerto de San Pablo. En esa reunión se decidirá cómo operar a partir de ahora en la terminal y qué pasará con la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, cuya junta directiva fue detenida al completo y a la que pertenecen los 35 taxistas detenidos o investigados por imponer a la fuerza un monopolio en la parada del aeropuerto. Dicho de otro modo, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla considera que estamos ante una presunta organización criminal.
Pues el presidente de esta asociación está invitado por el alcalde a asistir a la reunión en la que se decidirá sobre el futuro del colectivo y cómo afrontar el servicio en el aeropuerto, donde las carreras son, con mucha diferencia, las más rentables. Esto es lo que hay, sin que la oposición socialista haya puesto el grito en el cielo, como hace habitualmente.
¿Por qué tienen tanto miedo al sector del taxi en el Ayuntamiento de Sevilla? ¿Por qué ese doble rasero con respecto a la negociación con otros colectivos profesionales? ¿Puede ser la amenaza, de fácil cumplimiento, de bloquear las principales avenidas de la ciudad cuando no se les atiende? Lo cierto es que ha sido una operación policial del Ministerio del Interior quien ha acabado por romper una dinámica que el Ayuntamiento consentía de facto, a pesar de que hace ya 23 años un juzgado advirtió del problema y planteara el establecimiento de un turno rotatorio para todos los conductores.
Esa impunidad supuso violencia y daños. Hasta AENA claudicó y facilitó a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi un local para descanso y solaz de sus conductores, sin que se entienda la razón. Mientras tanto, los policías locales adscritos al aeropuerto se vieron sobrepasados y empezaron a pedir el traslado. Nadie, hasta ahora, puso el cascabel al gato y eso ha repercutido en la calidad del servicio y en la imagen de la ciudad.
No olvidemos que Sevilla tiene un servicio público de transporte a San Pablo deficitario, un autobús de línea, muy por debajo de los que tienen otras ciudades que aspiran a ser referentes turísticos. El tren que uniría la estación de Santa Justa con el aeropuerto es sólo un proyecto, por el que se pelean Madrid y Sevilla. Estamos hablando de 7 kilómetros de distancia.
El futuro es incierto. Después de 23 años, hay taxistas que no están dispuestos a perder el privilegio de la exclusividad y ya se han producido incidentes, sin resultado grave porque estos días el aeropuerto está tomado por unidades del Cuerpo Nacional de Policía. Los turistas que nos visiten se llevarán una primera impresión poco tranquilizadora. A ver si al alcalde y al resto de la corporación municipal se les pasa el miedo.
