La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier democracia. Si no está permitido expresar opiniones y pensamientos, no hay democracia que valga. Eso lo sabe cualquiera. Pero esto no puede significar que la libertad de expresión sea un gran paraguas que permita que se diga cualquier cosa. Porque, por grande que sea el paraguas, no puede proteger a todo el mundo de la lluvia. Y eso es lo que sabe cualquiera.

Vivimos tiempos complicados. El auge de las redes sociales y la posibilidad de que cualquier persona pueda emitir un mensaje con posibilidad de llegar a un público infinito hace que surjan realidades que antes ni se planteaban. Cuando, no hace tanto tiempo, no había más libros ni periódicos que los de papel ni más posibilidad de publicar que pasar por el filtro de un editor, las cosas eran mucho más sencillas. El Código Penal preveía un sistema de responsabilidad en cascada que acababa afectando al director de la publicación a poco que no hubiera tenido cuidado en lo que publicaba, porque siempre podía haber una responsabilidad por haber ofendido a alguien o desvelado lo que no se debía de desvelar. Incluso en democracia. Porque la libertad de expresión no es ilimitada.

Y, precisamente, a eso iba. A esos límites de los que mucha gente parece no ser consciente. Porque, por más que la libertad de expresión sea un derecho fundamental, no es ilimitado, como no lo es ningún otro derecho. Y la línea divisoria está, precisamente, en los derechos de los demás. Así que, del mismo modo que, a pesar de que mi libertad de acción existe, no puedo utilizarla para darle un bofetón al vecino, tampoco puedo usar la libertad de expresión para agredir verbalmente sin límites. Por más que les cueste de entender a algunas personas.

Los delitos de odio que, en los últimos tiempos, por desgracia, aparecen como setas, son la viva muestra de la existencia de esos límites. Como decía ates, no todo vale y, cuando la discriminación es grave, el hecho es, además de ilícito, delictivo, que no es lo mismo. Como sociedad, no podemos ni debemos consentir que hay personas o grupos de personas que se vean discriminados y atacados por razón de su religión, su orientación sexual, su sexo, su género, su origen nacional, el color de su piel, su edad, o su pobreza. Y el Derecho tiene la obligación de dar la respuesta adecuada a quienes lo hacen, sin que eso suponga vulnerar la libertad de expresión ni cercenar los pilares de la democracia. Faltaría más.

SUSANA GISBERT
Fiscal y escritora (@gisb_sus)