¿Por qué no se calificó de delito de colaboración con banda armada el hecho de que estos altos responsables políticos no instasen a las detenciones del responsable político de la banda, Mikel Albizu Iriarte, “Antza”, de Ignacio María Gracia Arregui, y de “Iñaki de Rentería”, máximo jefe de ETA, con quienes tuvieron una reunión de cuyo contenido no se ofreció un detalle pormenorizado?
¿Por qué el Partido Popular, por boca de su diputado Ignacio Gil Lázaro, arremete en las sesiones de control al Gobierno contra el que fuera ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, responsabilizándole de colaborar con banda armada y de que ello significa un “atentado contra la memoria de las víctimas del terrorismo”, cuando muy cerca del ministro se sienta un diputado socialista, Eduardo Madina, que sufrió un atentado con bomba lapa colocada en los bajos de su coche por un comando de ETA que le causó graves lesiones, entre ellas la amputación de la pierna izquierda a la altura de la rodilla, cuando se dirigía, sin escolta, desde su domicilio a su puesto de trabajo en Sestao?
Todas estas cuestiones sólo tienen una respuesta. Cuando, excepcionalmente, el gobierno popular de José María Aznar vivió una coyuntura en la que pareció viable acabar con la violencia terrorista etarra los partidos de la oposición le concedieron, de facto, un cheque en blanco para que gestionase lo mejor que supiese y pudiese sus contactos, comportamientos y actuaciones con ETA en lo que era un objetivo compartido por todos.
Pero, no nos engañemos, la postura del Partido Popular en relación con el terrorismo de ETA siempre ha sido la misma: cuando ha tenido responsabilidades de gobierno, la de aprovechar en su beneficio partidista el compromiso por la paz del resto de los partidos políticos y, cuando ha estado en la oposición, la de dinamitar con actuaciones, declaraciones y argumentos insidiosos, falaces, cínicos e, incluso, calumniosos todas las iniciativas del Ejecutivo que, siempre, han ido encaminadas a la consecución del cese de la violencia armada.
Ni delito, ni colaboración con banda armada, ni falta de respeto por la memoria de las víctimas; lo que el Partido Popular ha pretendido, pretende y seguirá pretendiendo es utilizar el terrorismo para acceder al poder y, una vez conseguido, para mantenerse en él. Ese y no otro, lo disfracen como lo disfracen, es el porqué del caso Faisan.
Gerardo Rivas Rico es Licenciado en Ciencias Económicas
