Basta con ser periodista, o solo demócrata, para que te salten las alarmas cuando escuchas que varios partidos políticos han elevado una queja al Congreso contra compañeros de profesión. También es cierto que, si eres periodista, no estaría de más leerse el comunicado que han firmado hasta 12 jefes de prensa, que también son compañeros. Por aquello de acudir a las fuentes, digo, y enterarte de que nadie habla de vetos ni censuras y sí de mantener las formas y el respeto. Aunque lo lógico es que, a estas alturas, cada uno fuera al Congreso ya educado de casa.

El comunicado chirría de primeras, porque despierta dudas como quién se encarga de distinguir qué es una falta de educación y qué una pregunta afilada. O cuándo es pertinente una repregunta ante el político que se escaquea. Incluso si es de recibo elevar una queja cuando un representante público censura de manera sistemática a algunos medios, como desde hace años ejecuta Vox con ElPlural.com y otros compañeros. En su día ya se lo reprochamos a Santiago Abascal en directo, con educación y respeto, y por eso nos asalta la duda sobre si hay paralelismos entre lo que se vive desde hace semanas en el Congreso.

Quizás el Rubicón sean los insultos y las faltas de respeto, que es lo que denuncian los jefes de prensa. Porque, desde hace unas semanas, dos interrogadores de medios de nuevo cuño buscan de manera sistemática su minuto de gloria con la estrategia de realizar preguntas insidiosas que arrancan con una acusación o provocar al protagonista de la rueda de prensa. Y el hecho de que insulten a los representantes de la izquierda mientras que llaman “querido portavoz” al de Vox ya debería hacernos sospechar de su profesionalidad, porque la objetividad está descartada.

Lo que el ciudadano quizás desconoce es cómo funciona la sala de prensa del Congreso. Mientras que en el Consejo de Ministros es la portavoz, Isabel Rodríguez, la que va dando turnos de palabra y el personal de Moncloa va repartiendo un micrófono, el sistema en la Carrera de San Jerónimo es más libre. Porque, aunque los jefes de prensa del político reparten turnos, los periodistas son los que encienden su micrófono. Y eso da barra libre a los alborotadores para arrogarse la voz cuando les apetezca y montar el pollo. Lo que, por cierto, impide participar al resto de periodistas que tienen intereses menos espurios.

La estrategia suele dar sus frutos casi siempre con Gabriel Rufián. La mayoría de los portavoces aguantan el chaparrón con la ya conocida muletilla de “no participamos en burbujas mediáticas de la extrema derecha”, pero la mecha corta del de ERC que le ha hecho famoso se chamusca rápido, sobre todo si, como ayer, se le echa en cara la trágica muerte de una familia en un incendio en Barcelona. La mínima mueca o salida del guion ya sirve para convertirle en Trending Topic, esparcir el vídeo del espectáculo y que un par de nuevos incautos echen calderilla al cepillo mediático de la ultraderecha patria.

Lo que prueba que el comunicado de ayer es un error garrafal de los partidos firmantes que ha conseguido darles un protagonismo todavía mayor. Porque ni los provocadores van a caerse del caballo de la mala educación ni el Congreso va a tomar, faltaría más, ninguna medida contra estos medios de comunicación. Pero, aunque todo esto era de esperar tras leer el comunicado de ayer, confieso que no vi venir la ola de solidaridad de quien más tiene que callar en este aspecto: el Partido Popular.

Martínez-Almeida hablaba ayer de “secuestro de nuestras libertades” y lo calificaba como “lo más grave que ha pasado hoy en nuestro país”. “La democracia demanda periodismo, no censura”, decía Ayuso en Twitter, quien hablaba de comportamiento “totalitario y repulsivo de la izquierda”. Y Pablo Casado, en un ataque de originalidad, mencionaba no sé que de etarras y Bildu. Pero el más doloroso es el tuit de Teodoro García Egea. No porque también apelase a ETA, sino por su intención de meter en la cárcel a dos periodistas de los de verdad. De los que no tienen ni necesidad ni tiempo de montar números, porque están demasiado ocupados en destapar escándalos reales.

Mientras escribo estas líneas, Alicia Gutiérrez, de Infolibre, y su director, Daniel Basteiro, están declarando ante un juez y se enfrentan a la posibilidad de ir cinco años a la cárcel por “revelación de secretos”. ¿Qué secreto? Pues los SMS entre García Egea y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que probaban cómo el líder regional había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del número dos de Pablo Casado. Un familiar que fue atendido por el cardiólogo horas después de que López Miras metiera prisa, que acabó colándose en la lista de espera y fue operado en un hospital que no era el suyo.

Este es el periodismo que el PP y su secretario general quieren meter en la cárcel, mientras defienden la libertad de insultar y acosar de quienes les llaman “querido portavoz”.