El pasado 17 de mayo se conmemoraba el Día contra la LGTBIfobia. Un día temático a que hay que sumar la próxima celebración del Orgullo y algunas otras conmemoraciones que afectan al tema. Para alguno, excesivo, pero, por desgracio, tan necesario como siempre. O más, teniendo en cuenta el ascenso de partidos y grupos que promueven sin disimulo alguno la discriminación a todo lo que sea diferente, en general, y al colectivo LGTBI en particular.

A propósito de la fecha, se ha hecho público un estudio estadístico según el cual 1 de cada 2 personas que pertenecen al colectivo han sufrido algún tipo de agresión -física o verbal- el último año, y 1 de cada 5 ha padecido acoso por razón de su orientación sexual. Concluye el estudio, además, que 1 de cada cuatro personas LGTBI sufre discriminación en España y que las agresiones se duplican en un año.

Se trata, huelga decirlo, de unos datos que nos deberían hacer echarnos las manos a la cabeza y despertar todas las alarmas, pero nada de eso, según parece, porque, según el mismo estudio, hay un considerable sector poblacional que considera que “se ha ido demasiado lejos” y que ni supone un problema ni se requieren medidas para evitarlo.

Así las cosas, no es de extrañar que a infradenuncia continúe siendo el caballo de batalla más importante al que hemos de enfrentarnos quienes luchamos par que el derecho constitucional a la igualdad sea algo más que una declaración formal. Menos de la mitad de las víctimas acude a las autoridades y dos tercios de los ataques no son denunciados formalmente. Y esto debería hacernos pensar, y mucho.

Es cierto que el colectivo LGTBI ha sufrido durante mucho tiempo en nuestro país, en una etapa afortunadamente superada, la persecución desde las propias leyes, y eso ha enraizado una desconfianza en el sistema que es mucho más difícil de erradicar de lo que creemos. No basta con la publicación de una legislación que reconozca sus derechos que, por fortuna, tenemos desde hace mucho, sino que hay que adentrarse en el problema social más allá de lo que publique en BOE.

Sin duda alguna, hemos de ganarnos la confianza de las víctimas. Y para eso hay que recorrer un largo camino en la que todos los actores sociales tienen un papel nada despreciable. No basta con dejar las cosas en manos del legislador, ni de la justicia, porque es una cuestión social del máximo nivel.

Hay que enviar el mensaje a las víctimas de que no están solas, de que vamos a estar ahí para protegerlas y que la discriminación no sale gratis. Pero también hay que hacer llegar nuestro rechazo a los abusadores, a los intolerantes y los violentos. También ellos deben saber que sus acciones no salen gratis.

No podemos perder ni un minuto. Porque, cuando de igualdad se trata, todo lo que no sea avanzar es retroceder.