La dignidad de la ciudadanía balear

Durante la pasada legislatura, el Gobierno del Partido Popular prohibía rotundamente el alquiler turístico de las viviendas. Con la llegada del gobierno formado por PSIB, MES y Podemos se puso en marcha una reforma de la normativa para remediar los problemas graves que estaban teniendo lugar en las islas. Por el momento, el alquiler de viviendas particulares para fines turísticos seguirá prohibido hasta que se establezca el mapa por zonas en las que se permitirá tal actividad. El plazo para marcar el mapa es de un año. Algunos ya comentan que muy probablemente se establezcan limitaciones, como ya ocurre en ciudades como Ámsterdam, en la línea de permitir el alquiler de la vivienda habitual con fines turísticos durante un máximo de 2 meses al año. Por otra parte, la ley permite el alquiler de viviendas unifamiliares (chalets y pareados). 

¿Cuál es el objetivo de estas medidas? Facilitar el acceso a viviendas de alquiler para personas que necesitan vivir en ellas, priorizar el derecho a la vivienda de quienes hoy en día no encuentran la manera de tener un hogar en el lugar donde trabajan. 

Se establece la obligatoriedad de registrar las viviendas que vayan a alquilarse por un tiempo inferior a 30 días, pudiendo ser sancionados sus propietarios al no cumplir con este requisito con una cantidad de hasta 400.000 euros de multa. En este sentido, se prevé la creación de un cuerpo de inspectores que deberán detectar viviendas vacías, así como aquéllas que se usen de manera irregular (como ocurre con algunas de protección oficial, por ejemplo). 

Por otro lado, la ley también obligará a los grandes poseedores de viviendas (empresas y sociedades) que lleven dos años vacías a que sean puestas en el mercado de alquiler. Se considera "gran poseedor" a aquélla persona física o jurídica que tenga diez viviendas o más en propiedad, alquiler o usufructo, que desarrolle una actividad económica con las mismas. Esto es: empresarios activos en el mercado de la vivienda. Deberán inscribir los inmuebles en el citado registro de Viviendas Desocupadas (con sanción prevista si no lo hacen de entre 3.000 y 30.000 euros). Recibirán una compensación económica también establecida por la ley, por el hecho de poner estos inmuebles a disposición de los inquilinos. 

Además, se anunció ayer que desde el Gobierno Balear se destinarán 3.350.000 euros en ayudas directas para el alquiler. Es la primera vez que se facilitan estas ayudas en Ibiza y Formentera para alquileres superiores a los 600 euros (que vienen siendo la mayoría). 

En fin, que ante una demanda social, la del acceso a una vivienda por parte de la ciudadanía, el gobierno progresista balear ha asumido su responsabilidad y ha tomado medidas al respecto. Medidas que considero justas, necesarias y que, además, deben ser tomadas de manera urgente (tal y como se ha hecho). 

La especulación inmobiliaria es un mal endémico que ha destrozado nuestra economía y nuestros derechos más básicos durante los últimos años. De manera especial, en los enclaves turísticos, se ha hecho imposible acceder a una vivienda, puesto que lo que le ha rentado hasta ahora a los propietarios y a la industria inmobiliaria ha sido mercadear con las viviendas para fines turísticos, mucho más rentables (sobre todo teniendo en cuenta que es el destino de personas con una capacidad adquisitiva más elevada que la nuestra). Dicho más claro: para un propietario de una vivienda en Ibiza ha resultado siempre más rentable alquilar por meses a turistas extranjeros que a un inquilino por periodos anuales a un precio asequible para éste. 

La falta de medidas al respecto, y sobre todo, del control necesario cuando éstas han intentado implementarse, ha ocasionado que el acceso a la vivienda en lugares como las Islas Baleares sea hoy en día un verdadero problema para miles de familias. Casos en los que se consigue un trabajo, pero que debe ser rechazado por la imposibilidad de encontrar una vivienda; o en el caso de encontrarla, que el precio resulte tan desorbitado que ni siquiera con el salario sea posible pagar el alquiler. 

Es fundamental establecer medidas correctoras que pongan de alguna manera límites a la especulación y garanticen los derechos fundamentales que nuestra Constitución protege. Y no, no estamos hablando de expropiaciones, como algunos ignorantes pretenden hacer ver. Estamos hablando de regulación que garantice los derechos básicos de la ciudadanía. Ya sé que para algunos eso de mercadear con viviendas, incluso con alimentos, responde a un sistema donde impera la ley de la selva, y que les parece correcto y adecuado. Ya saben, esos que dicen que hay manos invisibles que se encargan de que todo cuadre. Pero no, las cosas no cuadran, o al menos, siempre encajan mal para los de siempre: los que tienen salarios pésimos, y con ellos, han de intentar pagar alquileres inaccesibles porque el mercado quiere jugar con todo lo que se le ponga por delante. 

A esos que tanto defienden a los grandes poseedores y que nos atacan a quienes defendemos las medidas abordadas por el Gobierno Balear, les diré que después no vayan de patriotas, porque la mejor manera de querer a este país es garantizar que nuestros habitantes tengan viviendas dignas. Empleos de calidad, y ojalá los salarios de esos turistas que vienen aquí a hacer su agosto. (Por cierto, muchos de ellos, propietarios, a su vez, de estas viviendas que durante el año quedan vacías y se alquilan cuatro meses por cantidades desorbitadas para nosotros). Yo, por mi parte, defiendo la dignidad de la ciudadanía balear. Su derecho a tener una vivienda digna es el derecho de todos.