Hay quien está criticando duramente a la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y especialmente a su presidente, Miguel Ángel Noceda, por haber exigido la liberación del periodista español Pablo González durante su largo cautiverio en una cárcel polaca, acusado de espionaje a favor de Rusia. Esas críticas encierran también otras desavenencias históricas mucho más personales con Noceda, ilustre miembro de la redacción de El País hasta su jubilación y que, por ahora, no ha respondido a esas acusaciones.
Una vez más, el árbol no deja ver el bosque. Es cierto que la imagen de Pablo González Yagüe dando la mano agradecida a Vladimir Putin al bajarse del avión y su posterior charla distendida, dando abrazos a varios miembros de la comitiva, parecen demostrar que es mejor llamarle Pável Alekséyevich Rubtsov, nacido en Moscú en 1982.
Ha pasado 29 meses en una prisión de Polonia, acusado de espionaje, pues presuntamente identificaba y señalaba personas y lugares relacionados con la OTAN para el Servicio Secreto Exterior de Rusia. Estos últimos días se han filtrado sus presuntas actividades, usando el escudo periodístico y su pasaporte español, como nieto de un niño de la guerra que es, hasta su detención en febrero de 2022.
Criticar a la FAPE por exigir su libertad y ensañarse con su presidente es un ejercicio de miopía interesada, porque no hay que olvidar que el detenido era un ciudadano de la Unión Europea encarcelado en otro país igualmente miembro, lo que debe garantizar un mínimo de derechos, por muy graves que sean los delitos presuntamente cometidos. Empezando por conocer de qué se le acusa y de permitirle que pueda ser visitado por su familia y disponer de lo mínimo imprescindible para evitar problemas de salud, lo que desgraciadamente no ha ocurrido, pues actualmente está siendo tratado de una afección pulmonar, fruto del frío y la humedad de su celda.
Todo ello debe hacerse sin entrar en más consideraciones. Es una cuestión de un derecho que tenemos todos los españoles. Por eso, durante todo este tiempo Exteriores mantuvo un silencio prudente, intentando garantizar una relativa calidad de vida al detenido y apoyando a la familia y al abogado defensor en distintas gestiones.
Los presuntos delitos cometidos no justifican entorpecer su derecho a ser defendido ni los comportamientos de las autoridades polacas, que, según el propio Pablo González, le animaron a quitarse la vida como pago a sus actos, sin informarle nunca de los cargos que se le imputaban. “Las ventanas se pueden abrir; voy al baño y no me están vigilando” le dijo a su esposa desde su nuevo alojamiento en Moscú. Es una cuestión, insisto, de derechos que todo español, por el hecho de serlo, tiene concedidos y la FAPE hizo bien en reivindicarlos, en tanto que se trataba de un periodista. También lo exigieron muchas otras organizaciones; entre ellas Amnistía Internacional.
De haber sido un abogado o un ingeniero, sus colegios profesionales habrían actuado en el mismo sentido; estoy seguro de ello. Caiga ahora el peso de la Ley sobre Pablo González y pague por sus delitos, que están por demostrar en un juicio. Las penas de telediario a las que tanto nos estamos acostumbrando en nuestro país no deben hacernos perder la perspectiva, especialmente a nosotros los periodistas, por mucho que tengamos cuentas pendientes. Esas hay que guardarlas siempre y no convertir en rehenes de ellas a nuestros lectores.
Sería bueno que la FAPE respondiera, aunque eso supusiera nuevas críticas en los mentideros habituales, porque siempre estarán enfrente; pero sus miembros, más de 19.000, se merecen explicaciones. Pablo o Pável, da lo mismo a este respecto.