Una convocatoria de elecciones como la que se produjo el lunes tiene algún precedente en la historia de España. En 1982, Leopoldo Calvo-Sotelo, que ejercía de presidente del Gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez, convocó elecciones, sin previo aviso, seis meses antes de lo previsto por el bloqueo que sufría la UCD en la tramitación parlamentaria de los Estatutos de Autonomía y por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos. Fue de un día para otro. La llamada a las urnas sorprendió a todo el mundo y pilló con el pie cambiado al propio Suárez, que estaba trabajando, como Yolanda Díaz, en la configuración de su proyecto político, el Centro Democrático y Social. Obtuvo dos escaños.
Entre los problemas de una convocatoria sobrevenida de elecciones, uno de los más importantes es la pérdida de oportunidades legislativas. Firmado el Decreto de convocatoria de elecciones, las cámaras se disuelven y no es posible seguir tramitando ninguna iniciativa. A la ley de atención a la clientela le quedaban pocas horas para su aprobación definitiva en el Senado.
Otras normas, como la ley del cine, llevaban más de un lustro esperando su turno. La fragmentación parlamentaria y la inestabilidad política impidieron su aprobación los años previos a la pandemia. La tramitación de esta ley, imprescindible para recoger nuevas formas de difusión y comercialización de películas y series, ha decaído cuando los grupos parlamentarios estaban negociando enmiendas al texto que había elaborado el Ministerio de Cultura y Deporte.
Tampoco verán la luz en el corto plazo leyes para promover la movilidad sostenible, para modernizar el servicio público de justicia, para garantizar la paridad en los órganos de administración de las empresas o para regular la influencia de los lobbies en España. Así, hasta 62 normas. Todas ellas se encontraban en diferentes etapas del proceso legislativo. La convocatoria de elecciones, sorpresiva e inesperada, ha impedido que se aprueben.
Aunque el Gobierno electo quisiera reactivar estas iniciativas, no podría retomar el trámite en el punto en el que se quedaron. Deberá empezar desde el principio, y cada uno de estos borradores tendrá que volver a superar todos los trámites del proceso legislativo: consulta pública e informes previos de órganos consultivos, audiencia, dos lecturas en Consejo de Ministros, remisión al Congreso de los Diputados y tramitación parlamentaria.
¿Se aprobarán estas normas a tiempo? Ya lo veremos. Unas sí y otras no. En lo que a mí respecta, en mi profesión, los asuntos públicos, las normas que obligan a la transparencia de los lobbies eran urgentes, pues ya son muchos años que somos la nota disonante en Europa: España es el único país de nuestro entorno que carece de una regulación en esta materia. Las democracias más avanzadas del mundo tienen reglas de conducta para los grupos de interés, a excepción de España. Estaba previsto que esta norma se aprobara el martes en Consejo de Ministros e iniciara, entonces, su andadura parlamentaria. Ya no podrá hacerlo.
¿Esto quiere decir que España está abandonada a su suerte? No, España sigue funcionando. El Gobierno tiene plenas facultades hasta que sea sustituido por uno nuevo. En situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, el poder ejecutivo puede aprobar reales decretos-leyes, que deberán ser convalidados por la Diputación Permanente, un reducido número de diputados de todas las sensibilidades políticas que velan por que no haya un momento en que el Gobierno actúe sin el control del poder legislativo.
Respecto de las normas que no tienen rango de ley, ¿qué puede hacer el gobierno? Debemos distinguir tres momentos. Hasta que comience la campaña, el gobierno puede actuar como si no hubiera convocado elecciones. Prueba de ello son las 1.610 plazas de empleo público que convocó el Ministerio de Hacienda después del anuncio electoral de Pedro Sánchez. Puede aprobar decretos administrativos, reglamentos, órdenes ministeriales y convocar ayudas públicas, sin límite cantidad, siempre que estén recogidas en los presupuestos generales del Estado. Iniciada la campaña, puede seguir haciéndolo, siempre y cuando sus actuaciones no afecten a la neutralidad del proceso.
Tras las elecciones, gane quien gane, el Gobierno estará en funciones. En España tenemos bastante experiencia en gobiernos de este tipo. Mariano Rajoy estuvo diez meses en esta situación hasta que fue investido, con la abstención del PSOE, en octubre de 2016.
Hay pocas diferencias entre lo que se puede hacer las semanas previas a las elecciones y estar en funciones. Hay normas (artículo 21 de la ley del gobierno) que impiden que un ejecutivo, tras la celebración de elecciones, comprometa o condicione la dirección política del siguiente. Pero la jurisprudencia ha dado una interpretación permisiva de la actuación de un gobierno en estas circunstancias. Puede hacerlo casi todo.
Es cierto que no puede presentar proyectos de ley ni presupuestos al Congreso de los Diputados, pero vía Real Decreto-Ley puede legislar casi sobre cualquier asunto aduciendo razones de urgencia. ¿Y quién controla esto? En la práctica, nadie. De las más de 700 veces que se ha adoptado un instrumento de este tipo, solamente en dos ocasiones el Tribunal Constitucional ha considerado que la urgencia no estaba motivada y ha tumbado la medida.
No discutiré los motivos por los que un jefe de gobierno llama a las urnas. Votar está bien siempre. Cualquier momento es oportuno para que los ciudadanos emitan un veredicto sobre la eficacia y la gestión de su gobierno. Sin embargo, lamento que leyes que eran necesarias esta legislatura no vayan a ser aprobadas. Desde 2015, hemos vivido momentos de bloqueo parlamentario y político en España. Los pactos han sido difíciles y ha habido normas, imprescindibles para la modernización del país, que han llegado demasiado tarde. Ahora 62 leyes decaen. Algunas saldrán adelante a tiempo, otras lo harán tarde y otras nunca llegarán a aprobarse. Es el drama de España desde hace casi diez años: ver cómo una situación política compleja posibilita que el tren de algunas oportunidades legislativas se marche sin nosotros.
