El dinero en efectivo ya tiene su lobby

La inmensa mayoría se ha acostumbrado al dinero electrónico: a las tarjetas sin contacto, al pago con el móvil o el reloj inteligente y al Bizum porque es más cómodo y más rápido y, sobre todo, porque a la banca y al Estado les resulta más barato gestionar el dinero digital que el papel moneda. Sin embargo, las empresas más afectadas por la reducción del efectivo en circulación, las que se dedican al transporte del dinero en vehículos blindados, se han unido en el grupo de presión Plataforma Denaria para defender sus intereses, frenar la transición digital y reivindicar el anonimato del dinero.

Las socias de la Plataforma Denaria son Trablisa, Eurodivisas, Sicpa, Loomis, Giesecke + Devrient, Prosegur Cash, Gunnebo. Su junta directiva la integran Alejandro Corominas (Loomis), Miguel Bandrés (Prosegur Cash), José Manuel Salamero (Gunnebo) y Miguel Bordoy (Trablisa). El presidente es Javier Rupérez (Madrid, 1941), político y diplomático, que ocupó cargos directivos en UCD y el Partido Popular desde 1979 hasta el año 2000.

Su argumentario incide en que los billetes y las monedas son medios de pago más inclusivos porque colectivos vulnerables –como las personas con alguna discapacidad intelectual, mayores no digitales o aquellos sin cuenta bancaria– lo utilizan sin problema alguno. Piden a los establecimientos que primen el abono en efectivo y no pongan impedimentos, si bien en realidad ninguno lo impide. A mí personalmente me resultan sospechosos (aunque puede que injustamente) quienes no aceptan las tarjetas: enseguida pienso que buscan la evasión fiscal y declarar menos ingresos.

Como grupo de interés esta plataforma presiona al Gobierno y a los parlamentarios para que se elimine el límite de los 1.000 euros a los pagos a toca teja y se retorne al tope de los 2.500 euros, al tiempo que denuncian como "abusivo y arbitrario" que en la nueva Ley de Vivienda se obligue a que a cumplir con los recibos de los alquileres a través de medios electrónicos. 

Otro de sus argumentos es que comprar en metálico ayuda al pequeño comercio local, y cifran en 700 millones de euros el montante de las comisiones por el uso de las tarjetas que los bancos cobran a los comerciantes. Aunque afirman (sin datos que lo corroboren) que el dinero material es sostenible, no dan cifras de negocio de las empresas que transportan el dinero en furgones blindados y su huella de carbono.

Como era de esperar, Denaria ignora en su argumentario el papel que el dinero anónimo o en B juega en la economía sumergida y en la evasión fiscal, problemas ambos de los que no se dice nada en su web, y que en las declaraciones de Rupérez se soslayan con alusiones a mitos del cine negro, como hizo en las publicadas el pasado 18 de junio en el suplemento salmón del diario El País. Como si fuera una cuestión de romanticismo.