Con el análisis y la explotación de los datos pasa lo mismo que con la digitalización, que se ha venido haciendo para beneficiar a la propiedad de las empresas, mejorar la productividad de sus empleados y, en último lugar, para facilitarle la vida a los usuarios. La explotación de grandes masas de datos, big data en inglés, se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de la gestión empresarial e institucional.

La digitalización ha permitido la compartición en tiempo real de los datos generados por la movilidad personal, las compras, por nuestro comportamiento en todos los ámbitos. El tratamiento de esos macrodatos por la inteligencia artificial nos facilita la vida cotidiana hasta niveles impensables hace muy poco tiempo. La contrapartida es que las empresas nos bombardean con publicidad personalizada alimentando el círculo vicioso del consumismo insostenible.

Ahora que se habla tanto de ciudades, territorios y destinos turísticos inteligentes, sensores e internet de las cosas, nos tropezamos con un grave problema: La falta de datos estadísticos desglosados por territorios es una constante en las administraciones públicas y en el sector privado.

Buscando en la Red encontramos el número de hogares beneficiarios del bono social eléctrico, pero no su reparto por términos municipales o por distritos postales. Lo mismo ocurre con las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, se conoce la cifra por provincias, pero no su reparto por localidades o códigos postales, ni su desglose por sexos. Los perceptores de prestaciones por desempleo es otro indicador que debería ofrecerse geolocalizado.

Un botón de muestra de la insuficiencia de datos e indicadores para la correcta gestión de lo público es el único voto en contra registrado en el último pleno del Consejo Económico y Social de la ciudad de Sevilla (CESS), celebrado el 28 de junio. En el orden del día: aprobar el dictamen sobre el informe económico social de la ciudad de 2021. José Carlos González Lorente, consejero por Comisiones Obreras, emitió su voto particular contrario al Informe porque “sin indicadores correctos, sin datos y sin memoria, no es posible avanzar hacia un desarrollo (no un crecimiento) verdaderamente sostenible”, como explica en su blog.

He citado ejemplos de datos en poder de las administraciones públicas, pero hay otros muchos que son propiedad de empresas privadas. El número de abonados a la telefonía móvil sería otro indicador de utilidad si se ofreciera geolocalizado y en abierto. El consumo eléctrico por abonado es otro dato de utilidad para abordar la pobreza energética, igual que el de gas natural que tampoco está disponible. La banca debería geolocalizar sus estadísticas de clientes y volumen de ahorro por demarcaciones territoriales o barrios.

Ganaríamos así en transparencia y eficacia a la hora de evaluar las inversiones estatales, autonómicas y municipales y la tan traída y llevada colaboración público-privada que tanto gusta al empresariado.