La Unión Europea aprobará el 18 de mayo de 2022 un plan de emergencia energética para hacer frente de manera solidaria a los sacrificios derivados de la invasión rusa de Ucrania. Las medidas previstas incluyen el racionamiento de los combustibles tanto a la industria como a los particulares de los 27 para que no haya desigualdades entre los países menos y más afectados por las represalias de Putin.

Volverá el teletrabajo, se bajará la temperatura del agua de las piscinas cubiertas, se aumentará la temperatura de los aires acondicionados y se bajará la de las calefacciones en los edificios públicos y se limitará la velocidad en las autopistas, entre otras medidas que ya han empezado a adoptarse en algunos estados.

A la emergencia climática se suma ahora la energética, que comparte medidas que son buenas para el ahorro y la lucha contra el calentamiento global. En el escenario más negativo, si la guerra se alarga y no hay negociaciones de paz, el plan de ahorro comunitario supondrá nuevas limitaciones a la movilidad, reducciones de actividad en muchos sectores y un freno al crecimiento económico, un parámetro basado en la falsedad de que es posible el crecimiento infinito en un planeta finito.

Llegados a este punto hay que plantear la necesidad de contemplar otras opciones como el decrecimiento, la sobriedad y la contención a la hora de producir y consumir, conceptos todos ellos que en España son todavía minoritarios, pero que –en Francia, sin ir más lejos– están encima de la mesa del debate público desde hace tiempo.

Los grupos de presión de los grandes sectores industriales han conseguido ya con la excusa de la guerra de Ucrania que la Comisión Europea aplace la presentación, prevista para el 23 de marzo pasado, de dos textos legislativos para impulsar la transición agrícola verde del continente. Las propuestas abortadas habrían permitido reducir a la mitad el uso de pesticidas en Europa para 2030, un 20% los fertilizantes o dedicar una cuarta parte de las tierras cultivables a la agricultura ecológica.

Algunas de las empresas más comprometidas con la sostenibilidad han anunciado ya que renuncian a facturar más para no contaminar, como ha puesto de manifiesto el estudio “Empresa y post crecimiento” publicado por la agencia francesa Prophil. Para reforzar esta tendencia se acaba de poner en marcha el Observatorio para el Post Crecimiento y el Decrecimiento (OPCD) 

No se trata de ganar menos, lo urgente es dejar de crecer en aquellos productos y consumos que perjudican nuestra salud individual y la colectiva del planeta. El consumo de tabaco en España, por ejemplo, ha crecido un 5,6% hasta los 2.695 millones de euros durante el primer trimestre de 2022 respecto al mismo período de 2021. Sólo bajó un 1% en 2020 por el susto de la pandemia, pero hemos vuelto a las andadas con una gran rapidez. En Andalucía, ha aumentado más que en el resto del Estado un 7,5% anual y ha llegado a 458,3 millones de euros hasta marzo. Lo que no sé es si Moreno Bonilla contabilizará este aumento, como el de la legalización de los regadíos ilegales de Doñana, en su particular balance del crecimiento andaluz.

De las crisis y las guerras la humanidad aprende poco, como se puede apreciar, el conflicto ucraniano se está utilizando como coartada para el sabotaje del Pacto Verde y todas las políticas sostenibles de las administraciones públicas en todos sus niveles. Por todo lo expuesto, frente al racionamiento hay que apostar por el decrecimiento próspero como propone Alter Kapitae para superar el productivismo y el consumismo y recuperar la prosperidad perdida.