La exigencia de los nacionalistas catalanes de que el Estado publique las balanzas fiscales de las distintas autonomías ha desatado desde hace décadas las críticas de los partidos de ámbito estatal, que la veían como una cortada para su queja secular sobre la desigualdad entre lo que aportan y lo que reciben. Con el paso del nacionalismo al independentismo la protesta subió de tono y se acuñó el “España nos roba” como demagógico resumen de la negativa a difundir las manoseadas balanzas territoriales.

La semana pasada al conocerse las concesiones hechas a Junts para la aprobación de los macro decretos, la oposición se escandalizó especialmente por las que se referían a la política migratoria y a las balanzas. Sobre estas últimas hay que señalar como cuestión previa que los sujetos tributarios son las personas físicas y jurídicas y no los territorios. 

A partir de esta premisa me permito plantear en aras de la transparencia debida a las cuentas públicas la conveniencia de calcular las balanzas fiscales de todo el censo de contribuyentes: ciudadanos y ciudadanas, empresas y entidades, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.

Con el actual nivel de digitalización de las administraciones públicas la evaluación pormenorizada de esta contabilidad no presenta problema alguno, otro debate sería saber si existe voluntad política para realizarla y el necesario consenso para respaldarla. Pero, me temo que, al igual que ha ocurrido con las llamadas “facturas en la sombra” de la sanidad pública, a la hora de concretar su implementación muy pocas administraciones estarían dispuestas a comprometerse en tal empeño.

Detrás de la polémica sobre las balanzas fiscales subyace la reticencia generalizada a incrementar la transparencia de la gestión pública y privada y la dificultad de llegar a un acuerdo sobre los conceptos a computar en lo que se aporta y lo que se recibe. Se imaginan que en el próximo borrador de la declaración de la renta la Agencia Tributaria incluyera un apartado informativo sobre nuestro gasto farmacéutico asumido por el Estado o el de los hijos a cargo en la enseñanza pública o concertada. De esta manera se estarían dando pasos para ir concretando la balanza fiscal ciudadana.

Con estas medidas de innovación social y política avanzaremos en la corresponsabilidad individual y colectiva, reduciremos la creciente desconfianza en las instituciones y haremos esa pedagogía que hoy echamos en falta a los dirigentes políticos que nos gobiernan en todos los niveles. Aumentar la transparencia y reducir la opacidad ayuda y mucho a terminar con la polarización de los debates en cualquier campo y a delimitarlos a datos objetivos y verificables. En definitiva, balanzas fiscales para todas y todos y no sólo para los territorios