Ayuso, la 'sepulturera' de la universidad pública

La universidad pública ha sido durante décadas el gran ascensor social de este país. El espacio donde el hijo o hija de una cajera, de un camarero, de una enfermera, de un maestro o de un albañil podía estudiar y construir un futuro mejor. Ese camino hoy está en riesgo en Madrid. Isabel Díaz Ayuso está bloqueándolo. Lo hace dificultando que los hijos de las familias de clase media trabajadora accedan a la educación superior si no pueden pagarla. Su modelo asfixia a la universidad pública mientras impulsa la expansión de universidades privadas.

La pregunta es evidente: ¿Dónde está la “libertad” que vende el PP madrileño? ¿Qué mérito y esfuerzo puede haber si la puerta de entrada depende del dinero disponible en casa? Si estudiar depende de la renta familiar, la igualdad de oportunidades desaparece. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Madrid con Ayuso. No estamos ante un despiste. Es una opción política.

Los datos lo demuestran. La Comunidad de Madrid es la última de España en inversión en universidad pública. La última en inversión por alumno. La última en inversión en ciencia. Pero, a la vez, es la primera en número de universidades privadas. Las matrículas públicas son las más caras del país. Y estudiar en una privada cuesta alrededor de 20.000 euros al año. ¿Cuántas familias pueden asumir semejante gasto durante cuatro o cinco años? Muy pocas. Lo que se está rompiendo no es sólo un presupuesto: es la igualdad de oportunidades. El ascensor social se está desmantelando.

Este modelo lo están copiando otros gobiernos autonómicos del PP. El caso más evidente es Andalucía, donde Moreno Bonilla sigue el camino marcado por Ayuso. Recortes, deterioro de lo público, y beneficios para lo privado. Todo bajo el mismo discurso: “libertad”. Pero la libertad no es elegir entre pagar o quedarse fuera. Eso no es libertad. Eso es selección por renta.

La situación presupuestaria de las universidades públicas madrileñas es gravísima. Para 2025, el presupuesto solo aumenta un 0,4%. Los rectores denuncian que reciben prácticamente el mismo dinero que en 2009. Han pasado 15 años. En ese tiempo, el IPC ha subido un 34,9%. Las universidades necesitan unos 200 millones de euros más para poder funcionar de manera digna. Pero la Comunidad solo ofrece migajas. Con esta política, el deterioro no es un accidente. Es la consecuencia esperada.

Las seis universidades públicas madrileñas —Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos— cierran sus cuentas en números rojos. Algunas advierten que no podrán pagar la paga extra de Navidad al personal. Laboratorios que no se actualizan. Proyectos de investigación paralizados. Profesorado encadenando contratos precarios año tras año. Mientras tanto, la universidad privada crece, se expande, abre campus nuevos y recibe facilidades administrativas. El mensaje político es claro: lo privado es futuro; lo público es un problema.

Pero aquí la cuestión no es solo económica. Es ideológica. La universidad pública forma ciudadanos críticos. Enseña a pensar. Da herramientas para interpretar la realidad y cuestionarla. Por eso es un pilar democrático. Debilitar la universidad pública es debilitar la capacidad de una sociedad para entenderse a sí misma. Convertir el conocimiento en un mercado es convertir la ciudadanía en clientela. Y esto no es una interpretación. Es una estrategia reconocida por quienes sufren sus consecuencias.

Por eso las universidades públicas de Madrid han convocado huelga. Será los días 26 y 27 de noviembre. Los convocantes denuncian que la financiación pública universitaria no llega ni al 0,5% del PIB, cuando la ley establece que debería ser del 1%. Es decir: la Comunidad tendría que doblar la financiación para cumplir la norma. No hablamos de una diferencia menor. Hablamos de la mitad. Esta “infrafinanciación”, señalan, es deliberada. Su objetivo es conducir a las universidades a la bancarrota para que dependan de financiación privada y adopten modelos de gestión orientados al beneficio empresarial.

Es exactamente el mismo proceso que ya se vivió en la sanidad madrileña. Primero el recorte. Luego el colapso. Y después la privatización presentada como solución. Nada de esto es improvisado.

Mientras lo público se empobrece, la universidad privada vive una edad dorada. Se multiplican las facultades vinculadas a fundaciones empresariales, órdenes religiosas o grupos financieros. Se construyen campus enteros con rapidez y con apoyo institucional. Y mientras tanto, las universidades públicas retrasan reparaciones básicas y reducen oferta de asignaturas por falta de profesorado. No hay competencia real. Hay ventaja política para lo privado.

La universidad es una inversión estratégica en cualquier país serio. Sin investigación no hay innovación. Sin innovación ºno hay empleo de calidad. Sin empleo de calidad no hay progreso. Todo está conectado. Perder la universidad pública es perder el futuro.

Pero el debate no es solo económico ni nacional. Es personal. Tiene que ver con la vida cotidiana de miles de familias. Porque si la universidad pública se deteriora y las privadas ocupan su lugar, miles de jóvenes quedarán fuera. No por falta de talento. No por falta de esfuerzo. Sino por falta de dinero. Y eso rompe un principio básico democrático: que el futuro de una persona no dependa del salario de sus padres.

Ayuso ha sido la gran responsable del deterioro de los servicios públicos madrileños. Sanidad, educación básica y ahora universidad. Siempre bajo la misma lógica: lo público se recorta para justificar su sustitución por lo privado. No es gestión. Es un modelo de sociedad.

Y aquí aparece la pregunta que muchos votantes deberían hacerse. Quien vota a Ayuso y tiene hijos, ¿puede pagar 20.000 euros al año por cada curso universitario? ¿Puede pagar un piso de alquiler en Madrid para que su hijo o hija estudie? ¿Puede asumirlo durante cinco años consecutivos? Si la respuesta es sí, su voto responde a su situación económica. Si la respuesta es no, está votando contra el futuro de sus propios hijos. Y esa es la tragedia política de Madrid: O sobra dinero, o sobra engaño.

Porque si la mayoría no puede acceder a la universidad privada, pero respalda a quienes destruyen la pública, entonces tenemos un problema grave de conciencia cívica. Y de proyecto de país.

Ayuso no está cometiendo errores. Está ejecutando un plan. Un plan para convertir un derecho en un negocio. Y cada recorte, cada presupuesto congelado, cada campus público que se deteriora, es un paso más en ese camino. Por eso podemos decirlo con claridad. Sin estridencias. Sin insultos. Sin exageraciones. Isabel Díaz Ayuso está enterrando la universidad pública en Madrid.