El Gobierno de Ayuso impugnará el decreto de Moncloa que limita la creación de universidades privadas

Después de que el Gobierno central haya impulsado el decreto ley de creación de universidades, por el cual se limita el número de privadas para potenciar el sector público, la nota discordante ha vuelto a venir de la mano de la Puerta del Sol. El Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que impugnará la medida estatal al considerar que es “un ataque contra la iniciativa privada”.

El decreto ley estatal 640/2021, que se tramitó hace seis meses atrás por la vía de urgencia, buscaba poner coto a la creación de las universidades privadas y en favor de la permanencia y buena salud de las públicas, medida a la que ya el Gobierno de la Comunidad de Madrid se opuso teniendo en cuenta que, en esta región, cuentan con 14 universidades privadas, la última de ellas aún en proceso.

Este lunes, en voz del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en declaraciones a la prensa, el Ejecutivo madrileño considera que el decreto es “un ataque sin precedentes contra la iniciativa privada, la libertad de cátedra, de empresa y de educación” y que, justificando esta negativa, se opondrán “con todas las herramientas legales” su implantación en Madrid.

Y es que desde el Gobierno de Ayuso aseguran que el decreto ley es un “esperpento normativo” que “atenta” contra la Constitución española, la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas, la jerarquía normativa y la irretroactividad de las normas. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha consumado el ataque a la universidad privada que anunció el pasado mes de abril. Hoy ha aprobado un real decreto que supone un ataque sin precedentes en la historia de la democracia española contra la iniciativa privada, contra la libertad de cátedra, de empresa y de educación", ha defendido, reiterando que sólo se sustenta por “una finalidad ideológica” guiada por principios “arbitrarios”.

El Gobierno impulsa el decreto y urge a ocupar las plazas de la pública

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diana Morant ha sacado adelante este martes y tras haber recibido el informe del Consejo de Estado el decreto ley de universidades para la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

De esta manera, la novedad en la normativa se focaliza en la eliminación de exigir de experiencia en gestión universitaria de la entidad promotora, aunque el equipo directivo del centro sí deberá contar con ella. A su vez, siguiendo el fallo del Consejo de Estado, da cuenta de que por la Conferencia General de Política Universitaria deberán pasar la ampliación de los títulos universitarios, pero no serán vinculantes. Y es que Moncloa ha precisado que se han reconocido en los últimos años 27 universidades privadas en todo el país, mientras que la última pública se fundó en 1998, la Universidad Politécnica de Cartagena.

A su vez, establece que para iniciar un nuevo proyecto universitario será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o las agencias autonómicas equivalentes. Y es que este punto es más que relevante debido a que hasta una docena de proyectos están en fase de aprobación y cinco de ellos han recibido evaluaciones desfavorables, como es el caso de tres en Madrid, uno en Badajoz y otros en Mallorca.

En voz de la ministra, el decreto ley ha establecido los requisitos, pero “las comunidades autónomas se lo han saltado a la torera”: "Algunas de las mejores universidades de España están en la Comunidad de Madrid y están siendo absolutamente maltratadas. Esta nueva ley es la última estocada del gobierno madrileño y empieza a resonar en Madrid lo que está pasando con la Administración de Trump con universidades como Harvard o Columbia", ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En los mismos términos, ha responsabilizado a los gobiernos autonómicos del aumento de los alumnos en las privadas que en las públicas, los cual no lo achaca a una cuestión de preferencia: “La primera opción del estudiantado sigue siendo la universidad pública, pero las públicas no tienen suficientes plazas debido a la infrafinanciación autonómica. Nuestros jóvenes piden una plaza en una universidad pública. Las universidades solo pueden ofrecer un número limitado de plazas, lo que les permite la financiación que reciben por parte de su comunidad autónoma. Esto hace que las notas de corte cada vez sean más elevadas”, ha expuesto.

De esta manera, ha urgido a las autonomías a financiar “adecuadamente” los centros universitarios públicos y, al tiempo, ha defendido la actuación del Gobierno: “Es imprescindible asegurar y exigir la calidad de las universidades y de aquellos proyectos privados que están surgiendo para aprovechar la oportunidad de negocio que supone la asfixia en la universidad pública”, ha subrayado.

En la misma dirección, y en palabras del secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García Pascual, el real decreto es "un toque de atención colectivo" para todas las universidades, tanto públicas como privadas. "Lo que dice es: Esto es una universidad que consideramos razonable para nuestro país”, ha ahondado.