El Tribunal Supremo (TS) juzgará entre el próximo 3 y 13 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en cuanto a la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Una rapidez con la que la jurisprudencia, lamentan víctimas de residencias, no ha obrado en el caso de sus familiares, quienes cinco años después de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron la derivación de personas internas en geriátricos a hospitales para recibir la atención sanitaria que, en muchos casos, habría salvado la vida y, en otros, al menos habría dado una muerte digna a quienes recibieran un tratamiento del que se los privó en las residencias.

Frente a una lucha incansable que todavía no ha encontrado respuesta en la práctica -ningún posible responsable ha sido condenado por la actuación que la región llevó a cabo los primeros días de la pandemia del Covid- se erige una actuación judicial que ha llevado apenas ocho meses y ha derivado, por el momento, en el primer fiscal general que se sentará en el banquillo en la historia de la democracia.

En un auto de la semana pasada, el Alto Tribunal fechaba un juicio que tendrá lugar el mes que viene y en el que declararán 40 testigos entre los que se encuentra la pareja de la presidenta de la Autonomía; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, clave en lo que concierne al compañero sentimental de Ayuso; el ex secretario general del PSOE en Madrid Juan Lobato; el que fuera secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, o quien fuera asesora de Moncloa y en la actualidad ejerce como número dos de los socialistas madrileños, Pilar Sánchez Acera.

El interrogatorio a García Ortiz se reproducirá en seis jornadas de mañana y de tarde en las que también declararán como testigos varios fiscales, periodistas y guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO). Del total de funcionarios, tres de ellos hablarán también como peritos, como pedían las acusaciones populares y admitía en última instancia el propio Supremo.

La Sala pedirá a medios de comunicación -concretamente a la Cadena Ser- que aporte a la causa la grabación de uno de sus programas del día 13 de marzo en el que la radio informaba del correo en torno al que gira la acusación sobre García Ortiz y que proyecta un escenario en el que el abogado de González Amador, Carlos Neira, había enviado la información a correos muy diferentes. Esto, sumado a las declaraciones que ya han remitido varios medios de comunicación asegurando que a ellos la información no les llega por García Ortiz podrían suponer indicios de la inocencia del fiscal general, pero éste se enfrentará a un proceso judicial del que habrá que ver si sale finalmente o no ileso.

Las víctimas de residencia llevan años en busca de justicia

Sea como fuere, e independientemente del resultado con el que finalice este proceso, los tiempos entre las acciones jurídicas emprendidas contra García Ortiz y las que llevan años solicitando los familiares de víctimas de residencias de mayores son muy dispares, y así lo lamentan las últimas.

“El fiscal general será juzgado en noviembre, por hechos de hace 8 años, 7.291 personas murieron sin atención sanitaria adecuada, hace 5 años, ¡y aún no hay responsables!”, sostiene la plataforma 7291: Verdad y Justicia para las víctimas en las residencias.

El paso más contundente que seguramente dieron las víctimas de residencias de mayores llegó en octubre de 2024, cuando familiares de 115 personas que estaban repartidos en 72 centros de mayores presentaron una macrodenuncia por la gestión llevada a cabo por el equipo de Díaz Ayuso.

El documento, al que tuvo acceso este periódico, pedía al Ministerio Público a analizar la “discriminación sufrida por las personas que vivían en residencias durante la primera ola” enmarcado en un “delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios”.

Durante varias semanas, el organismo jurídico competente llamó a declarar a decenas de personas, pero debido a los tiempos la Fiscalía Provincial y las de Getafe-Leganés y Alcalá aceleraron los trámites con el fin de que todos los participantes pudieran intervenir n sede judicial, pero los familiares se encontraron con la enésima traba: el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid descartaba unificar en una sola causa las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, lo que provoca que, por el momento, todo lo relativo a los protocolos de la vergüenza se mantenga en stand by.

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