El precedente con María Jesús Montero que puede anticipar el futuro del fiscal general del Estado en el caso del novio de Ayuso

El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos al haber filtrado, supuestamente, un correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid intentaba alcanzar un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel reconociendo para ello su fraude fiscal tiene un antecedente. Atendiendo a él, la causa contra Ortiz podría caer en saco roto

Concretamente, los magistrados dieron carpetazo a varias denuncias también por presunta revelación de datos confidenciales, y también contra el compañero sentimental de Ayuso. En su caso, las querellas afectaban a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusada de revelar datos confidenciales del expediente tributario de González Amador.

En aquella ocasión, la asociación Liberum, vinculada a antiguos cargos de la derecha del PP y la extrema derecha de Vox, se querellaron contra la vicepresidenta Montero por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos sencillamente por haberse dirigido a los periodistas en los pasillos del Senado para solicitar explicaciones a la lideresa regional por vivir en un piso pagado “con fraude a la Hacienda Pública”, haciendo alusión de esta manera a la vivienda que comparten Ayuso y González Amador y su ático, valorado en un millón de euros y que el empresario compró coincidiendo con los fraudes fiscales.

Esas dos querellas acusaban a la ministra de haber revelado detalles confidenciales del expediente tributario del novio de Ayuso, e incluso de haber aprovechado su puesto como ministra de Hacienda para conseguirlos y mostrarlos. El Alto Tribunal rechazó entonces las querellas hasta en dos ocasiones defendiendo que la mayor parte de la información ya había sido publicada por los medios de comunicación y que, además de ello, tanto la denuncia de la Fiscalía como su expediente tributario “ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos”. El juicio se llevará a cabo previsiblemente a finales de noviembre en el Supremo.

El correo llegó a varias personas

El correo por el que se investiga a García Ortiz llegó a varias personas, según relata el fiscal general. Tal y como defendía el fiscal, al menos 12 fiscales y 4 funcionarios tienen acceso al correo genérico elegido por el abogado de González Amador, Carlos Neira, por lo que todos ellos pudieron leer la información y disponer de ella.

Además de estos, Neira reenvió el correo también a un abogado del Estado que no tenía nada que ver con la causa, pero que ascendió a 17 las personas que tenían acceso al documento en el que se reconocen los delitos de González Amador, con lo que “rompía, unilateralmente, cualquier supuesta confidencialidad del correo”.

A más a más, el fiscal general apunta indica que “se ignora a cuántas personas pudo enviar Neira el correo electrónico”, demostrada la ligereza con la que el abogado de la administradora de la Puerta del Sol enviaba el texto. Es decir, que el mismo alcanzó al menos 12 fiscales, 4 funcionarios y un abogado del Estado en el mismo momento que se envió el correo.

El caso de Montero

Las declaraciones de Montero se retrotraen a una sesión de control al Gobierno en marzo de 2024. Más detalladamente, las palabras de la ministra llegaron horas después de que la noticia de que la Fiscalía había interpuesto una denuncia contra el empresario por fraude fiscal ya se hubiera publicado en los medios de comunicación.

Las querellas se basaban en datos desconocidos hasta entonces, como que los hechos se situaban en la pandemia del coronavirus en operaciones de compraventa de material sanitario.

Los cinco magistrados de la Sala emplazaron que la noticia sobre la denuncia que la Agencia Tributaria había presentado contra González Amador “ya había saltado a los medios de comunicación desde primeras horas de la mañana” y que las primeras noticias no tuvieron “referencia expresa” a que el dinero de González Amador pudieran relacionarse con la venta de mascarillas no deja de significar que “esa circunstancia no fuera ya conocidas por los medios, los cuales ya tenían a su disposición la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid”.

Y el Alto Tribunal también citaba el informe de la Agencia Tributaria sobre el que se basa el caso. “Todo ello pone de manifiesto que, cuando la querellada efectuó las manifestaciones, la denuncia de Fiscalía y su contenido, entre el que figuraba el informe de la Agencia Tributaria, ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos, por lo que ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos”, emplazaba.