Como la ley de amnistía, el procesamiento del Fiscal General es altamente divisorio y controvertido: los juristas muy de derechas o incluso solo más bien de derechas lo ven perfectamente justificado, mientras que a los muy de izquierdas o solo más de bien de izquierdas les parece un disparate y un atropello. Ley de amnistía y procesamiento de Álvaro García Ortiz tienen esto en común: son casos potencialmente lesivos para el sistema democrático porque desacreditan o siembran dudas sobre Poder Judicial, sin el cual no hay democracia creíble.
La justicia, como el fútbol, es en muchas ocasiones cuestión de números: cuando tres de los cinco magistrados de un tribunal dictan una sentencia de la que los dos jueces restantes discrepan radicalmente, los anales judiciales no dirán que tal procesado fue condenado por tres votos frente a dos, sino simplemente que fue condenado. Cuando un equipo gana por 1 a 0 de penalti injusto en los últimos minutos de la prórroga, los anales futbolísticos se limitarán a consignar que fue el conjunto vencedor. 3-2, 1-0. Cuentan los números, no las circunstancias tal vez sospechosas que los hicieron posibles: el 3 a 2 judicial es La Justicia; el 1-0 futbolístico es La Liga.
Caso ERE, caso Trajes
Al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y varios altos cargos los enviaron a la cárcel por 3-2. Tres de los cinco magistrados del Supremo que examinaron la causa de los ERE confirmaron las duras penas de cárcel dictadas por la Audiencia de Sevilla, mientras que sus dos compañeras de tribunal expresaron su rotunda disconformidad en un voto particular de más de cien folios. ¿Prevaricaron los primeros y fueron justas las segundas? ¿O acaso al revés? Casi con toda seguridad, ni una cosa ni otra: puede que sus convicciones ideológicas, sus inercias morales, sus prejuicios, su biografía familiar, su trayectoria profesional… contribuyeran a inclinar una balanza de la justicia que la vista pública y el espíritu y la letra de la propia ley no habían sido por sí solos capaces de vencer a un lado un otro.
Y esto, dicho a propósito del tribunal que condenó por un futbolístico 3-2 a los políticos socialistas andaluces, vale igualmente, pero al revés, para el Tribunal Constitucional que los absolvió por 7 votos a favor frente a 4 en contra. Como vale también punto por punto para el expresidente valenciano Francisco Camps en el caso de los trajes, donde fue absuelto por 5 a 4, en esta ocasión por un jurado popular de nueve ciudadanos: cinco de ellos consideraron al dirigente conservador “no culpable” frente a cuatro que pensaban que sí lo era. Cuestión de números. En los casos de naturaleza inequívocamente política, la justicia es cuestión de números, cuestión de un poco más, algo menos.
Penas y penitas, condenas y condenitas
Si el tribunal que juzgará al Fiscal General lo absolviera completamente del delito de revelación de secretos por el que se le va a juzgar su sentencia infligiría, en forma de descrédito, una severa condena no solo a la propia justicia, sino también a toda la derecha española y muy particularmente al Partido Popular, que ha invertido ingentes cantidades de energía política, mediática y judicial en este caso. Cuando llegue la hora de dictar sentencia, los jueces del Supremo bien pudieran razonar para sí mismos que en ciertas ocasiones la causa de La Justicia es demasiado importante para dejarla únicamente en manos de la ley: podrían pensar que hay veces en que a la ley hay que echarle una mano para que no cometa el inmenso, quizá irreparable, error de desacreditar a La Justicia.
¿Habrá condena al Fiscal General? Lo más probable es que no haya condena pero sí condenita, que no haya pena sino penita en forma de reproche, de amonestación, de regañina: algo, en fin, que le salve la cara a la justicia española sin resultar demasiado oneroso para el reo, una reconvención que sirva al Partido Popular de clavo ardiendo al que agarrarse para salvar la cara, el relato, las injurias.
El del Fiscal General es mucho más un juicio político que un juicio propiamente penal: en su literalidad es, reglamentariamente, un juicio penal, pero en su génesis, en su desenvolvimiento, en su escenificación, en su alcance, en sus efectos, en sus beneficios directos pero también en sus daños colaterales es un juicio de naturaleza política y, por fuerza, la sentencia que se dicte llevará marcado en la frente el estigma de la política.
Si, no sin un punto de temeridad, nos atrevemos a augurar una condenita es porque el tribunal que la dictará es mayoritariamente conservador: cinco de sus siete jueces lo son, y al menos uno de ellos hasta ultraconservador presumiblemente, dada su conocida vinculación al Opus Dei. El perfil conservador de los jueces suele ser irrelevante en la mayoría de los juicios, pero no así en los de naturaleza política. ¿Significa que dictarán una sentencia arbitraria o infundada? Podría suceder, pero es altamente improbable. Más bien cabe esperar una sentencia aproximativa por 5 votos a 2, quizá por 4 a 3 o incluso 6 a 1; quizá incluso una sentencia unánimemente absolutoria pero cuya redacción incluya explícitos reproches a la conducta de García Ortiz que sin duda la prensa conservadora elevará a sus titulares.
El ángulo ciego
Entre el archivo total o parcial, definitivo o provisional de una causa, entre una condena y una absolución, entre una tarjeta roja y una amarilla, entre un penalti y nada, suele existir en ocasiones un vacío donde las leyes y reglamentos no logran hacer pie, un ángulo ciego que escamotea datos o hechos cuyo esclarecimiento resulta materialmente imposible.
A la ciencia jurídica le ocurre como a la técnica arbitral, que hay ocasiones en que no pueden ofrecer garantías de ecuanimidad, y no tanto por deshonestidad -que solo muy excepcionalmente se da- como por fatalidad, por necesidad, porque el caso o la jugada son tan comprometidos, tan dudosos, tan irritantemente ambiguos, contradictorios o ambivalentes que al pobre juez no le queda más remedio que cerrar los ojos, echar mentalmente una moneda al aire y esperar a que el azar decida por él.
