Las acusaciones populares de extrema derecha formadas por el pseudosindicato Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox han solictado al polémico juez Peinado que vuelva a citar a declarar como testigos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez,y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una nueva muestra del circo mediático que es este procedimiento judicial. Esta petición de diligencias se ha producido durante la comparecencia de transformación a Ley del Jurado de la pieza separada en la que Begoña Gómez está acusada de malversación.
Además, y por si que el presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia vuelvan a tener que declarar no suponga suficiente escándalo procesal, desde las acusaciones populares se ha solicitado un careo entre la asesora de begoña Gómez, Cristina Álvarez y Alfredo González Gómez, el alto cargo que firmó el nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez en Moncloa.
Por su parte, las defensas han solicitado el archivo directo de la causa, al igua que ha hecho la Fiscalía, pues entienden que no hay delito alguno. Tmbién han defendido que no se puede decir que sean funcionarias públicas. Es más, como ejemplo han explicado que si enviar un correo en nombre de Begoña se considera un acto privado ejercido por funcionario público, también lo sería que saliera a comprar un paquete de tabaco y nadie lo consideraría un delito de malversación.
La defensa de Begoña Gómez, ejercida por el letrado Antonio Camacho, le ha recordado al juez Peinado que ha tomado esta decisión de seguir adelante con el procedimiento, así como transformarlo al procedimiento de jurado cuando todavía queda por llegar un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil relativo a diversos correos de la mmuejr del presidente.
A la salida, Camacho ha aseverado: "Hemos pedido el archivo de la causa por no ser los hechos constitutivos de delito", y sobre el hecho de que su clienta no haya acudido este sábado al juzgado ha dicho: "El texto de la ley es claro y la interpretación que ha la circular (...) de la Fiscalía General del Estado es que la presencia del investigado constituye un derecho pero no una obligación, por lo tanto no se ha planteado en ningún momento que mi representado tuviera que estar aquí".
Juicio oral por presunta malversación
Este pasado miércoles 24 de septiembre, el juez Peinado redoblaba su ofensiva contra la Gómez y anunciaba su decisión de enviarla ante un jurado popular acusada de malversación de fondos púbicos en caso de que sea juzgada. Junto a ella, el magistrado sienta en el banquillo a su asistente en Moncloa y al Delegado del Gobierno en Madrid.
El titular del Juzgado 41 de Madrid, cuya forma de llevar la investigación ha generado mucha controversia, justifica el último paso apoyándose en que la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a continuar analizando los movimientos de Gómez. Asimismo, mantiene que hace una semana recibió los mensajes que Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la UCM, cruzó con Álvarez, entendiendo ya que “se cumple con el requisito de la verosimilitud e los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta”, según el documento.
