Cerca de las 18:00 horas de este sábado, cuando estaba citada en los juzgados de Plaza de Castilla, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha comunicado su decisión de no acudir a la cita con el magistrado del Juzgado 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado. Para ello, se ha acogido a la Ley del Jurado y una circular aclaratoria de la Fiscalía de 1995 y en su lugar, ha acudido su abogado, Antonio Camacho.
Todo ello se produce después de que este pasado miércoles 24 de septiembre el magistrado anunciara que enviará a un jurado popular a la mujer de Pedro Sánchez acusada de malversación de fondos públicos en caso de que sea juzgada. Junto a ella, el juez Peinado sienta también en el banquillo a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien tampoco ha acudido a la cita.
Con todo, unas ausencias justificadas en el hecho de que, tal y como ha informado una fiscal consultada por ElPlural.com, “cuando son causas con presea normalmente los traen, pero cuando no están en prisión los investigados suelen estar representados por sus defensas”. Además, la convocatoria fechada para este sábado responde a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que obliga al juez a comunicar de manera inmediata a los imputados la transformación de las diligencias en procedimiento por jurado, pero también de este artículo se desprende el derecho del investigado a estar presente y la ausencia de obligatoriedad a acudir.
Al margen de ello, lo cierto es que con esta última decisión tomada por el magistrado, se han reavivado las críticas en torno a su modus operandi. Tanto defensas como la propia Fiscalía han insistido en la falta de indicios sólidos sobre la supuesta malversación vinculada a la contratación de Álvarez. Algo que también ha sido defendido por el Delegado del Gobierno en Madrid, quien sostuvo que “este procedimiento quedará en nada porque no hay absolutamente nada”. Una línea similar de crítica seguía el exmagistrado José Castro quien hace escasos días cargaba contra el trabajo de Peinado: "Hay muchas maneras de hacer el ridículo y el señor Peinado ha elegido todas, absolutamente todas".
Ejemplo de ello también fue cuando el pasado mes de marzo, coincidiendo con la citación de Peinado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la Fiscalía elevaba un recurso en el que cuestionaba las razones que llevaron al magistrado a llamar a declarar al ministro. "No podemos valorar la citación de Félix Bolaños, pero no deja de ser chocante el hecho de acordar la testifical de un ministro en estas condiciones. ¿Debemos suponer que se refiere a hechos acaecidos en el periodo en el que ostentó el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno en el periodo comprendido entre junio de 2018 a julio de 2021 de nuevo en un ejercicio de intuición? ¿A qué hechos ajenos a su cargo se refiere la resolución? ¿Cómo se puede valorar esto y la procedencia o improcedencia de una declaración por escrito?", se cuestionaba la Fiscalía.
Al margen de las críticas que se han vertido sobre el titular del Juzgado 41 de Madrid, lo cierto es que la instrucción también resulta polémica por el dinero público que está conllevando. Y es que, mientras mantiene imputada a Gómez por presunta malversación de fondos públicos, la hija del juez Peinado, Patricia Peinado, percibe 67.400,06 euros por su cargo como concejal delegada de zona sur en Pozuelo.
Con todo ello, desde ElPlural.com queremos conocer la opinión de nuestros lectores. Teniendo en cuenta que la hija de Peinado desempeña actualmente el cargo de concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo, ¿hasta qué punto la instrucción de Peinado podría estar beneficiando la carrera política de su hija en el consistorio del municipio madrileño?
