Firmaba Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en nada menos que el New York Times, que la inmigración es necesaria porque aporta mano de obra que se encarga de trabajos tales como "cuidar a los padres cuando se hacen mayores" o "recoger la comida que luego llega a nuestra mesa". Vox, desde sus altavoces mediáticos y políticos habituales, criminaliza a estas personas, les atribuye un historial delictivo automático por el mero hecho de ser extranjeros y aboga por su remigración a sus países de origen. No se requiere más que una mínima capacidad de análisis para darse cuenta de que ambos discursos, cada uno a su manera, terminan siendo dañinos y estigmatizantes para estas personas: mientras que la postura de Vox es directamente xenófoba, clasista y aporófoba en la defensa de una hipotética España de españoles homogéneos, la de los socialistas es, dentro de lo que cabe, más humana en tanto que no es cruel directamente con ellos, pero también los encorseta en un estereotipo de trabajador precario que acepta empleos "que nadie quiere" y pasa por alto las lógicas económicas, geopolíticas e históricas de la contratación de mano de obra extranjera en los países del norte global. Las siguientes líneas servirán para entender las contrapartes de ambas posturas, y cómo ambas se alejan (algunas bastante más que otras) de lo que debería ser la columna vertebral del discurso sobre inmigración: el hecho de que se está hablando de seres humanos.
Los fenómenos migratorios modernos no pueden estudiarse ni entenderse de manera independiente al capitalismo y a la globalización. Van aparejados. El crecimiento masivo de las economías del norte global durante el último siglo se ha dado en detrimento de las economías del sur global, en una relación causa-efecto, después de que todos los recursos de los países 'tercermundistas' se hayan convertido en una materia prima extraíble por los países privilegiados, incluyendo en ese todo a los trabajadores. Evidentemente, este proceso no es ni tan cristalino ni tan lineal, sino que existen muchas más aristas que han de converger para que esto ocurra, pero es la síntesis más sencilla que puede hacerse de este fenómeno histórico: los contextos concretos de los países en vías de desarrollo, como pueden ser el expolio de sus recursos por terceros, los conflictos bélicos regionales o la falta de desarrollo económico local, hacen que parte de su población más vulnerable tenga que emigrar, sin otra alternativa que convertirse en mano de obra extranjera en países desarrollados. En su destino, el grueso de los inmigrantes acepta trabajos precarios, mal pagados, a veces incluso en condiciones de explotación, para intentar sobrevivir. Eso, si tienen la suerte de encontrar un empleo. Esta es la realidad material de las cosas. De este punto es del que todos los análisis parten, o deberían de partir: del hecho de que los flujos migratorios sirven a las necesidades del capital y a las coyunturas históricas.
Este es el telón de fondo, que es para todos igual. Ahora bien, la respuesta y la posición que se tenga ante estos fenómenos de carácter macro puede elegirse, como hacen todos los partidos y, ejemplificando en el Partido Socialista o en Vox, promulgando un discurso integrador, pero exento de análisis histórico y material, o uno clasista y racista, respectivamente. En el caso del PSOE, se valora positivamente al inmigrante por su capacidad de aportar al capital, por su fuerza de trabajo, por aceptar trabajos que los locales no están dispuestos a asumir por sus malas condiciones, y aunque esta posición no sea del todo deshumanizante per se, situar en el centro del discurso que los inmigrantes son necesarios porque la rueda de la economía se nutre de ellos desplaza el hecho de que son personas (y como tal, merecen respeto y aceptación incluso aunque ninguno de ellos trabajase en toda su vida), y no solo mano de obra. En otras palabras más sencillas, destacar la explotación de la que son víctimas estos trabajadores como si fuera una virtud o situarla como irremplazable porque cubren puestos de extrema vulnerabilidad no es el punto de vista progresista que pueda parecer. Un inmigrante es una persona y merece respeto, engrose el Producto Interior Bruto con un trabajo precario o no. En el caso de Vox, el discurso es deshumanizante, abogando directamente por la remigración a los países de procedencia y asociando extranjería con criminalidad, construyendo un discurso racista y xenófobo sin ambages. En ambos casos se instrumentaliza y fetichiza al inmigrante bajo la mira ideológica particular y se le utiliza como un activo político. El caso de la ultraderecha es especialmente grave, al urdir en su argumentario sobre inmigración teorías como la del 'gran reemplazo', que tanto gusta mencionar en los discursos ultraconservadores y casi eugenésicos.
El 'gran reemplazo'... y el racismo institucional
Una de las teorías que más fuerza han cobrado en los discursos de la extrema derecha es la del gran reemplazo, una teoría conspirativa (nacida de varias novelas, huelga decir) que sostiene que las élites europeas están siguiendo un plan para reemplazar a la población blanca de los países del viejo continente por otros pueblos no europeos, fundamentalmente africanos, a través de la inmigración masiva, el crecimiento poblacional y una caída en la tasa de natalidad europea. Esta teoría de reemplazo poblacional se alimenta y entrecruza con las difíciles condiciones materiales de la clase trabajadora en el capitalismo tardío: cuando los salarios no se equiparan al coste de la vida y se instaura entre la ciudadanía una sensación de frustración, comienza la búsqueda de culpables, y como es lógico, los partidos de índole neoliberal no van a hacer una crítica estructural a este fenómeno desde el marxismo, por lo que la extrema derecha dirime la culpa en el extranjero y lo señala como enemigo del trabajador oriundo. Estigmatizar al inmigrante, enemistar a la clase trabajadora entre sí e instaurar teorías conspirativas fuertemente racistas. Todo en uno.
Pronunciaba el otro día un discurso la exministra de Igualdad Irene Montero sobre esta teoría, con muy poco acierto. Aseguraba, en una intervención pública, que "ojalá la teoría del gran reemplazo" para "reemplazar a los fachas, a los racistas y a los vividores". Este discurso tiene dos problemas principales: el primero y más evidente, el de darle veracidad y peso, aunque sea desde la ironía, a una teoría xenófoba, conspirativa y sin ninguna validez porque pasa por alto lo expuesto en las primeras líneas: que la migración es una consecuencia directa de las necesidades del capital. No existe un plan moviendo hilos desde la sombra: es el mercado de trabajo del norte global buscando mano de obra barata y fagocitando a los países en vías de desarrollo. Y el segundo, la estigmatización del inmigrante, nuevamente, como si fuera un activo con el que mercadear políticamente, en este caso para "eliminar fachas y racistas", y como si todos los inmigrantes tuvieran que ser necesariamente afines al discurso de la izquierda progresista por el mero hecho de ser inmigrantes. Asociar a una persona racializada con una determinada ideología política y desear que venga en sustitución de "los malos" no es otra cosa que un signo de racismo interiorizado.
Teorías de gorro de aluminio aparte, otra cuestión que ha estado sobre la mesa en estos días ha sido la puesta en marcha de los procesos para la regularización de medio millón de personas migrantes en España, pactada precisamente con Podemos. Como siempre, la derecha ha puesto el grito en el cielo y ha corrido a afear la medida y a pedir justo lo contrario, la expulsión de estas personas. La medida, que no tendrá que pasar por la Cámara Baja para aprobarse (y que tiene precedentes incluso en el Gobierno de José María Aznar, poco susceptible a la progresía o al gran reemplazo), regularizará a todos aquellos migrantes que residiesen en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar que llevan asentados en el país desde al menos cinco meses a través de contratos de alquiler, empadronamiento, informes médicos, envíos de dinero y otras pruebas de naturaleza similar. Una vez constatada la veracidad, se otorgará la regularización provisional con una autorización de residencia anual y, cuando esta finalice, podrá accederse a la autorización ordinaria reglada por extranjería.
Una pequeña dosis de realidad entre tanta política pesada: visitando cualquier barrio de cualquier ciudad grande de España se puede apreciar que la multiculturalidad es una realidad. Inmigrantes de todas partes del globo habitan en ellos, llevan a sus hijos al colegio, van al trabajo y abren negocios y, en definitiva, hacen aquí su vida porque sus circunstancias personales así lo han requerido. En muchos casos, se trata de personas que llevan en el país varios años y que accedieron con visados de turista o de forma irregular y que con el tiempo han regularizado administrativamente su situación. El modo de ingreso al país no es importante: lo verdaderamente importante es señalar la discriminación institucional que enfrentan estas personas, que, en ocasiones, tienen que pasar auténticas gincanas burocráticas para convertirse en 'legales' en un país en el que llevan haciendo una vida completamente normal durante meses o años. Simplificar los procedimientos para que lo consigan les facilita la integración y les quita parte del peso que ya conlleva, en sí, emigrar a un país completamente nuevo a buscarte la vida porque no tienes otro remedio. Nadie se va a miles de kilómetros de su tierra natal a intentar sobrevivir si no es por necesidad. La altura de miras es necesaria y los discursos infantilizados, como los que aseguran que "el Gobierno quiere regularizar migrantes para que voten al PSOE en masa", sobran y no aportan nada en cuestiones donde, como esta, la humanidad (o la falta de ella) lo vertebra todo.
Cuestión de clase
Por supuesto, ni que decir tiene que todos los discursos sobre inmigración están atravesados por una mirada clave: la de clase. El inmigrante al que se estigmatiza es al pobre, al que se le ponen trabas legales es al pobre, al que se le señala y se le culpa de todos los males es al pobre. Por contra, cuando una persona o una empresa extranjera con millones de capital a su disposición viene a España a hacer negocios que, de hecho, pueden llegar a atentar contra los derechos y contra la calidad de vida la clase trabajadora nacional, como la especulación inmobiliaria, la posición del reaccionarismo político es bien diferente: alfombra roja, ausencia de legislación, que jueguen con un bien de primera necesidad como si fuera su patio de recreo particular. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, llegaba a pitorrearse del asunto hace unos años, cuando le criticaban que lo que haría para frenar la especulación inmobiliaria y para regular el mercado del alquiler sería "nada" y respondió: "Efectivamente".
Por otro lado, en líneas anteriores de este artículo se ha hablado de los flujos migratorios y de cómo las necesidades del capital provocan la extracción indirecta de la mano de obra de los países del sur global, pero ahora que se ha puesto en la mesa las inversiones capitalistas en los países extranjeros, también se puede señalar el caso contrario: cuando grandes empresas se llevan sus fábricas y sucursales a países en vías de desarrollo para abaratar costes de producción, de contratación y para maniobrar con una legislación más permisiva para sus intereses y más castigadora con el trabajador. Los productos que allí se elaboran son exportados y vendidos en el primer mundo a precios que multiplican por decenas los costes de producción en origen, perpetuando un ciclo económico desigual y extractivo en el que es la clase capitalista la que impone su ley, se enriquece del esfuerzo de los trabajadores nativos y se beneficia de las condiciones laborales y legales del sur global. Ambos fenómenos, tanto la explotación en origen como la extracción de mano de obra, tienen consecuencias similares: que quienes pagan el pato son los trabajadores, ya sean nativos explotados por el capital extranjero en su propio terreno, o inmigrantes porque han tenido que abandonar sus países por la falta de oportunidades.
La globalización ha creado ricos muy ricos, y pobres muy pobres. La inmigración, bajo la configuración mundial actual, es consecuencia de la misma y de las necesidades del capital, y sus protagonistas son personas con historias personales, humanas, que no han de ser estigmatizadas ni señaladas, pero tampoco justificadas. Nadie tiene que pedir perdón por ser inmigrante o justificar serlo en base a que trabaja mucho o acepta trabajos que nadie quiere. Las circunstancias que imperan bajo la organización social y económica actual han llevado a esas personas a la situación en la que se encuentran, y es desde ese punto y desde esa altura de miras desde la que se debe partir a la hora de hablar de ellos o de aplicar cualquier legislación que vaya a tener un impacto directo sobre sus vidas. La óptica de clase, las causas histórico-económicas y el análisis material han de estar siempre sobre la mesa y articularse con la humanidad y el tacto a la hora de tratar este asunto. Y cualquiera, en realidad.
