El discurso de odio racial, sustentado por la aporofobia, ha avanzado política, social y mediáticamente hasta tal punto que la regularización de personas migrantes impulsada por el Gobierno de España ha traspasado fronteras. La ola reaccionaria mundial ha alzado su voz racista y diversas personalidades de extrema derecha han proferido ataques contra una política que supone una ganancia mínima de derechos para un estrato poblacional. Esto significa que algo se ha hecho bien, pero ni mucho menos permite llenar de medallas un pecho vacío de acogida.

Algo más de medio millón de migrantes que ya residían en el país podrán ahora, si cumplen determinados requisitos, acceder a determinados derechos básicos, verán reducido el temor constante a la expulsión, podrán acceder de forma más sencilla a un trabajo o suscribir un contrato de alquiler. No obstante, aquellos que han seguido llegando y llegarán a partir de 2026 se encontrarán más hostilidad, especialmente en las violentas fronteras, donde el país considera suficiente lavarse las manos, o en los centros de ‘acogida’, más similares a cárceles.

"La regularización es muy necesaria y un éxito de las organizaciones sociales y los movimientos de migrantes; pero también es la constatación del fracaso de la normativa porque no debería ser necesarios procesos extraordinarios", expone Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), su valoración a ElPlural.com. "Se ha avanzado también en otras materias, como los procesos de arraigo, pero las leyes aún son muy mejorables", añade, instando a diseñar "mecanismos realistas". 

Abandono y violencia contra menores

El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch, apoyado en datos e investigaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras instituciones, es contundente en su análisis de España. Algunos aspectos han mejorados, pero muchos migrantes siguen sufriendo abusos y malos tratos incluso antes de su llegada, abandonados a su suerte en plena mar, donde parecen no importar los suficiente a las autoridades españolas. España, por ejemplo, colabora con las autoridades de Mauritania o Marruecos sin cuestionar la vulneración de derechos de los migrantes que las fuerzas de los países realizan y son de sobra conocidas.

"Existe una ausencia de vías legales y seguras de migración", apunta el director de CEAR. "El mecanismo legal es ficticio, pues la mayoría de los migrantes no pueden iniciar los trámites en su país de origen", insiste. Además, las alianzas de España con terceros países están saliendo caras a los migrantes. "Los procesos de externalización de fronteras hacen que las personas que necesitan protección internacional recurran a vías cada vez más peligrosas", zanja Valiente. 

De puertas para dentro el trato mejora, pero sigue suponiendo un maltrato. “Investigaciones documentaron los abusos que enfrentan las niñas y niños migrantes no acompañados en Canarias, como centros de acogida hacinados, fallos en los procedimientos de determinación de la edad, la ausencia casi total de evaluaciones individualizadas de sus necesidades de protección, dificultades para acceder a la educación y la falta de seguimiento al cumplir los 18 años”, expone el informe. En Ceuta y Melilla, donde la llegada es a pie, la cosa no mejora.

“Muchas personas se encontraron con obstáculos para presentar solicitudes de asilo una vez en Ceuta y, durante los primeros cinco meses de 2025, solo una pudo solicitar asilo en un puesto fronterizo”, apuntan las investigaciones. Asimismo, destaca que organizaciones de la sociedad civil alertaron de que “solicitantes de asilo marroquíes en Melilla se quedaron en la calle, en situación de desamparo y sin acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, sin posibilidad de presentar solicitudes de protección”.

La proliferación de discursos de extrema derecha afecta también a las personas migrantes, que sufren violencia física, verbal, administrativa y de todo tipo a diario, como pudo verse con espacial magnitud en Murcia, algo que no se le escapa a Human Rights Watch. “El racismo, la extrema derecha y la xenofobia contribuyeron a altercados en julio en Torre-Pacheco, donde grupos de vigilancia atacaron a personas percibidas como extranjeras”, denuncian. “Grupos de vigilancia atacaron a personas percibidas como extranjeras”, exponen, lamentado esta “incitación a la violencia antimigrante”.

El peligro de basarlo todo en lo económico

La migración no debe medirse como una variable económica, si bien afecta a esta, ni las personas que se ven inmersa en ella se tratadas como mera mano de obra, aunque formen parte de las dinámicas laborales. Vidas que huyen del terror o buscan mejorar su situación y que, de sobrevivir al tortuoso camino, se encuentran con el rechazo frontal de unos y la acogida interesada de otros. “La primera razón por la que hemos aprobado la regularización es moral”, defiende ahora Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Un cambio de discurso acertado, pero que no opaca que, hasta hace semanas, su formación aludía a las aportaciones al IRPF y al sustento de las pensiones de ‘los nacionales’ para defender las tesis de acogida. Alguna voz de peso todavía insiste en este argumentario. Y es cierto que en término económicos tanto la regularización como la inclusión social de la población migrante es beneficiosa, pero sustentar políticas de acogida en su aporte monetario deja la puerta abierta a la proliferación discursos favorables a la purga en momentos de crisis: “No hay servicios/trabajo para todos”.

El Gobierno de coalición corre el riesgo de empujar al espacio progresista, al que dice pertenecer, a unos volteos de tortilla futuribles. Porque la macroeconomía no siempre irá bien, por el mero cambio de tendencias capitalistas, ni sustentará discursos, como se está pudiendo ver con el caso de la vivienda. La educación, por el contrario, sí permea en las generaciones y es ahí donde se debe insistir para combatir el odio. Y en la ganancia de derechos y poder adquisitivo de las clases trabajadoras que día a día conviven en multiculturalidad, dicho sea de paso.

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