La aprobación definitiva de la ley de amnistía es el final de una larga etapa de medidas paliativas emprendidas por los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez para restañar las profundas heridas originadas por los excesos judiciales y el gobierno del PP entre los responsables del fracaso del Procés independentista. Primero fueron los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo, luego la modificación del Código Penal para finiquitar el delito de sedición y finalmente la ley orgánica del perdón, un concepto que incomoda a los propios beneficiados que la consideran más bien un acto de reconocimiento de la represión estatal.

Estas medidas paliativas, sin embargo, no atacan las causas del conflicto político catalán, tan solo pretenden neutralizar las consecuencias políticas y personales del choque entre el secesionismo y el estado vivido en 2017. El alto riesgo político asumido por los socialistas en general y Pedro Sánchez en particular al aprobar esta serie de medidas de gracia se supone que persigue la creación de unas condiciones más favorables para enfrentar el viejo problema del encaje de Catalunya en la España plural, además de asegurar la gobernación del Estado por una coalición progresista, que no es poca cosa. Hay que suponer pues también, que ha llegado la hora de formalizar la propuesta por parte del PSOE y el PSC, más allá de la voluntad de reconciliación entre catalanes defendida por Salvador Illa y refrendada por Sánchez.

El hecho de que el final de la etapa paliativa coincida con la pérdida de la mayoría parlamentaria del independentismo y la posibilidad de un gobierno minoritario del PSC, seguramente un efecto trascendental de dicho período, permite creer que la ventana de oportunidad que se abre para Sánchez e Illa es suficientemente amplia como para no dejarla escapar. La pregunta es obvia, ¿qué solución pueden proponer los socialistas para contrarrestar seriamente el maximalismo del independentismo, satisfacer la ambición nacional de los catalanes y garantizar la unidad de la España plural?

Las medidas que habitualmente manejan el PSC y el PSOE en los últimos tiempos (incrementar la financiación de la Generalitat, asegurar el futuro del catalán, aumentar las inversiones, etc, etc) permitirán saldar, sin duda, algunos de los déficits crónicos de la relación autonómica entre Estado y Generalitat. Sin embargo, apostar por este paquete de mejoras operativas, largamente reivindicadas, como toda respuesta a las aspiraciones catalanas de un mejor encaje institucional podría resultar claramente insuficiente a medio y largo plazo. Más pronto que tarde, los socialistas deberían situar en primer plano el proyecto federal-federal, dando por concluida la época de las evoluciones federalizantes del autonomismo y preparándose para la batalla constitucional inevitable.

En estas semanas de negociones cruzadas entre PSC-ERC-Junts, con los partidos independentistas tocados pero no hundidos, muy probablemente la prioridad no es conocer la proposición de los socialistas para atacar la raíz del problema catalán, ni tampoco reeditar el catálogo de propuestas soberanistas ya frustradas, sino asegurar respuestas a aquellos déficits crónicos. Naturalmente los socialistas quieren también despejar el camino de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat y para ello cuentan básicamente con ERC.

La llave la tiene Oriol Junqueras, el antídoto natural de Carles Puigdemont, por muchas razones, pero especialmente por su carácter de dirigente progresista. Muchas veces se la ha querido negar a Junqueras y a los republicanos su condición de partidos de izquierdas, sin embargo, el presidente de ERC ha materializado su apoyo a los sucesivos gobiernos liderados por Sánchez, soportando por ello las críticas feroces de Junts, que al final, primordialmente por la amnistía, también han acabado por sumarse a la mayoría parlamentaria del PSOE.

La eventual alianza de izquierdas en Catalunya, sea desde el gobierno (muy complicado en una primera etapa para ERC), sea desde el Parlament, requiere, en primera instancia, que los republicanos sean capaces de enterrar el fantasma de las consecuencias y los miedos que les acarrearon los primeros tripartitos. Y esta premisa, probablemente solo la puede gestionar Junqueras, desde el imperativo de defender una política de progreso para Catalunya.