Gracias a la Ley General de Sanidad aprobada en 1986, en España tenemos desde hace veinticinco años un sistema público de salud superior al de muchas naciones europeas y que sin duda alguna es muy superior al sistema sanitario público de los Estados Unidos y de otros grandes países desarrollados, que no pasan de ser unas simples formas de beneficencia, no de unos auténticos derechos sociales reconocidos a todos los residentes en nuestro país, incluso a aquellos que no contribuyan ni hayan contribuido jamás a engrosar las arcas de nuestra Seguridad Social.

Veinticinco años después de la aprobación por las Cortes de la Ley General de Sanidad, en Cataluña estamos viviendo ahora su práctico desmantelamiento con los importantes recortes presupuestarios puestos ya en marcha por el nuevo Gobierno de la Generalitat presidido por el nacionalista Artur Mas en sus cuatro primeros meses de actuación, sin que ninguna de estos recortes, por cierto, figurase en el programa con el que CiU se presentó a las últimas elecciones autonómicas que terminaron con los siete años de gobiernos progresistas y permitieron a esta federación nacionalista recuperar el poder perdido en 2004, tras casi un cuarto de siglo de sucesivos gobiernos presididos por Jordi Pujol.

Estos recortes presupuestarios en materia de Sanidad, muy importantes no tan sólo cuantitativa sino sobre todo cualitativamente, han levantado ya multitudinarias protestas de los profesionales y usuarios del sector sanitario, incluso por parte del doctor Miquel Vilardell, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y asesor del president Mas en materia de sanidad.

Y es que estos recortes en los presupuestos de la Sanidad catalana, al igual que los anunciados por el nuevo Gobierno de la Generalitat en otras materias tan fundamentales en un Estado del bienestar como son la educación y la cultura, son la consecuencia natural de un Gobierno como el actual de CiU, que se autodefine como “business friendly” –esto es, amigable con las empresas- y que en perfecta congruencia tiene ahora como titular del Departamento de Sanidad a un profesional como Boi Ruiz, que hasta su nombramiento presidió la patronal privada de los hospitales catalanes y que ya se ha apresurado a invitar a todos los ciudadanos de Cataluña a darse de alta en alguna mutua privada de sanidad.

“El sistema sanitario no sólo no es un agujero de gastos, sino que genera una importante economía productiva y empleo de calidad, con un alto nivel formativo. El modelo sanitario de Catalunya es uno de los elementos clave del equilibrio territorial. Y la investigación y la innovación deben permitir que la salud sea uno de los sectores estratégicos de la economía catalana. Recortar sin modelo, indiscriminadamente, puede malograr resultados y salir más caro en el futuro”. Estas palabras, extraídas de un artículo publicado ayer en El Periódico de Catalunya por la socialista Marina Geli, que fue la consejera de Sanidad en los gobiernos de la Generalitat presididos por los también socialistas Pasqual Maragall y José Montilla, son toda una advertencia que su sucesor en el cargo, así como el president Artur Mas, no deberían dejar caer en saco roto. Para ello, no obstante, deberían olvidarse del “business friendly” y pasar a ser “citizens friendly” –es decir, amigable con los ciudadanos. Si no fuese así, como escribía Xavier Fabrés recientemente en Público, viviríamos “la segunda muerte de Ernest Lluch”.

Jordi García-Soler es periodista y analista político