Lo tengo repetidamente escrito: por muy distante y distinto sea mi modo de ser y de pensar del de la dirigencia y militancia de la CUP, he respetado en todo momento su coherencia, mantenida casi siempre, a pesar de alguna que otra concesión a mi manera de ver poco o nada entendible, justificada en estas contadas excepciones por aquello de “todo por la patria”, aunque nada tenga que ver su patria con la aludida en el lema de la Guardia Civil.
Un nuevo ejemplo de la coherencia política de la CUP nos ha llegado ahora de la mano de una de sus exdiputadas en el Parlamento de Cataluña, la aranesa Mireia Boya, en su reciente comparecencia en el Tribunal Supremo ante el magistrado Pablo Llarena. A diferencia de lo hasta ahora declarado por la práctica totalidad de los restantes dirigentes secesionistas comparecientes en el Supremo, esta exdiputada de la CUP rechazó que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) realizada por la cámara autonómica catalana tuviera un carácter simplemente simbólico. Para Mireia Boya -como para tantos y tantos miles de ciudadanos catalanes que quisieron creer que se trataba de una verdadera proclamación pública y oficial de independencia, aunque lo cierto es que no fue más que una especie de brindis al tendido, sin ningún tipo de consecuencias- la declaración aprobada en voto secreto y en urna con el único apoyo de la mayoría absoluta separatista del Parlamento catalán fue, en puridad, una auténtica proclamación de independencia de Cataluña. Aunque es evidente que aquella declaración parlamentaria no tuvo ningún tipo de efecto: ni tan siquiera se llegó a arriar la bandera española en la sede oficial de la Generalitat, ni tan solo llegó a publicarse dicha declaración en el “Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya” ni tampoco en el “Diari Oficial de la Generalitat”… Y al cabo de muy pocos días, con graves tensiones entre unos y otros sectores separatistas, lo ciudadanos catalanes nos encontramos con que habíamos pasado de una supuesta preindependencia a una muy real preautonomía, de la mano de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La única de las formaciones independentistas que no tiene a ninguno de sus dirigentes o militantes encarcelado, a diferencia de lo que les ocurre tanto a ERC como al PdeCAt
La coherencia política de la CUP ha vuelto a quedar muy clara. Una vez más esta coherencia no ha comportado ningún tipo de medida contra la CUP, la única de las formaciones independentistas que no tiene a ninguno de sus dirigentes o militantes encarcelado, a diferencia de lo que les ocurre tanto a ERC como al PdeCAt, así como a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y a Òmnium Cultural. Por no tener, la CUP tampoco tiene a ninguno de sus dirigentes o militantes huidos de la justicia española, como les sucede también tanto al PdeCat como a ERC.
No obstante, la coherencia política de la CUP, que sin duda alguna tiene algún mérito, puede tener consecuencias muy negativas para los dirigentes políticos y sociales secesionistas que siguen en una incomprensible -y a mi modo de ver, injustificada e injusta- situación de prisión preventiva provisional desde hace ya muchos, demasiados meses, así como para quienes siguen huidos de la justicia española, en Bruselas. Esta coherencia “cupaire” contrasta con las vergonzosas y vergonzantes declaraciones realizadas en sede judicial por otros investigados en la misma causa, comenzando por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer o por el exjuez y exsenador Santiago Vidal, pero sin olvidar a tantos otros, como la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, algunos de quienes fueron sus compañeros en la mesa de dicha institución y gran parte de quienes formaron parte de los últimos gobiernos de la Generalitat, que han recurrido al popular dicho del “donde dije digo, digo Diego”.
